El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES) cuestiona que las pruebas de aptitud para cazadores las puedan evaluar y organizar entidades privadas y advierte de la inseguridad jurídica que genera el proyecto de decreto que ha elaborado el Gobierno regional que regula las pruebas para la obtención de la licencia de caza.
El órgano consultivo subraya la necesidad de que haya un control adecuado sobre la acreditación de cazadores y recomienda que las pruebas las siga realizando la Administración regional para garantizar que no baje el nivel de exigencia de los exámenes.
Tradicionalmente, estas pruebas eran competencia exclusiva de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, garantizando así un control riguroso de los conocimientos y habilidades de los aspirantes.
Genera inseguridad jurídica
La nueva normativa busca modificar el marco vigente, estableciendo cambios significativos en el sistema de exámenes y en la homologación de entidades capacitadas para realizarlos. Sin embargo, el dictamen del Consejo Económico y Social señala varios puntos que ponen en entredicho la seguridad jurídica y la efectividad del nuevo sistema, en especial la posibilidad de que entidades privadas certifiquen la aptitud de los cazadores.
El CES advierte de que la normativa permite que entidades sin relación con la caza puedan impartir pruebas de aptitud, sin establecer requisitos claros para los tribunales examinadores ni procedimientos de reclamación.
El proyecto plantea además que la Federación de Caza de la Región de Murcia reciba automáticamente la homologación para organizar estos exámenes, y que otras entidades deportivas puedan solicitar la misma acreditación si cumplen con ciertos requisitos administrativos y formativos.
Este cambio, según el decreto, pretende aumentar la cantidad de exámenes disponibles para los cazadores, permitiendo convocatorias cada dos meses en función de la demanda. Además, se aceptarán certificados de aptitud expedidos por otras comunidades autónomas y países extranjeros bajo el principio de reciprocidad.
Preocupaciones del CES
El CES ha manifestado su preocupación ante este modelo de acreditación descentralizada y señala, entre otros riesgos, la falta de control sobre la calidad de los exámenes. El CES teme que algunas entidades puedan bajar el nivel de exigencia para favorecer la obtención de licencias, afectando la formación de los nuevos cazadores.
Otro riesgo tiene que ver con un posible conflicto de intereses. La Federación de Caza de la Región de Murcia y otras asociaciones que buscan ser homologadas tienen un interés directo en aumentar el número de cazadores. Este modelo podría derivar en un sistema donde las pruebas sean vistas más como un trámite que como una verdadera evaluación de competencias.
Cuestionan la viabilidad económica del nuevo modelo
El Consejo Económico subraya en su dictamen la administración pública debería conservar el control total de las pruebas para evitar irregularidades. Propone que las entidades privadas colaboren en la organización logística, pero que la Consejería siga siendo la encargada de la evaluación y certificación final.
El CES también ha cuestionado la viabilidad económica del nuevo modelo, ya que las entidades homologadas podrían recibir ingresos derivados de las tasas de examen sin un control claro sobre el destino de estos fondos. Se sugiere que se establezca una tasa específica para estas pruebas y que su recaudación esté sujeta a auditoría pública.
Por otra parte el organismo consultivo señala que la normativa murciana debe alinearse con el Convenio Interautonómico de Caza, que permite a cualquier cazador con licencia en una comunidad adherida ejercer en las demás sin necesidad de repetir pruebas de aptitud. Sin embargo, el decreto que ha elaborado el Gobierno regional parece exigir que los aspirantes superen exámenes específicos en Murcia, lo que contraviene el principio de reciprocidad del convenio.
El dictamen también señala que el proceso de homologación de entidades carece de suficiente claridad, ya que no se establecen con precisión los criterios de revocación de la homologación en caso de incumplimientos. Cualquier entidad inscrita en el registro de entidades deportivas podría ser homologada, lo que genera inseguridad jurídica según el CES. Tampoco se especifica con detalle el proceso de reclamación ante irregularidades en la evaluación de los aspirantes.
Sin participación
Aunque el decreto menciona una amplia participación en su elaboración, el CES ha detectado la ausencia de un pronunciamiento claro del Consejo Asesor Regional de Caza y Pesca Fluvial lo que puede generar conflictos y futuras impugnaciones normativas.
El dictamen del CES refleja una preocupación generalizada por la seguridad jurídica y la transparencia en la regulación de la caza en la Región de Murcia. Si bien la actualización del decreto es necesaria, el Consejo insiste en que se debe garantizar un control adecuado sobre la acreditación de cazadores.
¿Qué requisitos deberá cumplir un cazador para obtener la licencia de caza en la Región de Murcia?
Superación de una prueba de aptitud: todo cazador que desee obtener por primera vez una licencia de caza deberá superar una prueba de aptitud teórico-práctica organizada por la administración competente o por una entidad homologada. Esta prueba evaluará conocimientos sobre legislación cinegética, especies cazables y su identificación, modalidades de caza, normas de seguridad en las cacerías y manejo de armas y ética del cazador y conservación del medio ambiente.
Edad mínima: Los mayores de 14 años pueden obtener la licencia de caza, pero necesitan una autorización escrita de sus padres o tutores legales.
Pago tasa: para la realización de la prueba de aptitud y la expedición de la licencia, el cazador deberá abonar la tasa administrativa establecida.
No estar inhabilitado: No podrán obtener la licencia aquellos cazadores que estén cumpliendo una sanción administrativa que les prohíba cazar o hayan sido inhabilitados mediante resolución judicial firme.
No se exige prueba de salud mental
Para obtener una licencia de caza en la Región de Murcia y en el resto de España, no se exige directamente una prueba de salud mental específica dentro del proceso de obtención de la licencia. Sin embargo, hay requisitos indirectos relacionados con la salud mental que pueden afectar la concesión del permiso como es la exigencia del permiso de armas.
El principal filtro para evaluar la aptitud psicológica de los cazadores es la necesidad de poseer una licencia de armas, que es expedida por la Guardia Civil. Para obtenerla, es obligatorio superar un examen psicotécnico, el cual incluye una evaluación psicológica destinada a detectar posibles trastornos que puedan afectar la seguridad en el uso de armas. Este reconocimiento se realiza en centros de reconocimiento médico autorizados y evalúa el estado de salud mental general del solicitante.
PP y VOX compiten por atraer al sector cazador
En la Región de Murcia, el Partido Popular (PP) y Vox han intensificado sus esfuerzos para atraer el apoyo del sector cinegético. Ambas formaciones han promovido iniciativas legislativas y políticas destinadas a fortalecer y proteger esta actividad.
Recientemente, Vox presentó un borrador de la Ley Regional de Caza con el objetivo de actualizar la normativa vigente y adaptarla a las necesidades actuales del sector. Entre las propuestas destacadas se encuentra el reconocimiento de los cazadores como deportistas, enfatizando su papel en la conservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. Además, Vox ha instado al PP a respaldar la restauración de prácticas cinegéticas tradicionales, como el tiro al pichón, que actualmente está prohibido en la región.
En mayo de 2024, PP y Vox colaboraron en la aprobación de una proposición de ley para impulsar el Pacto Murciano por la Caza. Esta iniciativa busca promover la actividad cinegética en la región e incluye medidas como la introducción de actividades extraescolares en colegios para acercar la naturaleza y la caza a los niños. Asimismo, aboga por la defensa y gestión de prácticas actualmente prohibidas por normativas estatales y europeas, como la caza de la tórtola y el silvestrismo.