Algo huele a podrido en la gestión ambiental de la Región de Murcia, y no hablamos solo de los lixiviados del antiguo complejo industrial de ZINCSA. Un documento oficial fechado el 1 de marzo de 2025 y firmado por el Cabo 1º Jefe del PAPRONA (Patrulla de Protección de la Naturaleza) de Cartagena, al que ha tenido acceso RRNEWS, revela que la Guardia Civil no llevó a cabo ninguna actuación concreta tras recibir tres denuncias por correo electrónico entre los días 5 y 18 de marzo sobre la situación del vertedero de residuos peligrosos de Torreciega tras las intensas lluvias sufridas esos días.
El oficio está dirigido a Pedro Gálvez Calenco miembro de la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, y detalla el recorrido (más bien errático) que siguieron las denuncias. La conclusión es inquietante: no hubo respuesta efectiva ni actuación sobre el terreno por parte del SEPRONA.
Tres denuncias, tres despropósitos
La primera denuncia, enviada el 5 de marzo, fue trasladada al UPRONA (Unidad de Protección de la Naturaleza a nivel regional), que ordenó su remisión al Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena como ampliación de las Diligencias Previas 209/2020. Esa, al menos, llegó al juzgado. Pero de acción policial o medioambiental real, ni rastro.
Ese día denunciaron ante el Seprona que más de 41,5 millones de litros de agua contaminada con metales pesados habían sido arrastrados hasta la dársena del puerto de Cartagena tras las intensas lluvias desde el vertedero abandonado de Española del Zinc.
La segunda denuncia, del 14 de marzo, fue el ejemplo perfecto del caos administrativo: primero se ordenó dar cuenta al juzgado, luego se ordenó una inspección ocular, luego se anuló todo porque el caso pasaba al SEPRONA de Murcia. Resultado final: ninguna actuación ejecutada.
Los vecinos denunciaron que unos 2,5 millones de litros de agua cargados con lixiviados y residuos peligrosos se habrían infiltrado o escurrido desde el vertedero autorizado de residuos peligrosos de Española del Zinc, afectando al suelo, aguas subterráneas y canalizaciones hacia la Rambla del Hondón.
La tercera denuncia, del 18 de marzo, simplemente quedó sin respuesta. Se envió en varios correos —porque los archivos pesaban demasiado, según consta en el documento—, pero nunca se indicó cómo proceder ni se comunicó ninguna actuación.
Ese día, los vecinos denunciaron ante el Seprona de la Guardia Civil la extracción de sustancias peligrosas en la parcela de la antigua empresa Española del Zinc (ZINSA), con presencia de camiones y furgonetas dentro de la zona contaminada sin medidas preventivas como sistemas de lavado de ruedas lo que estaba provocando la dispersión de residuos tóxicos adheridos a los vehículos y la contaminación del aire, suelo y aguas de arrastre y escorrentía.
UPRONA de Murcia ordena informar, pero no actuar
El 31 de marzo, UPRONA de Murcia envió un correo electrónico indicando que debía informarse al denunciante de que las denuncias habían sido remitidas al juzgado. Eso es todo. Cierre administrativo. Ninguna instrucción sobre medidas preventivas, inspecciones o seguimiento. Nada.
El documento oficial que detalla todo este proceso, y que lleva el sello de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil, expone de manera descarnada un sistema que funciona a base de correos, órdenes contradictorias y, sobre todo, inacción.
Lo que evidencia el documento
- Falta de coordinación interna entre SEPRONA Cartagena, SEPRONA Murcia y UPRONA.
- Ausencia de inspecciones o respuestas operativas, pese a la gravedad de las denuncias (residuos peligrosos a cielo abierto, lixiviados, riesgo para la salud).
- Desatención institucional al denunciante, que tuvo que insistir por vía formal para saber qué había pasado con sus escritos.
Un muro de silencio frente a una bomba ambiental
Mientras el UPRONA y el SEPRONA de la Guardia Civil se enredan en su propia burocracia, la realidad en Torreciega sigue siendo la misma: millones de toneladas de residuos peligrosos a escasos metros de viviendas habitadas, sin sellado ni contención efectiva. Aves muertas, metales pesados en el aire, niños jugando en zonas contaminadas y un vecindario expuesto a sustancias tóxicas día tras día.
Este documento ha encendido todas las alarmas. Porque si así se gestiona una emergencia medioambiental reconocida judicialmente, ¿qué no pasará en los casos que no llegan a tener eco mediático?
Cuando la ciudadanía denuncia, lo mínimo que espera es una respuesta. Pero cuando el destinatario es un cuerpo especializado como el SEPRONA de la Guardia Civil y lo que se denuncia son posibles delitos ambientales graves relacionados con suelos contaminados, la falta de respuesta deja de ser una anécdota para convertirse en un escándalo.