La bahía de Portmán es una herida abierta en el litoral murciano, pero también una metáfora política de cómo se puede construir una narrativa de confrontación sobre toneladas de residuos tóxicos. Ahora, el Ayuntamiento de La Unión -gobernado por el PP- ha encendido la mecha de una movilización popular contra el proyecto del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), exigiendo la retirada de los estériles mineros y la restauración de la antigua línea de costa. La ciencia, sin embargo, lo descarta al considerarlo técnica y legalmente inviable. Pero eso, en este escenario, parece importar poco. Los intereses políticos marcan el paso.
El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata (PP), lidera una ofensiva contra el plan del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que plantea sellar los residuos y no dragarlos. Con frases como “devolver al mar el lugar que siempre ocupó”, ha logrado arrastrar no solo a su partido, sino también al PSOE local, respaldado por la dirección regional del PSOE a una moción unánime del Pleno del Ayuntamiento para exigir la retirada de los estériles.
El calendario de movilizaciones arranca el domingo 27 de abril con una manifestación en La Unión. En mayo está prevista otra protesta en la Delegación del Gobierno en Murcia, y posteriormente, una delegación viajará a Madrid y a Bruselas para llevar la causa ante el Parlamento Europeo. Zapata ha anunciado también que ha iniciado contactos con eurodiputados del Partido Popular Europeo
«Lo que plantea Zapata es una locura»
“Lo que plantea el alcalde de La Unión es una locura a todos los niveles”, resume José Matías Peñas, experto en suelos contaminados y una de las voces más respetadas en el campo de la gestión de residuos peligrosos. «Y cuando lleguen a Bruselas con esta propuesta, se van a encontrar con una zapatilla porque la UE ya ha emitido recomendaciones claras sobre la gestión de residuos peligrosos. Nadie en su sano juicio, ni en Francia, ni en Bélgica, ni en Alemania, firmaría algo así. Es un despropósito”.
En entrevista con RRNEWS, su diagnóstico no deja lugar a dudas: “Lo que se propone en Portmán desde el PP es manipular residuos que están ahora en un estado de equilibrio geoquímico. Al moverlos, se oxidan, se transforman, y se vuelven aún más tóxicos. Como un clavo que compras nuevo y dejas al aire: se oxida. Pero esto no es un clavo, son 57 millones de toneladas con metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, zinc o mercurio. El daño ambiental sería incalculable.”
Escucha aquí la entrevista al investigador Matías Peñas:
El dragado no solo liberaría esos contaminantes al agua, sino que activaría procesos químicos que los harían más solubles, más móviles y más peligrosos para la vida marina, la salud pública y los ecosistemas protegidos de la costa cartagenera.
“Hablamos de residuos peligrosos, no de arena. No se pueden manipular sin liberar metales pesados en formas solubles, mucho más tóxicas. No se pueden llevar a ninguna corta minera cercana porque ninguna cumple con los criterios legales. Y los vertederos más cercanos están a cientos de kilómetros”, resume.
Los cálculos logísticos son colosales: miles de camiones durante años para trasladar materiales que no caben en ningún vertedero autorizado sin un tratamiento previo. “Quieren dragar un infierno químico y moverlo a ningún sitio. Lo que proponen es una farsa con forma de pancarta”, zanja Peñas.
«Generar confrontación»
“Aquí hay una operación clara: generar confrontación con el Gobierno central y disfrazarla de reivindicación vecinal. Pero los vecinos no tienen toda la información. Están siendo manipulados con una idea que no se puede ejecutar. Ni técnica ni legalmente”, advierte Matías Peñas.
El alcalde de La Unión no recibe al colectivo vecinal Portmán Vivo
De hecho, no todos los vecinos comparten el discurso oficial. Y algunos colectivos ciudadanos ya han mostrado su desconcierto ante la unión de los dos grandes partidos en una propuesta que ni la comunidad científica ni los expertos en derecho ambiental avalan.
El Ayuntamiento de La Unión no quiere recibir al colectivo vecinal Portmán Vivo que apuesta por un entorno limpio y saludable que acompañe a la renaturalización de la bahía. «Nosotros pedimos una regeneración eficiente y rápida» dice Maleni Lorenzo que sí ha logrado reunirse con técnicos del Ministerio de Transición Ecológica y con el propio Secretario de Estado, Hugo Morán, a quien entregaron 1.500 firmas para que se ejecute la denominada alternativa mixta. «Nos preocupa mucho el lavadero Roberto y las balsas tóxicas existentes que no están dentro del proyecto que ha presentado el ministerio y que son tóxicas y muy contaminantes».
Universidad de Barcelona: «El dragado causaría una alta toxicidad»
Los investigadores Josep Roqué-Rosell y Miquel Canals, de la Universidad de Barcelona, realizaron una campaña oceanográfica para estudiar los sedimentos del fondo marino de la bahía. Concluyeron que remover los residuos liberaría metales pesados actualmente estabilizados por procesos bacterianos.
“No tocar esos sedimentos es probablemente la opción más segura desde el punto de vista ambiental”, sostiene Roqué-Rosell, quien subraya el riesgo de dispersión de arsénico a la columna de agua si se actúa sobre ellos. “El arsénico permanece inmovilizado en los sedimentos por la acción bacteriana. Moverlo significaría disparar su toxicidad. No tocar los residuos es la opción más sensata”, advierte Roqué-Rosell.
Sus advertencias vuelven a ser ignoradas por PP y PSOE de La Unión que prefieren agitar banderas antes que asumir verdades incómodas.
Vertederos imposibles, peligros reales
Matías Peñas va más allá: no existe en la Región de Murcia ningún lugar legalmente apto para depositar los residuos extraídos de la bahía. Las cortas mineras de la Sierra no cumplen la normativa. Están demasiado cerca de núcleos urbanos, acuíferos, zonas Natura 2000 y espacios sensibles.
«Ni la Corta Tomasa, ni San José, ni ningún otro hueco minero puede ser usado como vertedero de residuos peligrosos según el Real Decreto que regula su eliminación”, afirma. “Y los vertederos más cercanos -Huelva, Cuenca, Castellón— están a cientos de kilómetros. Hablamos de miles de camiones durante años para mover millones de toneladas. ¿Alguien cree que eso es viable?”
Además, la carga legal es altísima. Cualquier político que firme una autorización para ejecutar un dragado que provoque un daño ambiental podría estar incurriendo en delito de prevaricación y contra el medio ambiente. “Quien firme eso, va a juicio. Así de claro. Con la ley en la mano y los informes científicos que existen, sería indefendible.”
El silencio sobre Calblanque
Otro de los grandes ausentes en el discurso político local es el impacto sobre otros ecosistemas cercanos, como el Parque Regional de Calblanque, el LIC marino cartagenero y el Mar Menor.
“Los metales pesados no se quedan donde caen. Se dispersan por corrientes marinas, llegan a acuíferos, afectan a la cadena trófica, contaminan praderas de posidonia. No se puede tomar una decisión solo pensando en un municipio. El Mediterráneo no pertenece solo a los vecinos de Portmán. Pertenece a todos. A los pescadores de Cartagena, a los bañistas de Calblanque, a los que defienden el Mar Menor. No se puede hipotecar su salud ecológica por una campaña electoral».
La comida con empresarios
No es la primera vez que José Matías Peñas comparte su visión sobre la bahía de Portmán. En 2018, fue invitado a un almuerzo con empresarios de La Unión, en el restaurante María Cegarra de la pedanía costera. “Querían conocer mi opinión técnica sobre la situación de los residuos mineros y la viabilidad de las distintas opciones”, recuerda.
Sobre la mesa, literalmente, desplegaron un plano de la bahía ya sellada, con una propuesta de usos alternativos: zonas verdes, instalaciones deportivas, paseos y hasta pequeños espacios hosteleros. “Todos los presentes -empresarios de La Unión- estaban entonces de acuerdo en que el sellado era la opción más realista y segura. Nadie hablaba de dragar, nadie pedía devolver la línea de costa. La idea era transformar lo sellado en un espacio útil, sin remover el veneno del fondo”.
Años después, muchos de aquellos interlocutores defienden lo contrario. “Lo que entonces aceptaban como sensato, ahora lo niegan. Se han cambiado de chaqueta por puro interés político”, lamenta Peñas. “Y lo peor es que lo hacen sabiendo que la otra opción no es viable. Ni lo era entonces, ni lo es ahora”.
El PP no puede dar lecciones
Hoy el PP lidera movilizaciones y exige una solución que sabe inviable. Pero conviene no olvidar que el Partido Popular no está en condiciones de dar lecciones a nadie. Durante sus años de gestión, acumularon chapuzas técnicas, adjudicaciones fallidas, sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, paralizaciones y promesas rotas.
Treinta años después, la bahía sigue contaminada. Pero ahora que el Ministerio propone una solución viable, aunque imperfecta, PP y el PSOE en la Unión y en la Región de Murcia se abrazan al populismo ambiental y repiten los mismos errores: anteponer votos a verdad, pancarta a ciencia, ruido a responsabilidad.