En marzo de 2023, el Gobierno de Fernando López Miras anunciaba a bombo y platillo una inversión clave para la lucha contra el cáncer: la construcción de un búnker hospitalario y la adquisición de dos aceleradores lineales de radioterapia de última generación, financiados con 5 millones de euros procedentes de fondos europeos. El objetivo era claro: mejorar la atención oncológica pública con tecnología de vanguardia.
Estos dispositivos permiten aplicar radioterapia adaptativa, una técnica que escanea al paciente antes de cada sesión para recalcular la dosis exacta, adaptándose al tumor en tiempo real. Menos intervenciones quirúrgicas, menos efectos secundarios y más precisión.
Pero esos aceleradores, con los que los pacientes de cáncer de las áreas 6 y 7 recibirían el mejor tratamiento posible, están infrautilizados tras permanecer cerrados durante varios meses. No porque no funcionen, sino porque no hay personal suficiente, según el Gobierno regional.
El Ejecutivo de López Miras alega infrafinanciación del Gobierno de España y falta de médicos especialistas. Sin embargo, en la bolsa de trabajo del Servicio Murciano de Salud hay 42 oncólogos radioterápicos disponibles esperando a ser contratados.
Mientras tanto, los pacientes siguen siendo derivados a la sanidad privada, concretamente al centro IMED de Murcia, ubicado entre El Thader y Nueva Condomina, con quien el Gobierno regional, según denuncia la diputada socialista, Marisol Sánchez Jodar, «acaba de renovar un concierto por 10 millones de euros para seguir aplicando radioterapia convencional».
“Engañaron a Europa«
La diputada socialista Marisol Sánchez Jódar ha sido tajante en su denuncia: «en octubre de 2023, los técnicos de la Unión Europea visitan la Arrixaca para comprobar que ya están en funcionamiento. ¿Y qué hace el hospital? Tratar a un paciente en cada máquina para, ante Europa, aparentar que ya están en uso. Pero después, esos dos aceleradores han estado diez meses completamente cerrados, sin utilizarse. Es una auténtica vergüenza”.
Sánchez Jódar recuerda que el mantenimiento anual de estos equipos cuesta 500.000 euros, se usen o no, porque así lo exige el Consejo de Seguridad Nuclear. Y denuncia que esos dos aceleradores “deberían estar atendiendo a los pacientes de las áreas 6 y 7, es decir, a quienes tienen como hospitales de referencia el Reina Sofía y el Morales Meseguer, que suman 466.376 personas. “Pero en lugar de eso, se les deriva a la privada, mientras en la Arrixaca permanecen parados dos de los cinco aceleradores, por falta de personal”, reprocha.
Y añade, con contundencia: «no solo han intentado engañar a Europa para cobrar los fondos, sino que malgastan dinero público: tanto con el convenio con la privada, que no es necesario, como con el mantenimiento de los aceleradores sin uso. Además, no están tratando a los pacientes con la tecnología más avanzada que ya tenemos en la Región y está sin usar”.
Y en respuesta a la excusa de la falta de personal, Sánchez ha mostrado en la tribuna del parlamento autonómico la documentación oficial del SMS, concretamente, la bolsa de trabajo de oncología radioterápica vigente donde hay 42 personas esperando a ser contratadas por el Servicio Murciano de Salud.
¿Privatización encubierta?
A la denuncia socialista se suma la de María Marín, diputada de Podemos, que ha ido más allá al preguntar públicamente: «¿a cambio de qué prefiere el PP mantener inutilizados equipos públicos mientras paga y deriva pacientes a la privada?”.
Marín ha recordado, además, que IMED ganó el contrato de radioterapia antes incluso de tener construido su centro en Murcia, lo que alimenta las sospechas de una “privatización planificada” desde el inicio.
Pagamos por tener el servicio y pagamos otra vez por no usarlo
El discurso oficial del PP se desmorona ante la evidencia. La supuesta falta de médicos no se sostiene si hay 42 oncólogos en espera. La “infrafinanciación” pierde fuerza cuando se destinan, según ha denunciado la diputada socialista, 10 millones a la sanidad privada mientras la infraestructura pública se infrautiliza.
Lo que debía ser un avance crucial contra el cáncer en Murcia ha acabado convertido en un símbolo de desidia política y mala gestión. Con recursos públicos, tecnología punta y profesionales disponibles, la única razón por la que las máquinas no funcionan a pleno rendimiento es una decisión política.