Este sábado, las calles de Murcia y de otras 39 ciudades españolas fueron escenario de un clamor ciudadano que no cesa: el derecho a una vivienda digna. Bajo el lema “Acabemos con el negocio de la vivienda”, unas 500 personas se concentraron en la capital murciana convocadas por el Sindicato de la Vivienda y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Contaron con el respaldo de los principales sindicatos —UGT y CCOO— y un objetivo claro: poner fin a los desahucios, exigir alquileres asequibles y la activación de las ayudas prometidas por las administraciones.
Las pancartas hablaban por sí solas: “Más vivienda pública”, “Pago del bono alquiler ya”, “Declaración de zonas tensionadas”. También había una que resumía el espíritu del día con una sola palabra: “Firma”. Aludía a una Iniciativa Legislativa Popular en marcha que, de conseguir 10.000 apoyos, llevará al Parlamento murciano las reivindicaciones del movimiento por el derecho a la vivienda. Entre los impulsores de la iniciativa se encuentran también colectivos como Marchas de la Dignidad, Consumur, USO, Intersindical, Podemos, IU-V y Sumar.
Más vivienda pública
Las demandas no son nuevas, pero sí urgentes. Reclaman más construcción de vivienda pública, que el parque de la Sareb pase a manos de las administraciones, que se expropien inmuebles vacíos sin justificación y se limiten los alquileres. Quieren que dejar sin techo a una persona vulnerable sea ilegal, y que se obligue a residir al menos cinco años en las casas que se compran, para frenar el uso especulativo.
“La vivienda es un derecho, no un privilegio para especular”, repetían los asistentes. Los convocantes critican que los fondos buitre y grandes propietarios estén acumulando beneficios a costa del sufrimiento de miles de familias. Mientras tanto, denuncian, quienes se organizan para resistir los desahucios o para defender su hogar son criminalizados.
Murcia, región líder en desahucios
Y los datos oficiales dan la razón a quienes protestan. Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Región de Murcia lidera algunos de los peores indicadores socioeconómicos del país: más concursos de familias, más desahucios y más ejecuciones hipotecarias por habitante que ninguna otra comunidad autónoma. En 2024, la Región de Murcia registró la tasa más alta de España en concursos presentados por familias, con 152 demandas por cada 100.000 habitantes. El aumento respecto a 2023 fue del 71,7 %. En total, 2.395 familias murcianas se vieron obligadas a declararse en quiebra. Una cifra demoledora que desmonta cualquier discurso oficial sobre recuperación económica o estabilidad social.
En un contexto donde los alquileres en ciudades como Murcia, Lorca y Cartagena han subido más de un 30 por ciento, la situación se hace insostenible para jóvenes, familias con bajos ingresos y colectivos vulnerables. Desde la organización juvenil de UGT recuerdan que hay más de 100.000 viviendas vacías en la Región de Murcia, un “lujo inmoral” en un contexto de emergencia habitacional.
La manifestación murciana contó también con la presencia de representantes políticos. María Marín y Víctor Egío, de Podemos, alertaron sobre el desvío de fondos públicos hacia el gasto militar mientras crece la inseguridad habitacional. “La seguridad no está en un refugio antiaéreo, sino en saber que no te van a echar de tu casa”, sentenció Marín.
Desde Sumar, el co-coordinador regional Juan Carlos Pastor advirtió que “la vivienda se ha convertido en una de las principales fábricas de desigualdad en España”. Recordó que los salarios no se ajustan a los precios del alquiler y pidió valentía institucional. “El Estado debe dejar de mirar hacia otro lado y convertirse en el principal promotor de vivienda pública”, dijo.
Las movilizaciones de este sábado no son, según los organizadores, una meta sino un punto de partida: “Esto no es solo una manifestación, es un paso más para construir un movimiento fuerte, independiente y combativo. No nos vamos a callar”.
Baja asistencia
¿Cómo es posible una asistencia tan baja? Apenas 500 personas salieron a la calle en Murcia para exigir lo más básico: una vivienda digna. Y eso, en la comunidad con más desahucios, más ejecuciones hipotecarias y más concursos de familias por habitante de toda España. ¿Es cansancio? ¿O es más bien se trata de desidia, sumisión y borreguismo que lleva a que muchos acepten lo inaceptable como si fuese inevitable? La protesta debería haber sido masiva, pero la anestesia social es profunda. Y mientras tanto, los fondos buitre y los grandes propietarios aplauden en silencio: cada vez que pincha una movilización así, más fácil les resulta seguir ganando.