El diputado de Podemos, Vcitor Egío, ha exigido la dimisión de la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, del PP, tras decretar la jueza la apertura de juicio oral. Túnez está acusada de un delito de prevaricación continuada por permitir la ampliación y actividad sin licencia de una macrogranja de cerdos en el paraje el Campillo del municipio.
Para Egío el caso judicial demuestra “la complicidad del PP con el lobby porcino» que «ha inundado de granjas la Región y está fuera de control”.
Junto a Túnez también será juzgado el empresario ganadero, Juan Jiménez, acusado de un delito contra la ordenación del territorio. Dada la magnitud de los delitos, la Audiencia Provincial será el órgano encargado del juicio para el que aún no hay fecha.
Fotografía: María D. Sánchez
El portavoz de la formación morada considera que si Túnez no abandona sus responsabilidades políticas como alcaldesa, el presidente López Miras “debe exigirle que se aparte del cargo y echarla de su partido”. “No se trata de un delito menor. Es muy grave” ha remarcado Egío.
El PP guarda silencio
Sin embargo, desde el Partido Popular guardan silencio tras conocerse el auto judicial que decreta la apertura de juicio oral. Los Estatutos del Partido Popular (PP) establecen que incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos constituye una infracción muy grave. Sin embargo, estos estatutos no especifican medidas concretas a tomar cuando un cargo político es procesado por delitos de corrupción. En la práctica, el partido ha adoptado diferentes enfoques según el caso y las circunstancias.
El presidente autonómico López Miras solo ha hablado en las últimas horas de la alerta amarilla por lluvias en la Región, ha criticado el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña por parte del Gobierno de España y ha contado en redes sociales que ha comenzado el día yendo a misa porque hoy es Miércoles de Ceniza.
El caso arrancó tras una denuncia de Ecologistas en Acción
La denuncia partió de Ecologistas en Acción tras comprobar que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras estaba permitiendo la actividad ilegal de una macrogranja de cerdos ubicada en el paraje denominado el Campillo, que previamente había sido autorizada por la Comunidad Autónoma.
La mercantil propiedad de Juan Jiménez (JISAP) ha recibido 2,5 millones de euros en subvenciones directas, concedidas casi en su totalidad por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia desde el año 2019.
La macrogranja, que alberga 1888 cerdas reproductoras, no dispone de licencia urbanística que sustente las edificaciones que el ganadero realizó en la parcela. Tampoco dispone de declaración de impacto ambiental integrada, no tiene licencia de actividad y no dispone de recursos hídricos legales puesto que la Confederación Hidrográfica del Segura emitió un informe desfavorable.
Penas solicitadas
El Juzgado de Instrucción número 7 de Lorca pide 12 años de inhabilitación para María Ángeles Túnez y el pago de una multa de 600.000 euros. Para el empresario, Juan Jiménez, piden el pago de una multa de 600.000 euros y el cese de la actividad ganadera durante dos años, además del pago de las costas judiciales.
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se ha adherido a la acusación del Ministerio Fiscal mediante un escrito presentado el 10 de mayo de 2024 y ratificado el 11 de febrero de 2025.
La juez que ha decretado la apertura de juicio oral considera en su auto que existen indicios racionales de criminalidad y que no cabe el sobreseimiento solicitado por los acusados.
Según el auto judicial, las medidas cautelares previamente impuestas siguen vigentes. Aunque no se ha decretado prisión provisional, el juzgado ha mantenido el embargo de bienes suficientes para garantizar las responsabilidades pecuniarias.