Los vecinos de Torreciega, en Cartagena, conviven desde hace más de dos décadas con un vertedero de residuos peligrosos que, lejos de ser clausurado y sellado conforme a la normativa europea, ha sido abandonado sin medidas de control. Ahora, con la esperanza de poner fin a esta crisis medioambiental, han elevado su caso a la Comisión Europea, presentando una denuncia formal contra el Estado español por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en materia de gestión de residuos.
El documento, registrado con la referencia 83817, ha sido remitido por la Asociación de Vecinos de Torreciega, encabezada por Pedro Gálvez Calenco, y cuenta con el respaldo de la Plataforma de Afectados por Suelos Contaminados de Cartagena, representada por Fulgencio Sánchez Fuentes. En la denuncia, los afectados exponen cómo las administraciones regionales y locales han permitido que se perpetúe una crisis ambiental que pone en riesgo la salud de los habitantes y el equilibrio ecológico de la zona.
Según el escrito presentado ante la Comisión Europea, la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia otorgó en 1999 y 2002 permisos para la ampliación de un vertedero destinado a residuos peligrosos provenientes de la hidrometalurgia del zinc (Zincsa). Esta actividad industrial generaba desechos altamente contaminantes, cuyo almacenamiento debía cumplir con estrictas medidas de seguridad y adaptación conforme a la Directiva 1999/31/CE sobre vertido de residuos.
Sin embargo, la empresa que gestionaba la instalación declaró la quiebra en 2007, abandonando el vertedero sin que se adoptaran las medidas necesarias para su clausura y descontaminación. Lejos de proceder a un sellado adecuado de las celdas de almacenamiento, la demolición de las instalaciones se realizó sin la extracción selectiva del amianto, lo que provocó la dispersión de esta sustancia cancerígena por toda la zona.
Una amenaza ambiental y sanitaria confirmada científicamente
Los vecinos denuncian que la dispersión incontrolada de residuos peligrosos se ha convertido en un problema de salud pública de primer orden. La falta de contención ha facilitado que los metales pesados y otras sustancias tóxicas se propaguen por el aire, el suelo y las fuentes de agua cercanas.
Un informe elaborado por el doctor José Matías Peñas Castejón, de la Université de Limoges, respalda esta denuncia con pruebas científicas que revelan la magnitud del problema. Entre los hallazgos más alarmantes, se destacan: presencia de metales pesados en el organismo de los vecinos, en niveles muy por encima de los recomendados por la OMS, aumento de enfermedades respiratorias y neurológicas y alta prevalencia de cáncer pediátrico y en adultos, lo que sugiere una relación directa con la exposición prolongada a las sustancias tóxicas.
Pero la amenaza no solo afecta a las personas. La contaminación ha alcanzado los ecosistemas cercanos, con consecuencias devastadoras para la fauna y la flora. La denuncia destaca la mortandad recurrente de especies protegidas de avifauna, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, y la afectación de suelos agrícolas donde se cultivan hortalizas y verduras.
Dos décadas de inacción de las autoridades
La denuncia deja claro que desde 2007 hasta la fecha (febrero de 2025), las administraciones responsables no han adoptado ninguna medida de contención ni recuperación del entorno afectado.
A pesar de que la legislación europea establece plazos claros para la adaptación y sellado de vertederos, las administraciones responsables han incumplido los plazos establecidos en la Directiva 1999/31/CE y el Real Decreto 1481/2001: antes del 16 de julio de 2002 deberían haber presentado un plan de acondicionamiento y antes del 16 de julio de 2009 el cumplimiento de la normativa o cese de actividad.
Según la denuncia, nada de esto se cumplió. La Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia no ha actuado para solucionar el problema, permitiendo que los residuos sigan extendiéndose sin control.
La denuncia también alega que este caso vulnera el principio de «quien contamina, paga», consagrado en la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, derivada de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Posibles consecuencias para España
La denuncia solicita que la Comisión Europea abra un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento del Derecho de la UE en materia medioambiental. Este proceso podría derivar en sanciones económicas y en la obligación de tomar medidas correctivas inmediatas.
Además, los vecinos exigen una investigación urgente sobre el impacto ambiental y sanitario del vertedero, el sellado inmediato de las celdas del vertedero y la descontaminación de la zona. También piden un plan de vigilancia epidemiológica para evaluar el daño a la salud de la población y la depuración de responsabilidades administrativas con especial atención a la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia como responsable directa de la inacción.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha emitido sentencias contra España por casos similares. En 2016, el TJUE dictaminó en el Asunto C-454/14 que España había incumplido la normativa de gestión de residuos al no cerrar adecuadamente vertederos ilegales. Este precedente refuerza la gravedad de la denuncia de Torreciega y podría acelerar la actuación de Bruselas.
«No podemos seguir viviendo entre residuos tóxicos»
Para los vecinos de Torreciega, esta denuncia representa la última esperanza para recuperar un entorno habitable. «Llevamos años denunciando la situación y pidiendo soluciones, pero no nos han escuchado. No podemos seguir respirando veneno ni viviendo entre residuos tóxicos», afirman.
El próximo paso dependerá de la Comisión Europea, que deberá decidir si inicia un procedimiento formal contra España. Mientras tanto, en Torreciega, la contaminación sigue extendiéndose y los vecinos siguen esperando justicia.