La Fiscalía General del Estado ha remitido a la inspección fiscal la denuncia presentada por los vecinos de Torreciega contra Fiscalía de Área de Cartagena y la Fiscalía de Medio Ambiente de Murcia, por su presunta inacción frente a un grave caso de contaminación ambiental y riesgo sanitario.
La respuesta oficial, fechada el 19 de marzo de 2025, ha sido remitida a los denunciantes a través del Servicio de Relaciones Institucionales y Comunicación Ciudadana. En ella, se confirma que el caso ha sido trasladado a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, desde donde se determinarán las actuaciones a seguir.
Los vecinos valoran positivamente el paso porque se trata de la primera vez que una instancia superior del Ministerio Fiscal actúa en este caso, tras años de denuncias archivadas, medidas judiciales incumplidas y una comunidad entera expuesta a riesgos sanitarios y ambientales.
La medida se produce después de que los vecinos, representados por Pedro Gálvez, presentaran una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El escrito acusa a ambas fiscalías de “dejación sistemática de funciones” desde hace más de una década, al no actuar frente a la situación de grave contaminación y riesgo sanitario que afecta a cientos de personas.
Los vecinos acusan tanto a la Fiscalía de Cartagena como a la Fiscalía de Medio Ambiente de Murcia de negar el carácter peligroso del residuo y de oponerse a medidas cautelares “sin justificación técnica o jurídica válida”, lo que podría constituir, dicen, un delito de prevaricación por omisión.
Una década de contaminación
El foco del conflicto es una antigua parcela industrial, la de la desaparecida Española del Zinc, que alberga un vertedero con más de cuatro millones de toneladas de residuos tóxicos sin control efectivo desde 2009. El documento denuncia vertidos contaminantes al agua, emisiones peligrosas al aire, fibras de amianto, mercurio, plomo, cadmio y la presencia de niños jugando sobre suelo contaminado.
Pese a ello, denuncian que la Fiscalía de Cartagena y la de Medio Ambiente de Murcia -a pesar de tener competencia, medios y conocimiento directo de los hechos- no promovieron diligencias efectivas, se opusieron reiteradamente a medidas cautelares solicitadas por los denunciantes, no reclamaron informes técnicos clave a organismos especializados y ni siquiera respondieron a correos formales enviados en 2019 y 2020.
«Tampoco impulsaron el cumplimiento de la orden judicial de sellado del vertedero, limitándose durante años a archivar denuncias o dejar que la iniciativa recayera exclusivamente en los vecinos, que, sin recursos, han tenido que actuar como vigilantes y peritos improvisados» señalan en su denuncia.
Orden judicial ignorada: el vertedero sigue abierto
La situación se ha agravado cuando el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena ordenó en agosto de 2024 el sellado inmediato de las celdas del vertedero, una medida respaldada por un atestado de la Guardia Civil. A día de hoy, esa orden judicial sigue sin ejecutarse.
Según los vecinos, esta inacción no solo ha permitido la cronificación del daño ambiental y sanitario, sino que ahora pone en peligro la vida de los residentes por el deterioro estructural de las motas de contención del vertedero. Si colapsan por lluvias o fenómenos extremos, los residuos tóxicos podrían invadir la zona urbana.
Uno de los puntos más contundentes de la denuncia es la existencia de pruebas clínicas y periciales que vinculan directamente la contaminación del vertedero con daños sanitarios graves. Se han detectado niveles de plomo en sangre por encima de lo permitido por la OMS, sobre todo en menores, y un aumento significativo de enfermedades oncológicas, neurológicas y respiratorias en la zona.
Los informes aportados incluso recomiendan el abandono temporal de las viviendas más cercanas, ante la exposición continua a contaminantes como mercurio, arsénico y cadmio. Los vecinos, sin embargo, siguen allí, respirando polvo contaminado y sin alternativa real.
Fiscalía bajo sospecha: ¿negligencia o prevaricación por omisión?
La denuncia acusa a la Fiscalía de haber obstaculizado activamente la protección ambiental, al negar el carácter peligroso del residuo y oponerse a medidas cautelares clave sin base técnica ni jurídica sólida. Incluso se sugiere una posible connivencia institucional entre la Fiscalía y la administración ambiental de la Región de Murcia.
Se solicita que el caso sea asumido directamente por la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, con fiscales ajenos a la estructura institucional murciana y con especialización técnica acreditada.
Presuntos delitos
La denuncia, ahora bajo escrutinio en Madrid, señala posibles delitos de: prevaricación por omisión (art. 404 del Código Penal), delitos contra el medioambiente (art. 325), omisión del deber de perseguir delitos (art. 408) y riesgo catastrófico (art. 348).
Además, sostiene la denuncia que se ha vulnerado el derecho fundamental a la salud (art. 43 CE), la integridad física (art. 15 CE) y la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), así como varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre ellos el derecho a un entorno seguro (art. 8 del CEDH).
Lo que exigen los vecinos
Los afectados no se han limitado a denunciar. Han solicitado la intervención directa de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente de Madrid, la ejecución inmediata del sellado del vertedero, un análisis toxicológico urgente a la población expuesta, la evaluación del riesgo estructural, medidas cautelares urgentes para evitar una catástrofe sanitaria y ecológica y que se depuren responsabilidades, tanto administrativas como penales.
“Si ocurre una tragedia, ya no podrán decir que no lo sabían”
Con tono firme, los vecinos advierten de que “no podrá alegarse desconocimiento” si ocurre una catástrofe ambiental. “Hemos denunciado por todas las vías. Si pasa algo, exigiremos responsabilidades hasta las últimas consecuencias”, dicen los vecinos.
Esta apertura de inspección marca un giro en un caso que, hasta ahora, parecía condenado a la desidia y la apatía. El Ministerio Público tiene ahora la oportunidad -y la obligación- de examinar lo ocurrido, aclarar responsabilidades y, por fin, actuar. Porque Torreciega ya no aguanta más.