Murcia aprieta el cinturón, pero solo el de los ciudadanos. Mientras los murcianos hacen malabares con las últimas subidas de impuestos -como el incremento del IBI y de tasas municipales que afectan directamente a familias, autónomos y pequeñas empresas-, el Ayuntamiento que preside José Ballesta destinó más de 340.000 euros a medios de comunicación en 2024, en concepto de suscripciones, publicidad y patrocinios institucionales.
Entre los beneficiarios de esta generosa estrategia de comunicación pública destaca, con no poca polémica, OK Diario, el medio de Eduardo Inda, que recibió 17.545 euros del erario murciano por un espacio llamado «Patrocino La Hora de Murcia». Un título que suena a eufemismo de “campaña encubierta” más que a periodismo.
Y no es el único. Según el listado de contratos menores del Ayuntamiento de Murcia, también se pagaron:
- 165.627 euros a La Verdad, del grupo Vocento.
- 54.370 euros a Radio Murcia SER.
- 36.281 euros a COPE Murcia.
- 29.278 euros a La Opinión.
- 18.143 euros a la autonómica 7RM.
- 11.855 euros a Radio Televisión del Sureste.
- 2.301 euros a Onda Cero.
- 2.420 euros a El Diario Región de Murcia
- y hasta 1.681 euros al diario Marca, para completar la ronda.
En total, una lluvia fina -pero constante- de fondos públicos hacia medios de comunicación, muchos de ellos reconocidos por su profesionalidad, sí, pero también otros claramente alineados con intereses ideológicos o políticos concretos. ¿Pluralismo o clientelismo?
El caso de OK Diario es especialmente escandaloso. No solo por su historial de desinformación sistemática, sino porque acumula condenas judiciales por vulnerar derechos fundamentales. ¿Y este es el medio al que Ballesta decide pagar con dinero de los murcianos?
En un país donde los tribunales han sentenciado que determinados medios de comunicación han mentido, vulnerado derechos fundamentales y difundido noticias falsas, cabría esperar que las instituciones públicas evitaran premiarlos con fondos públicos. Pero la realidad es otra. A pesar de múltiples condenas judiciales, medios como Ok Diario siguen recibiendo cuantiosas sumas a través de campañas institucionales, publicidad pública y convenios con administraciones.
Todo esto se produce en un contexto de subida de impuestos municipales que el propio equipo de gobierno justifica por la necesidad de «garantizar servicios públicos». Sin embargo, la prioridad parece ser otra: garantizar buena prensa.
La excusa habitual es la promoción de la ciudad. Pero, seamos claros: promocionar Murcia no es pagarle a Eduardo Inda con el dinero de todos. Ni tiene nada que ver con la transparencia que se espera de una administración pública. La línea que separa la comunicación institucional de la propaganda pagada se está borrando, y con ella, la credibilidad.
Mientras los barrios periféricos y pedanías claman por inversión y mejoras, el Ayuntamiento gasta en titulares favorables.
Y aún hay quien se pregunta por qué crece la desafección política. Quizá la respuesta esté en ese recibo del IBI que subió este año y en esa factura de 17.545 euros a nombre de OK Diario.