Más de medio millar de personas se han manifestado este domingo en Molina de Segura para exigir la paralización inmediata de la planta de biogás que se construye en el polígono industrial La Polvorista. La protesta, que ha reunido a vecinos, empresarios y colectivos sociales, ha lanzado un mensaje claro: la instalación supone un riesgo para la salud pública, el medio ambiente y el tejido económico local.
El presidente de los empresarios del polígono, Juan Alcaide, fue una de las voces más aplaudidas durante el acto. “El polígono no es un vertedero. Aquí hay más de un centenar de empresas, cientos de trabajadores y una actividad económica que está en peligro por una planta que traerá malos olores, tráfico de camiones y emisiones contaminantes. ¿Y todo esto para crear nueve empleos? Es un insulto a la inteligencia”, denunció.
La planta está diseñada para recibir más de 36.000 toneladas anuales de residuos, incluidos lodos y desechos industriales, según la documentación oficial. “Nos dicen que tratarán yogures caducados, pero lo que viene son residuos pestilentes, emisiones de metano y riesgos serios para la salud. No lo decimos nosotros, lo dicen los informes autonómicos y los expedientes del propio proyecto”, insistió Alcaide.
Además, los convocantes alertan de que la planta generará emisiones difusas de metano que podrían alcanzar las 29 toneladas al año, una cifra que —según comparan— equivale al impacto ambiental de tener 5.000 cerdos sueltos en la zona. “Esto no es una exageración. Son datos sacados del propio expediente”, afirmaron.
Los asistentes denunciaron también la ubicación inadecuada de la planta: muy próxima a centros educativos, viviendas y empresas con actividad diaria. Se trata de una industria especial, sujeta a una normativa que exige que este tipo de instalaciones estén alejadas de núcleos urbanos. Sin embargo, el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso (Partido Popular), ha optado por tramitar ahora una modificación del Plan General de Ordenación Urbana «para adaptar el planeamiento a posteriori». Una maniobra que, a juicio de los manifestantes, reconoce de facto que la licencia de obras y de actividad se concedió de forma irregular.
“El Ayuntamiento está intentando legalizar ahora algo que era ilegal cuando se autorizó. Y lo hace con las obras de la planta iniciadas, sin escuchar al pueblo, sin informes preceptivos y sin garantías”, denuncian los miembros de la plataforma.
Mayor riesgo de enfisema pulmonar
Otra de las críticas más repetidas fue la ausencia de informes obligatorios, como los de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, que no constan en el expediente pese al riesgo evidente que conlleva una planta de estas características. “Es inaudito que se haya concedido licencia sin estos informes. Hay estudios que dicen que el riesgo de enfisema pulmonar aumenta un 1.800 por ciento para los vecinos que viven cerca de ese tipo de plantas».
Tampoco está siendo fácil para los colectivos acceder a la documentación completa del proyecto. Los empresarios aseguran que se les han puesto “trabas constantes para consultar el expediente completo”, lo que refuerza la sospecha de que el proceso ha estado “plagado de irregularidades, opacidad y decisiones tomadas de espaldas a la ciudadanía”. El Ayuntamiento de Molina de Segura no quiere dar los papeles.
Pérdida de empleos reales a cambio de nueve puestos “mal contados”
Además del impacto medioambiental y sanitario, los empresarios alertaron de las consecuencias económicas. Más de una docena de empresas están planteándose abandonar el polígono si la planta entra en funcionamiento. Esto supondría la pérdida de cientos de empleos consolidados, frente a los apenas nueve puestos directos que generará la planta.
“¿De verdad vamos a poner en peligro todo un ecosistema productivo por una instalación que ni siquiera dejará beneficios en la zona?”, preguntó Alcaide. “Porque los beneficios no se quedan aquí, se los lleva un fondo de inversión extranjero. A Molina solo le dejan los camiones, los olores y los riesgos”.
Presión vecinal en aumento
La presión vecinal va en aumento. Más de una docena de empresas del polígono valoran marcharse si la planta entra en funcionamiento, preocupadas por el deterioro del entorno y la posible fuga de clientes. “No podemos poner en riesgo cientos de empleos estables por una instalación con impactos ambientales y sanitarios que solo beneficia a un fondo de inversión extranjero”, subrayó Alcaide.
El acto concluyó con la lectura de un manifiesto rotundo: “Stop planta de biogás. Stop oscurantismo. Por una Molina limpia, segura y con futuro”. Los organizadores insistieron en que no están en contra de las energías renovables, sino del uso oportunista del discurso verde para justificar proyectos contaminantes. “Esto no es transición ecológica. Es un pelotazo con metano, disfrazado de economía circular”.
A pesar de la contundencia de las críticas, la planta sigue adelante. Pero también lo hace la protesta. Y en Molina de Segura, la lucha vecinal y empresarial por frenar el proyecto ha ganado un nuevo impulso.
¿Es un proyecto heredado?
Desde el PP intentan hacer creer a la ciudadanía que se trata de un proyecto heredado de la anterior administración socialista porque en 2021, inexplicablemente, la compatibilidad urbanística solicitada por la empresa fue favorable. Pero la compatibilidad urbanística no es una licencia ni un permiso. Solo significa que, según el planeamiento municipal, ese tipo de instalación podría ubicarse en esa zona. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Sea como fuere, el funcionario municipal que firmó la compatibilidad urbanística puede que acabe dando explicaciones delante de un juez.
Por tanto, incluso si se declara compatible urbanísticamente, el Ayuntamiento aún puede bloquear el proyecto si considera que no se cumplen las distancias mínimas, hay riesgo para la salud pública o se generan molestias graves. Así ha sucedido en Mula y en Murcia con sendas plantas de biogás. En el caso de Molina de Segura, el equipo de gobierno de José Ángel Alfonso optó por conceder licencia de obras y de actividad en julio de 2024.