Emilio Serna, concejal de Familia en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas por el partido VOX, ha cobrado de una empresa adjudicataria de un contrato municipal en el que él mismo forma parte del equipo de gobierno que lo adjudicó. La polémica está servida.
Durante las fiestas patronales, el consistorio contrató a una empresa para organizar la tradicional suelta de vaquillas. Hasta aquí, todo en regla. El problema vino después: esa misma empresa contrató como director de lidia al propio Serna, en calidad de matador de toros. Es decir, el concejal fue contratado y remunerado por una empresa que, a su vez, fue contratada por su propio Ayuntamiento. Blanco y en botella: conflicto de intereses.
La situación ha levantado ampollas no solo en la oposición política, sino también entre muchos vecinos que empiezan a preguntarse si la gestión del gobierno local está marcada por la ética o por el compadreo.
¿Qué dice la ley?
El Grupo Municipal Socialista ha denunciado públicamente este hecho, señalando que el propio Emilio Serna reconoció en un pleno que cobró por el evento. Su portavoz, Francisco José Caravaca Bravo, ha recordado que la Ley de Contratos del Sector Público exige evitar cualquier conflicto de intereses durante todo el proceso de contratación. Y no es la única norma que puede haberse vulnerado. También se invoca la Ley de Transparencia, que obliga a los cargos públicos a actuar con objetividad e integridad, y a abstenerse de intervenir en asuntos donde puedan tener intereses personales.
“Cobrar de una empresa contratada por el mismo Ayuntamiento en el que uno gobierna no solo es legalmente cuestionable, sino absolutamente reprobable desde el punto de vista ético”, denuncia Caravaca. El argumento de que en el pueblo no hay otro matador de toros no cuela: “Siempre se han contratado profesionales externos al Ayuntamiento, como marca la ley”.
Y no es un caso aislado
La indignación no se limita al caso del concejal torero. La oposición denuncia también la contratación reciente de la sobrina del concejal de Comercio, en un proceso donde la entrevista personal puntuaba el doble que los méritos académicos. Y, por si fuera poco, señalan al alcalde Pedro José Noguera por haber obtenido un resultado “perfecto” en un proceso de selección para la Oficina Jurídico-Económica del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, una institución envuelta en polémicas por subvenciones presuntamente dirigidas a círculos afines al Partido Popular.
Clima de desconfianza
Los socialistas piden explicaciones urgentes y medidas inmediatas. Consideran que este tipo de actuaciones minan la confianza ciudadana y dejan en entredicho la integridad del gobierno municipal. “Las instituciones públicas no pueden convertirse en agencias de colocación para familiares y amigos”, reprochan desde la oposición.
El caso del concejal-torero no es solo una anécdota con tintes surrealistas. Es, según denuncian, un ejemplo más de cómo se difuminan las líneas entre lo público y lo privado cuando quienes gobiernan se sienten impunes.