La Fiscalía Europea ha recibido una denuncia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Murcia en la que se solicita la apertura de una investigación por corrupción en la contratación pública en la Región de Murcia.
El caso afecta al Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA) de Molina de Segura, institución dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Según la denuncia, la administración autonómica habría fraccionado contratos de manera ilegal para evitar un procedimiento de adjudicación abierto y beneficiar a una única empresa: Technozyp SL.
Las obras fueron financiadas con fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que agrava aún más la situación, ya que podría derivar en sanciones económicas, la devolución de fondos y la exclusión de futuras ayudas de la Unión Europea.
El supuesto fraude en la contratación pública: ¿qué se investiga?
El objeto de la denuncia es la adjudicación de cuatro contratos menores para la reforma de una misma instalación del CIFEA. Las obras consistieron en adaptación del techo de la planta piloto de elaboración de productos alimenticios; instalación de mamparas, sistema de ventilación y control de temperatura y humedad; eeforma de paredes y suelo con criterios técnico-sanitarios y mejora del aula de tecnología.
Según la denuncia, los contratos, otorgados todos a Technozyp SL, fueron adjudicados sin concurso público, fraccionándolos en cuantías menores para esquivar la obligación de licitación abierta. Según la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, artículo 99.2), este tipo de prácticas son ilegales si se realizan con el objetivo de evitar la publicidad y concurrencia competitiva en la adjudicación de contratos.
¿Quién se benefició de este fraccionamiento de contratos?
El principal beneficiado de esta presunta irregularidad es la empresa Technozyp SL, que obtuvo todas las adjudicaciones directas sin competencia de otras empresas según la denuncia presentada por el PSRM-PSOE ante la Fiscalía Europea.
Además, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, de la que depende el CIFEA, sería la responsable de haber autorizado y tramitado estas adjudicaciones, lo que podría implicar a altos cargos políticos y administrativos.
Si la Fiscalía Europea confirma el fraude en fondos europeos, los responsables de la adjudicación podrían enfrentarse a: inhabilitación para ejercer cargos públicos; devolución de los fondos europeos mal utilizados;s anciones económicas y, en el peor de los casos, penas de cárcel si se prueba prevaricación o malversación de caudales públicos.
Uso fraudulento de fondos europeos
El uso indebido de fondos europeos es un asunto de extrema gravedad. La Unión Europea exige transparencia y control en el gasto de las ayudas, y cualquier irregularidad puede tener serias consecuencias económicas y políticas para la Región de Murcia.
Si la Fiscalía Europea concluye que hubo corrupción en la contratación pública, la Región de Murcia podría perder futuras subvenciones de la Unión Europea; verse obligada a devolver los fondos ya recibidos y quedar bajo una vigilancia más estricta en la gestión de ayudas europeas.
Este tipo de sanciones ya se han aplicado en otras comunidades autónomas en casos de fraude en fondos europeos, como ocurrió en Madrid y Andalucía con el uso indebido de subvenciones destinadas a formación y modernización.
Fraude en fondos europeos y fraccionamiento de contratos en España: ¿qué precedentes existen?
El fraccionamiento indebido de contratos es una práctica ilegal que ha sido detectada en múltiples administraciones públicas en España. En 2023, la Audiencia Nacional condenó a altos cargos de la Comunidad de Madrid por realizar contratos fraccionados de forma fraudulenta en la Consejería de Sanidad. Se obligó a devolver millones de euros y los responsables fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
¿Quién es Technozyp SL?
Technozyp SL es una empresa que, según la denuncia, ha sido beneficiaria de la totalidad de las adjudicaciones investigadas. La Fiscalía Europea deberá analizar si existía un vínculo previo entre la administración autonómica y la empresa, lo que podría añadir un posible caso de trato de favor o clientelismo
Si se confirma que Technozyp SL se benefició de un proceso de contratación fraudulento, la empresa podría enfrentarse a graves consecuencias, como prohibición de contratar con la administración pública, multa y sanción económica Multas y sanciones económicas e investigación sobre otros contratos adjudicados a la empresa.
¿Qué pasos seguirá la investigación?
Tras la denuncia presentada por el PSOE de Murcia, la Fiscalía Europea deberá determinar si existen indicios suficientes para abrir un procedimiento penal. Los próximos pasos del caso serán apertura de diligencias previas para revisar los contratos y documentos asociados; investigación sobre los responsables administrativos y políticos que aprobaron las adjudicaciones y determinación de si existen responsabilidades penales o administrativas.
Si se confirma el fraude en la contratación pública, los responsables podrían enfrentarse a procesos judiciales y sanciones graves.
Si la justicia confirma la ilegalidad de las adjudicaciones, la Región de Murcia podría perder fondos europeos clave para su desarrollo y los responsables políticos y administrativos podrían enfrentarse a condenas penales.
¿Qué dice la ley sobre el fraccionamiento de contratos públicos?
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público es clara en su artículo 99.2, donde establece que «no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.
Este tipo de prácticas, en caso de ser probadas, podrían invalidar las adjudicaciones realizadas y derivar en la obligación de reintegrar los fondos europeos empleados.
Además, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ha emitido informes en los que define el fraccionamiento ilegal como aquel que se utiliza para evitar los requisitos de transparencia y concurrencia, algo que, según la denuncia del PSOE, es exactamente lo que ha ocurrido en este caso.
Fondos europeos en riesgo: posibles sanciones y devolución del dinero
Este caso es especialmente delicado porque los contratos fueron financiados con fondos europeos, lo que podría provocar una reacción por parte de la Unión Europea.
Si la Fiscalía confirma el fraude, la Región de Murcia podría enfrentarse a la devolución de las subvenciones recibidas y a un posible bloqueo de futuros fondos europeos para proyectos de modernización en la comunidad.
La transparencia en el uso de estos fondos es una exigencia clave de la Comisión Europea, que ya ha sancionado en el pasado a otras administraciones por mal uso de ayudas económicas.