El Congreso de los Diputados debate este martes una proposición de ley que, sobre el papel, pretende blindar el Trasvase Tajo-Segura. Pero en realidad, no se vota una ley: se escenifica una maniobra política. La iniciativa, aprobada hace más de dos años en la Asamblea Regional de Murcia a instancias del Gobierno de Fernando López Miras, aterriza ahora en Madrid con una misión muy distinta a la legislativa: erosionar al PSOE murciano y dejar en evidencia a su secretario general, Francisco Lucas, que también es diputado nacional.
La jugada es vieja, pero eficaz. El PP utiliza una propuesta sin futuro parlamentario para poner al PSOE entre la espada y la pared. El grupo socialista, preguntado por RRNEWS, ha evitado anticipar su voto: «La dirección del PSRM, junto a la dirección federal, ha decidido que no habrá ningún pronunciamiento hasta que se aborde mañana en el Congreso de los Diputados. Tras la intervención de López Miras, el Grupo Parlamentario explicará su posición y el sentido de su voto en la Cámara» ha sido su única respuestas.
Pero lo cierto es que cualquier posición será utilizada políticamente por el PP: si vota en contra, será acusado de traicionar a los regantes; si vota a favor, de desautorizar a sus federaciones en Castilla-La Mancha y Cataluña; si se abstiene, de no tener postura.
Nada indica que Francisco Lucas vaya a romper la disciplina del grupo parlamentario. Pero el PP ya tiene la narrativa lista: se presenta como el único defensor del agua para el Levante y acusa al PSRM-PSOE de plegarse a los intereses del Gobierno central. Es un relato simple, efectivo y difícil de contrarrestar en una región como Murcia, donde el agua es un símbolo identitario más que un debate técnico.
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Podemos desmonta el teatro parlamentario
Frente a esta escenificación, Podemos ha optado por desmarcarse de lo que considera un paripé político. El diputado Javier Sánchez Serna ha sido tajante: su grupo se abstendrá porque la proposición “es papel mojado”. La considera extemporánea -“llega dos años tarde y justo antes de que se conozcan las nuevas reglas del trasvase”- y carente de sentido jurídico y político.
Pero además, Sánchez Serna ha aprovechado para arremeter contra el uso electoralista del agua que, según él, hacen tanto PP como PSOE. “Llevan años diciendo una cosa en Murcia y la contraria en Castilla-La Mancha o Cataluña”, denuncia. “En su guerra del agua han tomado a los agricultores como rehenes”.
Podemos insiste en una posición coherente: “Sí al trasvase siempre que haya agua trasvasable”, pero con la vista puesta en la realidad climática. “Ningún gobierno cerrará el trasvase. Lo cerrarán el cambio climático y la sequía”, ha dicho, recordando que en 2017 y 2018 -cuando gobernaba el PP- se paralizó por falta de recursos. Su propuesta: responsabilidad política y búsqueda de alternativas realistas a una infraestructura que, con el calentamiento global, “solo puede ir a menos”.
La guerra del agua como arma electoral
Lo que se vota este martes no cambiará nada en la gestión del Tajo-Segura. Pero sí marcará una línea de confrontación muy útil para el PP en clave regional ahora que López Miras acaba de anunciar que quiere repetir como candidato del PP y ve que VOX le come terreno en los sondeos.
La iniciativa no busca transformar la legislación hídrica estatal, sino reforzar una posición política: el PP como garante del trasvase y el PSOE como traidor al Levante. Una narrativa que, aunque simplista, cala con fuerza en el electorado murciano, donde el agua sigue siendo un tótem político.
Desde el Gobierno de López Miras insisten en que su propuesta pretende “blindar” el trasvase. Pero el término es más propagandístico que técnico. No existe mecanismo legal para garantizar de forma indefinida la transferencia de agua, ni siquiera desde una ley estatal. Todo depende de los caudales, de los informes de la Comisión Central de Explotación y de las reglas de explotación, que ahora están en revisión. Por eso, en realidad, esta proposición no blinda nada. Solo lanza un mensaje, y busca obligar a los demás partidos a retratarse.
Un Congreso convertido en plató de campaña
Con la vista puesta en futuras citas electorales, el PP convierte el Congreso en un escenario para reforzar su relato. No importan tanto los efectos jurídicos de la votación como los titulares del día siguiente. Y ahí es donde el PSOE murciano tiene más que perder. Con su secretario general expuesto en el Congreso y un Gobierno central que evita pisar el callo al presidente manchego Emiliano García-Page, la dirección del PSRM-PSOE se ve atrapada en una doble lealtad.
Mientras tanto, la ciudadanía asiste una vez más a la conversión del agua en munición política. Los problemas reales del trasvase -caudales ecológicos, sostenibilidad, modernización de regadíos, alternativas como la desalación, cambio cllimático- siguen sin abordarse con la seriedad que merecen. Y todo indica que, como tantas otras veces, el espectáculo será lo único que fluya con regularidad.
¿Qué se dice en Castilla La Mancha?
El PSOE de Castilla La Mancha exige a PP y VOX que se «retraten» ante la propuesta trasvasista de la Región de Murcia dado que «guardan silencio» ante un asunto clave como el agua. No se sabe qué votarán los diputados de PP y VOX en el Congreso por Castilla La Mancha.
Por su parte, el gobierno socialista de Castilla La Mancha insiste en que debe subirse la línea marcada en los 400 hectómetros cúbicos «de no desembalse» y afirma que para ello hay que modificar las reglas de explotación. El Gobierno de García Page exige al Gobierno de España que se inicien ya los trámites para la modificación de la ley.
Sentencias del Supremo obligan a establecer caudales ecológicos
La reforma de las reglas de explotación busca adaptar la gestión del trasvase a los nuevos caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Tajo, con el objetivo de garantizar un flujo mínimo de 7 m3/segundo en Aranjuez y 13 m3/segundo en Talavera de la Reina .
Las nuevas reglas contemplan una reducción progresiva de los volúmenes trasvasables, especialmente en los niveles 2 y 3, lo que podría suponer una disminución de hasta el 40% en las derivaciones hacia el Levante para el año 2027. Además, se eleva el umbral del nivel 1 de 1.300 a 1.600 hectómetros cúbicos, lo que restringe las condiciones para autorizar trasvases automáticos de 60 hm³ mensuales.
El Tribunal Supremo ha desestimado recursos presentados por Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, avalando la legalidad del Real Decreto 35/2023, que revisa los planes hidrológicos y establece un aumento progresivo de los caudales ecológicos del Tajo hasta alcanzar los 8,6 m3/s en 2027.
Varias sentencias del Tribunal Supremo refuerzan, por tanto, la necesidad de establecer caudales ecológicos vinculantes en el río Tajo para cumplir con los objetivos ambientales y legales. Y ello conlleva modificar la reglas de explotación del trasvase.
Aunque desde el Gobierno regional de Murcia afirman que las cantidades establecidas como caudales ecológicos «carecen de rigor técnico», estas no son arbitrarias: responden a estudios técnicos que buscan garantizar la buena salud ecológica del río Tajo. Su finalidad es mantener un régimen mínimo de agua que asegure el cumplimiento de la Direcitva Marco del Agua de la UE, que exige a los Estados miembros alcanzar el «buen estado ecológico» de todas sus masas de agua, la vida acuática y la biodiversidad del río y el funcionamiento del ecosistema fluvial (incluyendo vegetación, calidad del agua y dinámica sedimentaria).
Las cifras fueron propuestas por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), un organismo técnico del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Evidentemente, reducen la disponibilidad de agua para trasvasar al Segura. De ahí el conflicto político: Castilla-La Mancha los defiende como un mínimo necesario para salvar su río. Murcia y la Comunidad Valenciana los critican por su impacto sobre el regadío y el abastecimiento del Levante.