El Consejo Económico y Social advierte: la Región de Murcia necesita una regulación más ambiciosa frente al juego

El dictamen avala el decreto del Gobierno regional que endurece el acceso a locales de apuestas, pero lo considera insuficiente para frenar la expansión del juego en zonas vulnerables

El Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia ha emitido un dictamen favorable al proyecto de decreto que modificará de forma sustancial la normativa autonómica sobre locales de juego y apuestas. Sin embargo, la aprobación viene acompañada de una seria advertencia: si no se actúa también sobre la proliferación y ubicación de estos establecimientos, las medidas previstas quedarán a medio camino.

“El nuevo decreto mejora el control, pero no frena la expansión del modelo”, sentencia el CES en un documento que pone el foco en una realidad cada vez más preocupante: la Región de Murcia presenta una de las mayores concentraciones de salones de juego por habitante de toda España, y buena parte de estos se encuentran cerca de centros educativos y en barrios empobrecidos. Todo ello mientras la edad de inicio en el juego sigue bajando y los casos de ludopatía precoz van en aumento.

La reforma llega tarde

El dictamen, fechado el 26 de mayo de 2025, evalúa un proyecto de decreto que modifica tres normas clave: el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar (Decreto 72/2008), el Reglamento de Apuestas (Decreto 126/2012) y el Decreto 8/2006 sobre el Registro de Prohibiciones de Acceso. El objetivo del Ejecutivo regional es endurecer los controles en salones de juego y locales de apuestas, homogeneizar el funcionamiento del registro de personas autoexcluidas y reforzar la protección de menores.

El CES considera acertadas muchas de las medidas propuestas. Entre ellas, la obligatoriedad de instalar servicios de admisión en todos los locales -no sólo en casinos y bingos-, la identificación previa de todas las personas que accedan a las instalaciones, incluso a zonas de cafetería, y la implementación de sistemas informáticos homologados para registrar los accesos. También valora positivamente la prohibición de publicitar cotizaciones de apuestas en el exterior, así como la retirada de rótulos con imágenes llamativas, personajes famosos o símbolos asociados al juego.

No obstante, el CES advierte de que estas mejoras llegan con retraso. Recuerda que el informe jurídico previo al decreto se elaboró en 2022, y que la consulta pública ciudadana se realizó incluso antes, en 2021. “No se ha justificado adecuadamente la demora en la tramitación”, lamenta el dictamen. En ese tiempo, las casas de apuestas han seguido extendiéndose por la geografía regional sin que se haya adoptado ni una sola medida efectiva de contención.

Silencio administrativo ante la ciudadanía

El CES también pone el foco en un elemento incómodo: la falta de respuesta institucional ante las numerosas alegaciones presentadas por entidades sociales y personas particulares durante la fase de consulta. “Llama la atención la práctica desestimación de todas las propuestas formuladas en esa fase”, denuncia. Muchas de esas alegaciones pedían ir más allá: limitar el número de licencias, establecer una distancia mínima real entre salones y colegios, prohibir la publicidad del juego en medios públicos o restringir la apertura de nuevos locales en zonas ya saturadas.

En lugar de recoger alguna de estas demandas, el Gobierno regional ha optado por centrarse en la parte técnica de la regulación: mejorar la identificación, reforzar la vigilancia y homogeneizar registros. Medidas necesarias, sí, pero que -según el CES- “no responden suficientemente al contexto social en que se aplican”.
Registro único y garantías jurídicas

Una de las claves del decreto es la creación de un sistema informático unificado que permita identificar a todas las personas que acceden a los salones de juego y cotejar sus datos con el Registro de Prohibiciones. Este sistema deberá registrar nombre, DNI, fecha de nacimiento, imagen facial y hora de entrada, y almacenar esta información durante seis meses, salvo requerimiento judicial o administrativo.

El CES valora positivamente este avance, pero exige garantías legales. En concreto, pide que se regule con claridad la confidencialidad de los datos, que se limiten estrictamente los accesos al registro a personal autorizado y que se asegure que las personas inscritas puedan revocar, ampliar o renovar su inscripción con facilidad. También sugiere que el sistema permita el acceso remoto a la información, para que la Administración pueda ejercer labores de inspección de manera más eficaz.

Costes sin evaluar, hostelería ignorada

Otra crítica significativa del dictamen apunta a la falta de evaluación económica del decreto. El CES echa en falta un estudio de impacto que calcule los costes que tendrán que asumir las empresas del sector para implantar los nuevos sistemas de control, adaptar sus fachadas o rediseñar sus espacios. En este sentido, considera “inadmisible” que no se haya consultado al sector hostelero, a pesar de que muchas cafeterías y bares están vinculadas -legal o físicamente— a salones de juego.

“El decreto les impone restricciones severas sin haberles dado voz”, denuncia el CES. En algunos casos, las exigencias podrían obligar a realizar obras o cambiar la orientación comercial del local. Una vez más, lo que se critica no es tanto el fondo de la medida como la forma de aplicarla, sin participación ni transparencia.

Parchear no basta

El dictamen concluye con una idea clara: el decreto supone una mejora, pero no es suficiente. “Su éxito dependerá de que se complemente con otras medidas estructurales que aborden el fenómeno del juego desde una perspectiva integral”, señala el CES. Limitar la publicidad, reforzar la supervisión o endurecer los accesos es positivo, pero si se mantiene intacto el mapa de salones de juego -concentrados en barrios empobrecidos y a escasos metros de colegios- el problema persistirá.

A corto plazo, los locales tendrán un plazo de 12 meses para implantar los nuevos controles de admisión y 2 meses para adaptar sus rótulos y publicidad exterior. A medio y largo plazo, el CES reclama voluntad política real para revisar la Ley del Juego y adoptar medidas valientes que desincentiven la expansión del sector y protejan eficazmente a los sectores más vulnerables.

El mensaje del dictamen es tan claro como incómodo: la Región de Murcia no necesita simplemente regular mejor el juego. Necesita empezar a desengancharse de él.

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