La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial La Polvorista ha levantado la voz con contundencia contra el dictamen emitido por la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia, que concluye que la futura planta de biogás proyectada por Heygaz Spain, S.L. no entraña una alta incidencia ambiental. Lejos de tranquilizar, el informe ha encendido todas las alarmas entre los empresarios de la zona, que califican de “irresponsable” la decisión y anuncian acciones legales para frenarla.
“Intentan quitarle importancia a los riesgos evidentes que conlleva esta instalación”, denuncian desde la asociación. A su juicio, ubicar una planta de gestión de residuos en pleno polígono industrial, lejos de mitigar los riesgos, los multiplica. Y explican por qué: la proximidad con empresas que manipulan plásticos, textiles, perfumes y otras sustancias inflamables, sumada a la celebración de eventos con asistencia de público, genera un “efecto dominó” que podría agravar de forma catastrófica cualquier incidente.
Los empresarios critican que el informe oficial se ampare en que la actividad se desarrollará en naves cerradas y con sistemas de filtrado para concluir que no habrá “efectos adversos significativos”. Pero, advierten, la experiencia en otras regiones demuestra que estas medidas no bastan para evitar emisiones, malos olores, residuos ni el trasiego constante de vehículos pesados cargados de desechos. Todo ello con posibles repercusiones sobre la calidad del aire, del agua y del suelo. “Y por tanto, sobre la salud pública”, remachan.
Otro de los puntos negros que denuncian es la ausencia de un proceso de participación ciudadana real y de una evaluación técnica independiente. “No basta con cumplir formalidades administrativas; exigimos que se aplique el principio de precaución y se analicen los impactos reales con rigor”, reclaman.
La asociación no se opone al desarrollo de energías renovables, matiza, pero sí rechaza “que se disfracen proyectos de alto impacto con una dudosa apariencia de sostenibilidad”. Por ello, han encargado a un equipo jurídico y técnico el estudio del caso y preparan ya las acciones judiciales pertinentes. También han solicitado copia de toda la documentación administrativa del expediente, así como la identificación de los funcionarios y autoridades implicadas.
“La ciudadanía de Molina de Segura tiene derecho a vivir en un entorno saludable, sin riesgos encubiertos”, concluyen. La batalla legal y mediática no ha hecho más que empezar.