La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarticulado un grupo delictivo dedicado a la gestión ilegal de residuos peligrosos en el municipio de Cehegín. En el marco de la operación ‘Atalayas’, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) han identificado a seis personas que presuntamente participaron en el almacenamiento, transporte y vertido clandestino de 50 toneladas de fibrocemento con amianto, un material altamente tóxico y prohibido en España desde 2001.
Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los recursos naturales y el medio ambiente. La investigación se inició a finales del año pasado gracias a la colaboración ciudadana, que alertó a las autoridades sobre prácticas irregulares en un almacén del casco urbano de Cehegín.
Amianto oculto bajo tierra
Las pesquisas llevaron a los agentes del SEPRONA hasta una escombrera donde se habían detectado movimientos sospechosos de tierra. Allí, los investigadores hallaron restos de material que, tras ser analizados en el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, fueron identificados como fibrocemento con amianto de los tipos crisotilo y crocidolita, sustancias altamente cancerígenas.
Según las pesquisas, los residuos fueron retirados y transportados desde un almacén por una empresa que, sin contar con la autorización necesaria, procedió a su entierro en un terreno arrendado a otra mercantil, ajena a las actividades ilícitas. Durante la inspección del almacén, los agentes comprobaron que el material había sido demolido sin seguir las normativas de seguridad exigidas.
Riesgo para la salud y el medio ambiente
El amianto es una sustancia tóxica cuya manipulación sin las debidas medidas de seguridad supone un grave riesgo para la salud pública. La exposición prolongada a sus fibras puede provocar enfermedades respiratorias como mesotelioma, cáncer de pulmón y placas pleurales, entre otras patologías. La normativa vigente en España exige que la retirada de este tipo de residuos se realice bajo estrictas condiciones y únicamente por empresas especializadas.
Sin embargo, la investigación ha revelado que la demolición, el transporte y el vertido del material se llevaron a cabo sin ningún tipo de medida de protección para los trabajadores ni para el entorno. Al menos una quincena de obreros participaron en estas labores sin la debida formación ni equipos de seguridad.
Investigados seis implicados
Como resultado de la operación ‘Atalayas’, la Guardia Civil ha instruido diligencias contra seis personas. Tres de ellas, propietarias de la empresa implicada en el transporte y vertido, enfrentan cargos por delitos contra el medio ambiente, los derechos de los trabajadores y pertenencia a organización criminal. Los otros tres investigados, exempleados de la compañía, han sido acusados de delitos medioambientales y asociación ilícita.
El área donde se realizó el vertido ilegal ha sido precintada por las autoridades y la escombrera ha quedado inhabilitada. La investigación continúa abierta para determinar si existen más personas involucradas en la trama.