La Región de Murcia debería contar con 195 plazas más para menores migrantes no acompañados si se atendiera únicamente al criterio de población. Así lo establece la hoja de ruta presentada por el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, en la última Comisión Sectorial con las comunidades autónomas.
Según el documento, elaborado a partir de los datos remitidos por los gobiernos regionales, se calcula que cada territorio debería tener una capacidad de 32 plazas por cada 100.000 habitantes para acoger a estos menores en situación de vulnerabilidad. En el caso de la Región de Murcia, eso se traduce en 504 menores, pero actualmente solo hay 309 bajo tutela del sistema autonómico.
“Es perfectamente asumible por los presupuestos y las políticas públicas de cualquier comunidad autónoma”, defendió Pérez tras la reunión. La Región de Murcia no es una excepción: prácticamente todas las comunidades (salvo Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) están por debajo del umbral que les correspondería si el reparto se hiciera exclusivamente en base a su peso poblacional.
El mapa de la desigualdad
Los datos del Ministerio revelan un sistema desigual y tensionado. Canarias, por ejemplo, acoge a 5.566 menores, cuando por población le corresponderían solo 718. Es decir, tiene 4.848 más de los que marca su “capacidad ordinaria”. En Ceuta, la sobrecarga es aún más desproporcionada: 526 menores frente a los 27 que debería tener.
También Melilla (193 frente a 28) y Baleares (622 frente a 396) se encuentran muy por encima de su cupo estimado, una situación que, según el Ministerio, justifica la declaración de “contingencia migratoria” en estos territorios.
En el otro extremo, varias comunidades autónomas deben ampliar significativamente su red de acogida. La lista la encabezan Andalucía (1.378 plazas menos de las que debería), seguida de Comunidad Valenciana (1.216), Galicia (620), Castilla y León (565), y así hasta completar un mapa nacional que evidencia la falta de corresponsabilidad real.
Transferencias inminentes
Con más de 15.000 menores migrantes no acompañados tutelados por el sistema de protección en España, el Gobierno quiere reorganizar la carga y activar un Real Decreto para contingencias migratorias. En la práctica, esto significará el traslado de unos 4.400 menores este verano, desde las comunidades desbordadas hacia otras que no han cubierto su cupo, entre ellas, la Región de Murcia.
Además, el Ejecutivo ha exigido a algunas comunidades la corrección de los datos aportados, al considerar que no se ajustan a lo solicitado. “Si pedimos el número de menores atendidos, no se puede responder con el grado de saturación del sistema”, apuntó Pérez, en alusión a regiones como Madrid y Cantabria.
En el caso de Aragón, que no ha remitido cifra alguna, el Ministerio ha tenido que recurrir a los registros del Ministerio del Interior, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las competencias en este ámbito.
El modelo propuesto no se limita al criterio de población. De cara a los traslados, se tendrán también en cuenta factores como la renta per cápita, el esfuerzo previo de cada comunidad, y los niveles de desempleo. Pero, según Pérez, todo debe partir de una base: “La piedra angular es saber cuál es la capacidad ordinaria de cada sistema”.
La Región de Murcia, con 195 plazas menos de las que le corresponderían, deberá decidir si está dispuesta a asumir su parte.