Cinco años después de la aprobación de la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor se ha constituido por fin el Consejo del Mar Menor, el órgano de participación social previsto en su artículo 7. El Consejo está integrado por representantes de los tres niveles de la administración, de la sociedad civil y del Comité Científico, a partes iguales.
Las organizaciones ecologistas y plataformas ciudadanas, que forman parte del nuevo órgano, han celebrado su puesta en marcha, aunque no ocultan su malestar por el retraso: “Es incomprensible que hayan tardado casi cinco años en constituir un órgano tan básico. Esperamos que no sea solo decorativo y cumpla su función de promover medidas efectivas y urgentes”, han declarado tras la reunión.
En el acto de constitución, el director general del Mar Menor presentó un informe sobre el estado de la laguna salada. Según los datos ofrecidos, los parámetros coyunturales como el oxígeno disuelto, la turbidez o la concentración de clorofila se encuentran en niveles aceptables. Pero tanto el ámbito científico como las organizaciones sociales insisten en que eso no basta.
“Los datos superficiales no reflejan la salud real del ecosistema”, afirman. Por ello, reclaman una evaluación más profunda, basada en indicadores estructurales como la cobertura de fitobentos (plantas acuáticas en el fondo) o la situación de las pesquerías, para comprender de forma más precisa el verdadero estado ecológico del Mar Menor.
Además, exigen la aprobación inmediata del reglamento de pesca profesional y un análisis riguroso de la evolución del sector pesquero como termómetro del ecosistema.
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Agua depurada que no se reutiliza
Uno de los puntos más críticos fue el relativo al uso del agua regenerada para riego. A pesar de las inversiones realizadas con fondos europeos para modernizar las estaciones depuradoras (EDARs), estas aguas apenas se están reutilizando. La administración y las comunidades de regantes lo achacan a la alta salinidad, provocada por infiltraciones del freático y vertidos no controlados. Mientras tanto, la EDAR Mar Menor Sur sigue vertiendo al Mediterráneo a través de un emisario roto, a escasa distancia de la orilla.
El incumplimiento de la Ley del Mar Menor
El mayor enfrentamiento se produjo en torno al informe de cumplimiento de la Ley 3/2020. Mientras que la administración asegura que se está ejecutando el 75% de la norma, las organizaciones lo desmienten tajantemente. “Lo que no se está cumpliendo es precisamente lo más importante: la ordenación del territorio, la reducción de nitratos y la prevención de la erosión. Sin eso, no hay solución real”, advierten.
Reclaman que el informe no se limite a enumerar planes aprobados, sino que evalúe el nivel de ejecución y la eficacia de las medidas: “¿Qué se ha hecho de verdad? ¿Y qué resultados ha tenido? Esa es la única forma de saber si se está actuando con coherencia”.
También echan en falta un análisis de los expedientes sancionadores, que permita detectar patrones, puntos críticos y posibles cuellos de botella en el cumplimiento normativo.
Las organizaciones alertan de que la aparente mejoría en algunos indicadores puede ser engañosa. “Si no se actúa sobre las causas -fertilizantes, escorrentías, urbanismo descontrolado-, volveremos a ver episodios de colapso como la sopa verde o la anoxia con miles de peces muertos”, sentencian.
“Actuar sobre los síntomas no basta. Si no vamos al origen, volveremos al desastre”, concluyen.Por último, las organizaciones piden que se aclare el procedimiento de proposición de puntos a debatir en el orden del día de las reuniones del Consejo del Mar Menor con el fin de promover medidas y actuaciones.