La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial La Polvorista ha dicho basta. Tras semanas solicitando, sin éxito, información clave sobre el proyecto de planta de biogás previsto en su entorno industrial, el colectivo ha decidido acudir a las máximas instancias de garantía del derecho a la información pública.
Los empresarios han presentado reclamaciones formales ante el Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo estatal encargado de velar por la aplicación de la Ley de Transparencia.
Los empresarios están así recopilando pruebas de la sospecha ocultación de los expedientes de cara a las denuncias que por la vía penal y administrativa están ultimando. «Llegaremos hasta el final de este asunto caiga quien caiga porque estamos defendiendo nuestras empresas y la salud de nuestros trabajadores».
CARM y CHS no responden
La situación que denuncian es, según sus palabras, insostenible: el Gobierno autonómico y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han incurrido en un reiterado silencio administrativo, al no responder en plazo ni forma a las solicitudes registradas por la Asociación de Empresarios La Polvorista para acceder a documentación técnica y ambiental sobre un proyecto que consideran de “alto impacto” para el entorno empresarial y vecinal de Molina de Segura.
Entre la información solicitada figuran tres piezas clave: el expediente de evaluación de impacto ambiental del proyecto, los planes de emergencia que afecten al entorno industrial inmediato y el expediente técnico emitido por la CHS, en calidad de organismo competente en materia hidráulica.
A día de hoy, ninguna de las administraciones requeridas ha facilitado dicha documentación, ni ha emitido resolución expresa justificando la denegación, lo que -según recuerdan los empresarios- vulnera abiertamente los plazos y obligaciones establecidos en la legislación vigente sobre transparencia y acceso a la información pública.
«¿Está el Gobierno regional intentando tapar los riesgos de la planta de biogás? ¿Cómo es posible que no respondan a la petición del plan de emergencia de la zona?»
Riesgo de explosión
Para terminar de inquietar a vecinos y empresarios de La Polvorista, la empresa que promueve la planta de biogás descarta por completo que se vaya a producir accidente alguno asociado a la explotación, aunque en el mismo documento reconocen que van a manejar sustancias peligrosas relevantes, que estará terminantemente prohibido fumar en ningún punto del establecimiento y que existe riesgo cierto de explosión tal y como recoge la Evaluación de Impacto Ambiental dado que el biogás y el biometano son gases altamente inflamables.
La Evaluación de Impacto Ambiental también desvela que la empresa promotora, irresponsablemente, no ha valorado los riesgos derivados de catástrofes al no considerarlos «significativos». Como si tuviesen el poder de adivinar el futuro.
Los empresarios de La Polvorista denuncian «opacidad deliberada»
La Asociación de Empresarios de La Polvorista considera que esta actitud de opacidad deliberada impide a los afectados evaluar los posibles riesgos derivados del proyecto de planta de biogás, que podría tener repercusiones directas sobre la salud, la seguridad y la actividad económica del polígono industrial, donde operan decenas de empresas.
Además, el colectivo empresarial anuncia que solicitará la apertura de expedientes sancionadores contra los responsables de la administración regional que hayan incurrido en este incumplimiento. En este sentido, subrayan que la Ley 12/2014, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, establece con claridad que la no tramitación en plazo de las solicitudes de acceso a la información pública constituye una falta disciplinaria leve, que puede dar lugar a sanciones para los responsables directos.
En palabras de los portavoces de la Asociación de Empresarios: «No se trata solo de una vulneración de derechos, sino de un comportamiento incompatible con la buena gobernanza. La transparencia no es opcional. Es una obligación legal y un pilar democrático. Las administraciones públicas no pueden escudarse en el silencio para evitar el control ciudadano”.
Los empresarios exigen que las administraciones implicadas cumplan con la legislación vigente, entreguen la documentación solicitada y garanticen el derecho de acceso a la información pública como base indispensable para una participación ciudadana informada y una democracia funcional.
Los empresarios reafirman su compromiso con la defensa del entorno empresarial y la protección de sus trabajadores, así como con el derecho de los vecinos de Molina de Segura a conocer los proyectos que puedan afectar de forma sustancial a su calidad de vida.
“Seguiremos utilizando todos los mecanismos legales a nuestro alcance para que se respete nuestro derecho a estar informados. Los proyectos industriales deben estar sometidos a control público, especialmente cuando su impacto potencial sobre el territorio es elevado. Queremos claridad, no sorpresas” dicen.
Con esta acción, el colectivo empresarial pone sobre la mesa una cuestión de fondo: la cultura de la opacidad institucional que aún persiste en determinadas administraciones públicas, especialmente cuando se trata de iniciativas sensibles o susceptibles de generar rechazo social.
La decisión de acudir al Comisionado de Transparencia y al Consejo Estatal de Transparencia abre ahora un nuevo frente institucional, y podría obligar a las administraciones implicadas a rendir cuentas. Mientras tanto, la planta de biogás sigue siendo, para los empresarios de La Polvorista, una amenaza velada, rodeada de incógnitas y protegida por el silencio.