La Fiscalía Europea ha decretado el archivo de la denuncia presentada contra la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por una supuesta malversación de fondos europeos FEDER, tras concluir que no existen indicios suficientes de que haya habido afectación a los intereses financieros de la UE. La resolución, emitida el 27 de septiembre de 2024 pero comunicada en febrero de 2025, determina que la investigación no será asumida por el organismo europeo y que las actuaciones quedan en manos de las autoridades nacionales para su posible evaluación en la vía administrativa o penal.
La Fiscalía Europea no niega que pueda haber irregularidades administrativas, pero sostiene que no hay pruebas suficientes para considerar que se ha cometido un delito de malversación o prevaricación.
Una denuncia por presunto fraude de un millón de euros
La denuncia, presentada el pasado 23 de febrero por el abogado José Luis Mazón, apuntaba a un supuesto desfalco de fondos públicos superior a un millón de euros, tras la concesión de dos subvenciones a la Asociación pro-israelí ZAKUT HUB. Según el denunciante, la entidad recibió 500.000 euros en 2021 y otros 500.000 euros en 2022, a pesar de haber sido constituida poco tiempo antes de la adjudicación y de haber obtenido una baja puntuación en el proceso de selección.
Investigación y conclusiones de la Fiscalía Europea
Tras la apertura del proceso de verificación en marzo de 2024, la Fiscalía Europea solicitó documentación a la UDEF, al Instituto de Fomento de la Región de Murcia y a la Subdirección General de Gestión del FEDER. En el transcurso de las diligencias, se confirmó que las subvenciones fueron concedidas, pero no se hallaron pruebas de manipulación fraudulenta ni de desviación de fondos europeos.
Según la información proporcionada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), las subvenciones otorgadas a Zakut HUB no fueron registradas en la Base Fondos 2020, que gestiona las ayudas financiadas por el FEDER.
Por otra parte, los informes técnicos y las auditorías externas, realizadas por las firmas SEIQUER Auditores Consultores y Grant Thornton S.L.P., tampoco detectaron irregularidades contables ni administrativas en el uso de los fondos europeos. Sí que se constató que parte de las ayudas fue revocada por la administración autonómica debido a incumplimientos en la ejecución de los proyectos financiados.
En uno de los expedientes analizados (2021.11.ACEE.0002), se detectó un incumplimiento parcial en la ejecución de la subvención concedida a ZAKUT. Se propuso revocar 400.000 euros, pero tras un proceso administrativo, la cantidad finalmente revocada fue de 124.973,59 euros, con un reintegro obligatorio de 124.010,85 euros más intereses.
El denunciante insiste en que debe investigarse
Pese al archivo de la causa por parte de la Fiscalía Europea, el abogado José Luis Mazón ha solicitado que la investigación continúe en el ámbito nacional. Alega que existen indicios suficientes de malversación y prevaricación en la concesión de estas subvenciones. Mazón subraya varios puntos clave que justifican la necesidad de continuar con la investigación:
- Las subvenciones fueron otorgadas a una entidad de reciente creación, inscrita en el registro después de su constitución.
- Zakut HUB obtuvo la subvención pese a haber sido la peor puntuada en el proceso de selección, lo que indica una posible arbitrariedad en su adjudicación.
- Vinculaciones entre los integrantes de la asociación y el presidente de la Región de Murcia, lo que podría sugerir trato de favor.
- Falta de concurrencia y transparencia en la adjudicación de los fondos, favoreciendo a una entidad sin trayectoria previa.
El denunciante recalca que la Fiscalía Europea ha archivado el caso por una cuestión de competencia, al no haberse cargado finalmente los fondos a presupuestos europeos, sino autonómicos. Sin embargo, insiste en que esto no exime de responsabilidad penal a los implicados y que debe ser la justicia española quien determine si hubo o no delito.
Uno de los aspectos clave de la resolución de la Fiscalía Europea es que las subvenciones cuestionadas no fueron finalmente abonadas con cargo a fondos europeos, sino desde partidas presupuestarias autonómicas. Esta circunstancia, según la Fiscalía Europea, impide que el caso entre dentro de su competencia, ya que no hay perjuicio para el presupuesto de la Unión Europea.
Dado que la competencia de la Fiscalía Europea se limita a delitos que afecten el presupuesto de la UE, el caso se ha archivado y se ha remitido a las autoridades nacionales para que decidan si procede investigar la posible responsabilidad penal en el ámbito autonómico.