La Asociación Ecologistas en Acción ha presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), a quien acusa de permitir durante más de veinte años un abuso continuado del dominio público hidráulico en el río Turrilla, en el término municipal de Lorca.
La acción judicial se interpone tras la presunta desestimación por silencio administrativo de la petición formulada por la asociación ecologista en 2021 y reiterada en 2023 para que se declarase la caducidad de la concesión de aguas subterráneas otorgada a la empresa Explotaciones El Francés S.L. y a María Rosario Carreño Marín, inscrita en el Catálogo de Aguas Privadas, Tomo 6, Hoja 1135.
Según el relato detallado de hechos aportado en el escrito por el abogado, José Manuel Muñoz, la empresa habría incumplido de forma sistemática y prolongada las condiciones impuestas por la CHS, llegando a apropiarse de la totalidad del caudal del río mediante la construcción de un muro transversal que actúa como presa, bloqueando el paso natural del agua y desviándola hacia embalses privados. Todo ello, sin instalar un contador volumétrico homologado durante casi dos décadas y sin garantizar el más mínimo caudal ecológico.
Una concesión viciada desde el principio
La concesión actual tiene su origen en un permiso de captación de agua otorgado en los años 50, que fue actualizado en 1986 con la entrada en vigor de la Ley de Aguas, y renovado por 50 años. En 2001, tras un cambio de propiedad, el aprovechamiento pasó a figurar a nombre de Juana Carreño González-Calero, María Rosario Carreño Marín y la sociedad El Mingrano S.A., con una dotación anual de 126.012 m3 para riego en una superficie de 286 hectáreas.
En 2003 se tramitó un nuevo cambio de titularidad, esta vez a favor de Explotaciones El Francés S.L.. Fue en ese momento cuando se detectó un cambio de uso no autorizado: parte del agua estaba siendo empleada para ganadería (granja porcina y ovina) sin contar con la modificación correspondiente en la concesión.
Pese a que la CHS dictó una resolución en 2009 dando un plazo de tres meses para legalizar el cambio de uso, la empresa no lo hizo hasta 2010. Finalmente, en 2014 se autorizó formalmente la modificación del uso del agua, dividiéndola en dos fines: 74.547 m3/año para riego y 51.465 m3/año para uso ganadero.
La autorización fue otorgada con condiciones claras y obligatorias, entre ellas la instalación de un contador volumétrico que midiera el agua captada. Esa obligación, clave para controlar los recursos hídricos, jamás se cumplió hasta el año 2022, según certifican varios informes de la propia CHS, que fueron incorporados a la demanda.
Un río cortado por la mitad
Pero la falta de control no es el único problema. El hecho más grave denunciado por la asociación es la transformación ilegal de un pequeño azud tradicional en una presa de hormigón que corta por completo el cauce del río Turrilla. Esta modificación, realizada por Explotaciones El Francés tras hacerse con la finca en 2002, impide el paso del agua río abajo, lo que ha provocado una alteración drástica del ecosistema.
Ecologistas en Acción documenta con informes, fotografías, ortofotos y testigos cómo, desde ese momento, la totalidad del agua es retenida y derivada a depósitos propios, dejando el cauce completamente seco en los tramos inferiores. Árboles que formaban parte del bosque de ribera han muerto por falta de agua, las zonas húmedas se han desecado y el puente histórico sobre el río ha quedado sin agua bajo sus arcos.
Terminación del tubo que devuelve el agua al río: se observa que no sale ni gota de agua
En una paradoja visual demoledora, las imágenes aportadas muestran cómo, hasta el muro de la presa, el cauce aparece verde y lleno de vegetación, mientras que a partir del dique todo es tierra seca y árida.
Años de requerimientos ignorados
La CHS requirió hasta en tres ocasiones -en 2014, 2020 y 2022- la instalación del contador obligatorio, sin que la empresa diera cumplimiento a ninguna de ellas. Incluso se llegó a señalar en un informe oficial que sería necesario recurrir al auxilio judicial para forzar su cumplimiento.
Cuando finalmente se instaló el contador en julio de 2022, la solución fue fraudulenta, según la demanda: el contador se colocó dentro del cauce, sin retirar la presa, y con una doble tubería: una que conduce el agua hacia el contador, y otra, perpendicular, que supuestamente la devuelve al río. En la práctica, todo el caudal sigue siendo captado por la empresa y conducido a sus balsas, sin que se garantice el retorno al cauce.
El 2 de junio de 2023, después de fuertes lluvias, Ecologistas en Acción grabó un vídeo -aportado como prueba- en el que se aprecia con claridad que todo el agua del río era absorbida por la infraestructura privada de El Francés S.L., mientras que el tubo que debía devolver parte del caudal al río no expulsaba ni una gota.
Grave impacto ambiental
Según Ecologistas en Acción, los hechos suponen no solo un cúmulo de infracciones sancionables según la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001), sino una violación flagrante del interés general y de la normativa ambiental. Señalan como infracciones el uso de agua sin contador, el cambio de uso no autorizado durante once años, el daño al dominio público hidráulico y el corte del cauce fluvial mediante una obra no autorizada.
Además, consideran que no puede aceptarse como solución una “regularización a posteriori” de estos incumplimientos, tal como sugieren que se ha venido permitiendo de facto por parte de la CHS. La única salida legal es, afirman, la caducidad de la concesión, como prevén los artículos 53 y 66 de la Ley de Aguas para casos de uso abusivo o contrario a los fines autorizados.
En el apartado de pruebas, la demanda solicita que comparezcan como testigos varios altos cargos técnicos de la CHS: el Comisario de Aguas, la jefa de Aforos y Control, y responsables del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico.
Un juez abrió diligencias de investigación penal
Ecologistas en Acción inició también la vía penal, presentando una denuncia contra Explotaciones El Francés S.L. y contra responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por presuntos delitos contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio.
La organización ecologista considera que la inacción prolongada de la CHS, pese a los reiterados informes técnicos y denuncias desde 2019, podría constituir un supuesto de prevaricación por omisión, al haber permitido que la empresa desviara de forma sistemática todo el caudal del río Turrilla sin respetar el cauce natural ni garantizar un caudal ecológico mínimo.
Tras la denuncia, el juzgado imputó al comisario de la CHS por la desecación del río Turrilla en Lorca.
García Garay y otro directivo han declarado por su presunta pasividad ante la captación irregular de caudales para granjas por parte de una empresa. Como era de prever, García Garay rechazó ante el juez que permitiera extracciones ilegales en el Turrilla por parte de un ganadero. El juez encargado del caso ha pedido informes para detallar el volumen extraído de forma ilegal para abastecer cebaderos y los daños al caudal, la fauna y la flora en las Tierras Altas de Lorca.
Cuestionable modelo de gestión del agua
Para la organización ecologista, el caso del río Turrilla representa una metáfora cruda del modelo de gestión del agua en muchas zonas del sureste peninsular: concesiones opacas, escaso control, apropiación privada de recursos públicos y destrucción ecológica en nombre de la rentabilidad.
Ahora, con esta demanda vía contencioso administrativo exigen no solo que se repare el daño causado, sino que se restablezca el flujo natural del río, se derribe la presa ilegal y se pongan límites reales al poder de quienes gestionan el agua como si fuera de su propiedad exclusiva.