La parcela de El Hondón, en Cartagena, parece estar llamada a convertirse en el nuevo escenario de la justicia, pero no por albergar juzgados, sino por el cruce de denuncias, informes técnicos cuestionados y sospechas de negligencia ambiental que rodean la construcción de la futura Ciudad de la Justicia sobre esos terrenos.
El Ayuntamiento de Cartagena ha impulsado la cesión de la parcela municipal nº 6226 al Ministerio de Justicia. Sobre el papel, todo suena impecable. El expediente PLAM2022/000072 incluye un informe técnico que concluye que el suelo no está contaminado. ¿Problema resuelto? Ni mucho menos.
Un informe discutido desde la raíz
El estudio que sirve de base para levantar la carga registral de «suelo contaminado» fue elaborado por el Grupo de Investigación GARSA de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y dirigido por Ángel Faz. El Ayuntamiento de Cartagena le contrató en 2022 por la vía del contrato menor.
El informe concluye que la parcela presenta un suelo «natural», similar al del entorno, y que los residuos industriales detectados son «acopios puntuales» de escasa profundidad (unos 20 cm) y volumen (100 m³). Aunque reconoce que los residuos contienen metales pesados peligrosos —como plomo, zinc, mercurio o cadmio— y que en varios casos superan con creces los límites legales incluso para vertederos de residuos peligrosos, el estudio minimiza su peligrosidad por su baja movilidad.
El Ayuntamiento se aferra a este dictamen para sostener que el suelo no puede considerarse contaminado y, por tanto, es apto para usos urbanísticos.
Denuncias que ponen en jaque la versión oficial
Aquí es donde entra en escena el choque frontal con expertos y plataformas ciudadanas. El doctor José Matías Peñas, de la Universidad de Limoges, presentó una denuncia en 2018 -todavía vigente en lo sustancial- en la que desmonta el uso del estudio de GARSA para fines urbanísticos. Y no se queda corto.
Peñas recuerda que la UPCT «no es un laboratorio acreditado» para realizar ensayos de caracterización de suelos contaminados ni residuos peligrosos. La propia universidad lo reconoció públicamente en 2017. Además, afirma que el informe no sigue la normativa europea vigente (REACH, Reglamentos 765/2008, 1357/2014) ni incorpora controles de calidad, protocolos normalizados, ni siquiera datos mínimos como el instrumental utilizado.
En paralelo, la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena ha presentado una denuncia formal ante la Dirección General de Medio Ambiente solicitando un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Cartagena por basar decisiones urbanísticas en un estudio no válido legalmente y con posibles consecuencias para la salud pública. La plataforma vecinal también ha dirigido un escrito al Ministerio de Justicia alertando de la situación.
Sobre un suelo que durante décadas recibió residuos de la industria pesada, sin descontaminación reglada y sin resolución oficial de la autoridad ambiental competente, se pretende levantar un macrocomplejo judicial.
Ni el Real Decreto 9/2005, ni la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, ni las directivas europeas permiten declarar un suelo apto solo con un informe sin acreditación, y mucho menos con restos contaminantes reconocidos, aunque sean superficiales.
La clave no es si hay residuos -los hay y con metales peligrosos-, sino si se han seguido los procedimientos legales, científicos y administrativos para certificar que el suelo no supone un riesgo. Y la respuesta, por ahora, es un rotundo no según la plataforma vecinal y el doctor Matías Peñas.
La parcela contiene residuos con metales pesados
Construir la sede de la justicia sobre un suelo contaminado -y hacerlo sabiendo que lo está- es una metáfora tan perfecta como alarmante de lo que está ocurriendo en Cartagena. Y no es una exageración literaria: la parcela de El Hondón, donde el Ayuntamiento quiere levantar el nuevo complejo judicial, contiene residuos industriales con metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y zinc. Eso lo admite el propio informe encargado por el Ayuntamiento. Lo grave no es que se hayan encontrado residuos, lo grave es que se pretende ignorarlos.
Todo apunta a que se está forzando la legalidad para justificar una operación urbanística sobre suelos sin descontaminar, confiando en que nadie lo note o que no haya consecuencias. Un caso clásico de “vamos tirando”, muy propio de los peores hábitos administrativos de este país.
Es urgente que el Ayuntamiento de Cartagena dé explicaciones públicas. ¿Por qué encargar un estudio a una universidad sin acreditación? ¿Quién lo decidió? ¿Cuánto se ha pagado? ¿Por qué no se ha exigido una investigación ambiental reglada? ¿Dónde están los análisis con garantía oficial? La justicia no puede construirse sobre mentiras, ni sobre veneno enterrado. Literalmente.