Con pancartas en alto, consignas claras y el Mar Menor como telón de fondo, los vecinos de los municipios ribereños han salido a la calle. No protestan por capricho. Lo hacen, dicen, por su salud, por su entorno y por el futuro de una laguna que lleva años agonizando. La chispa que ha encendido esta nueva movilización vecinal: el proyecto de una macroplanta de biogás que se pretende instalar en San Javier, a menos de dos kilómetros de núcleos urbanos y muy cerca del Hospital General de Los Arcos.
El manifiesto leído durante la marcha, convocada por plataformas vecinales y ecologistas, no deja lugar a dudas: el proyecto no respeta las distancias mínimas de seguridad recomendadas por la propia Asociación de Empresas de Biogás. Aun así, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, continúa defendiendo la instalación como una “gran oportunidad para el municipio”, sin atender —según los vecinos— a las alegaciones ciudadanas ni al más elemental principio de precaución.
“La ubicación elegida por la empresa promotora no solo es inadecuada, sino directamente ilegal”, advierten los manifestantes. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Murcia, que afecta al núcleo de Casas Blancas —a escasos 1,8 kilómetros de la planta—, establece limitaciones que el proyecto no cumple. Sin embargo, temen que el Ayuntamiento de San Javier termine emitiendo un informe favorable, abriendo así la puerta a que la Comunidad Autónoma lo declare de “interés público”, en una maniobra que consideran más política que técnica.
Pero la controversia va más allá de una cuestión de distancias. Los vecinos alertan del posible cambio legislativo que se está negociando en la Asamblea Regional entre el Partido Popular y Vox. El pacto presupuestario, advierten, podría incluir la modificación de la Ley de Protección del Mar Menor, levantando la moratoria a nuevas macrogranjas porcinas en la cuenca vertiente de la laguna. “Estas plantas de biogás no existen sin macrogranjas. Van de la mano. Si una entra, la otra no tarda”, denuncian.
Y lo que está en juego, añaden, no es solo un ecosistema único. Es también el turismo, la hostelería, la calidad del aire, el tráfico, los malos olores y el valor de sus viviendas. “Nuestros municipios triplican su población en verano. Ya sufrimos atascos, contaminación y presión sobre los servicios públicos. ¿De verdad alguien cree que una planta que moverá cientos de camiones de alto tonelaje diarios es compatible con este modelo de vida?”, se preguntan.
Los manifestantes recuerdan que ya han asumido su parte de responsabilidad en la gestión de residuos. En el Centro de Gestión de Residuos de San Javier se está construyendo una planta pública para tratar 20.000 toneladas anuales de biorresiduos orgánicos generados en seis municipios. “¿Por qué tenemos que cargar también con una planta privada doce veces más grande? No queremos ser una zona de sacrificio para que otros hagan negocio”, afirman.
La marcha ha recorrido varias calles del municipio con el apoyo de vecinos de Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Santiago de la Ribera, El Mirador, Roda y otros núcleos afectados directa o indirectamente. Todos ellos comparten una sensación de abandono institucional. Hasta el momento, solo el Ayuntamiento de Los Alcázares ha accedido a reunirse con ellos, mostrando preocupación por la proximidad del proyecto al hospital de Los Arcos. San Javier, en cambio, sigue sin recibirles. Y en San Pedro del Pinatar, los contactos con los grupos políticos siguen sin respuesta.
“El alcalde no puede escudarse en informes externos. Tiene la competencia para proteger a sus vecinos, para incorporar distancias mínimas al planeamiento urbanístico y para dotar al municipio de una regulación odorífera que garantice la calidad de vida”, insisten. También le reprochan que en el último Pleno municipal se comprometiera a paralizar la tramitación si la empresa no modificaba la dieta de entrada de residuos. “Sea igual de firme con las distancias de seguridad”, le exigen.
El manifiesto concluye con una apelación directa:
“No mire para otro lado, señor Luengo. No señale a otros como responsables de permitir que avance este proyecto que nos quita el sueño. Defienda la legalidad. Defienda el Mar Menor.”
Los vecinos de San Javier quieren abrir la ventana sin olores nauseabundos. Quieren respirar aire limpio. Defienden un turismo sostenible que no se ahogue entre camiones y digestores de gas. Quieren un Mar Menor que, aunque herido, aún puede salvarse.