El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha vuelto a alzar la voz. En su Memoria 2024 lanza una advertencia clara: el actual plazo de tres meses para resolver expedientes de resolución contractual es inasumible y está bloqueando la gestión pública. No es la primera vez que lo dicen. Es la cuarta. Y, sin embargo, la Comunidad Autónoma sigue sin mover un dedo para solucionarlo. Otras regiones como Andalucía, Cataluña o Castilla y León ya lo han modificado.
Desde 2021, el Consejo viene reclamando que se modifique ese plazo, ampliándolo a seis meses, como permite expresamente la legislación estatal. Lo reiteraron en 2022, lo subrayaron en 2023 y ahora lo recalcan en 2024, casi con desesperación institucional.
¿Una reforma imposible? Todo lo contrario
El plazo de tres meses está fijado por la Ley estatal de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017). Pero esa misma ley permite que las comunidades autónomas establezcan plazos distintos en su normativa propia.
Así lo explica con total claridad la Memoria 2024:
“La regulación relativa a la duración de la tramitación de los expedientes de resolución contractual […] podría ser sustituida por otra elaborada por las comunidades autónomas, […] posibilidad que en aras del interés público podría ser ejercitada por nuestra Comunidad Autónoma estableciendo por ley un plazo prudencial de seis meses.”
No se necesita ni permiso del Estado ni una reforma estatal. Solo hace falta que la CARM apruebe una ley autonómica que amplíe ese plazo. Es perfectamente legal y está dentro de sus competencias. Y aún así, no lo hace.
Mientras tanto, los expedientes caducan porque no da tiempo a instruirlos, hay que reiniciarlos desde cero, y se ralentizan las decisiones contractuales clave para ayuntamientos, consejerías, empresas contratistas y ciudadanía.
La avalancha municipal: récord de consultas locales
En paralelo, la Memoria 2024 registra un récord histórico de consultas procedentes de ayuntamientos: 52 expedientes frente a los 34 del año anterior, lo que representa un incremento del 52%. Es la cifra más alta en los 26 años de funcionamiento del Consejo Jurídico.
De esas 52 consultas, el 42% fueron por reclamaciones de responsabilidad patrimonial superiores a 50.000 euros. Otras se centraron en revisiones de oficio, nulidad de contratos y dudas sobre su modificación.
El Ayuntamiento de Murcia lideró el listado con 12 consultas, seguido por San Javier (8), Cartagena (6) y Molina de Segura (4).
Este aumento revela no solo una mayor carga de litigiosidad en el ámbito local, sino también una creciente dependencia del órgano consultivo ante la falta de estructura jurídica propia en muchos consistorios. La “municipalización del colapso jurídico” empieza a tomar forma.
Más cifras: dictámenes, actividad y tipologías
Durante 2024, el Consejo emitió 345 dictámenes y acordó la suspensión de trámite de otros 33 expedientes, sumando un total de 378 resoluciones consultivas.
Del total de consultas recibidas (443):
- El 74,5% estuvieron relacionadas con responsabilidad patrimonial.
- El 11% correspondieron a revisiones de oficio.
- Solo el 0,23% fueron sobre anteproyectos de ley, lo que refleja el escaso uso del órgano para consultas legislativas en origen.
La Consejería de Salud fue, con diferencia, la más activa, con 193 consultas —el 43% del total— seguida por Educación (65) y Fomento e Infraestructuras (44).
La paradoja: discurso solemne y sordera institucional
El dato más llamativo del acto, sin embargo, no está en los dictámenes ni en los porcentajes. Está en la hipocresía institucional. En el acto de presentación de la Memoria 2024, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, tuvo la siguiente intervención: “Estamos viendo cómo se cuestionan a diario resoluciones judiciales, e incluso derechos tan importantes como el de la presunción de inocencia”, alertó. Y añadió: “Los ataques al Estado de Derecho son cada vez más frecuentes. Hay que defender la legalidad y reforzar nuestras instituciones”.
Una declaración impecable si no fuera porque su propio Gobierno lleva cuatro años ignorando las advertencias jurídicas de su máximo órgano consultivo. En casa del herrero, ya se sabe: contratos bloqueados, procedimientos caducados y reformas prometidas que no llegan nunca.
Lo que el Consejo pide no es una revolución: es una ley autonómica sencilla para ampliar un plazo técnico, que solucionaría un problema jurídico que ya se ha convertido en estructural. Lo lleva pidiendo desde 2021. ¿Cuántos años más hace falta para que se entienda que ignorar el Derecho también es una forma de vulnerarlo?