La Asociación de Vecinos de Torreciega ha presentado una denuncia formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena. El motivo: la inacción reiterada frente a una medida cautelar dictada hace ocho meses para sellar un vertedero de residuos peligrosos que está envenenando, literalmente, el entorno y la salud de cientos de vecinos.
El auto judicial fue claro. Con fecha 20 de agosto de 2024, el juzgado ordenó el sellado inmediato de las celdas del antiguo vertedero ubicado en la parcela de la extinta Española del Zinc, en Cartagena. El objetivo: evitar la continua dispersión de lixiviados tóxicos que contienen metales pesados como plomo, cadmio, arsénico y zinc, y que ya han contaminado aguas superficiales, suelos y viviendas del barrio.
Pero la orden no se ha ejecutado. Y eso, dicen los vecinos, no es solo una negligencia administrativa: es una vulneración directa de derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a la integridad física y a la tutela judicial efectiva.
Cáncer, plomo en sangre y viviendas contaminadas
La denuncia, firmada por Pedro Gálvez, incluye informes periciales que demuestran una exposición crónica y continua a sustancias tóxicas. Los análisis han detectado plomo en sangre por encima de los valores recomendados por la OMS, especialmente en menores de edad. En algunos casos, se ha recomendado incluso el abandono de las viviendas.
Los efectos ya son visibles: aumento de enfermedades neurológicas, cardiovasculares, renales y casos de cáncer tanto en niños como en adultos, muy por encima de la media regional.
“No estamos hablando de un riesgo futuro. Estamos hablando de un daño real, presente y documentado”, subraya Gálvez en su denuncia. “Y mientras tanto, el auto judicial duerme en un cajón”.
El vertedero que nunca se selló
La situación no es nueva. La normativa europea (Directiva 1999/31/CE) ya obligaba al sellado de estos vertederos antes de julio de 2009. Desde entonces, la administración regional ha incumplido sistemáticamente. La Comisión Europea ha abierto incluso un procedimiento de infracción contra España (número 83817), en el que señala a la Comunidad Autónoma de Murcia por su falta de actuación.
El vertedero sigue abierto, y cada episodio de lluvia intensa arrastra nuevos lixiviados hacia la Rambla del Hondón y la dársena del Puerto de Cartagena. También se han documentado muertes de fauna protegida, como la garceta común, por intoxicación.
¿Y la Justicia?
El núcleo de la denuncia ante el CGPJ no es solo ambiental: es jurídico y constitucional. La Asociación sostiene que la falta de ejecución de la medida cautelar supone una violación del artículo 24 de la Constitución Española, que garantiza la tutela judicial efectiva. Y va más allá: también alude al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que obliga a los Estados a proteger la vida de las personas cuando hay un riesgo real e inminente.
“La justicia no puede limitarse a dictar resoluciones. Tiene que hacerlas cumplir. De lo contrario, pierde su función”, afirma el escrito.
Torreciega lleva años pidiendo auxilio. Ahora, tras agotar las vías administrativas y ver cómo la resolución judicial sigue sin ejecutarse, ha decidido dar un paso más. La denuncia ante el CGPJ pone el foco en una responsabilidad que ya no puede ocultarse ni esquivarse más.
Los vecinos piden que se abra una investigación urgente por parte del Consejo General del Poder Judicial, para determinar las presuntas responsabilidades derivadas de la omisión reiterada en la ejecución de la medida cautelar ordenada por el Juzgado de Instrucción no 5 de Cartagena el 20 de agosto de 2024 y que se adopten medidas inmediatas para asegurar la ejecución efectiva de la medida cautelar, obligando, en su caso, a la ejecución subsidiaria por la administración competente.
¿Y la CARM?
Más allá de la inacción judicial, hay una responsabilidad administrativa que lleva quince años acumulando polvo y veneno: la de la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia. Según la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos de Torreciega ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la administración autonómica ha incumplido de forma sistemática su obligación de ordenar el sellado de vertederos peligrosos, como el que se encuentra en los terrenos de la antigua Española del Zinc.
La fecha límite era clara: 16 de julio de 2009. Ese día expiraba el plazo dado por la Directiva 1999/31/CE sobre vertido de residuos para adaptar los vertederos existentes a los nuevos estándares de seguridad ambiental. España transcribió esa directiva a través del Real Decreto 1481/2001, pero en Cartagena, el vertedero sigue abierto.
La situación ha escalado hasta Bruselas
Estos hechos también han sido denunciados ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea . El caso será examinado conforme a la legislación europea aplicable. La denuncia ha sido registrada oficialmente será analizada por los servicios de la Comisión y se informará al denunciante sobre las medidas adoptadas. La denuncia versa sobre la falta de sellado obligatorio de los vertederos existentes y su adaptación a la normativa europea vigente, cuya fecha límite de cumplimiento estaba fijada para julio de 2009. En otras palabras: Europa ya nos ha puesto en el punto de mira.
El problema es doble. No solo no se sellaron las celdas tóxicas, sino que nadie asumió la responsabilidad de hacerlo cuando el titular del vertedero no lo ejecutó. La normativa establece que, en estos casos, la administración debe actuar de forma subsidiaria. Pero en Torreciega, la única constante ha sido el abandono.
Y no es solo una infracción europea. También es una violación de la propia Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, que obliga a prevenir, evitar y reparar los daños ambientales. En este caso, ni se ha evitado, ni se ha prevenido, ni se ha reparado.
El principio de reparación ha sido ignorado
Según la legislación española y europea, el daño ambiental no se da por cerrado con una multa o un informe, sino con la restauración efectiva del entorno. Yen Torreciega, donde las viviendas siguen impregnadas de polvo con metales pesados, la reparación parece ser una palabra prohibida.
Se han producido vertidos que afectan directamente a aguas superficiales, ramblas y zonas portuarias, y sin embargo no se ha ejecutado ningún plan de limpieza, contención o recuperación. La omisión prolongada no solo supone una falta ética, sino una infracción administrativa con consecuencias penales potenciales.
La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿Quién debe asumir la responsabilidad de un vertedero que lleva 15 años incumpliendo la ley? ¿La empresa que lo explotó y cerró sin cumplir? ¿La Comunidad Autónoma de Murcia, que no actuó subsidiariamente? ¿El Estado español, que no supervisó? ¿La justicia, que no ejecuta sus propias resoluciones?
De momento, la respuesta la están pagando los vecinos. Con su salud. Con su aire. Con su silencio. En palabras de los denunciantes, Torreciega vive sobre una bomba química a cielo abierto. Y lo peor no es que nadie la desactive. Es que llevan quince años fingiendo que no existe.