La preocupación y la indignación se extienden entre los habitantes de la Región de Murcia ante la proliferación de proyectos para instalar plantas de biogás en diversos municipios. En una carta abierta dirigida a las autoridades municipales y autonómicas, firmada por diversas plataformas ciudadanas, los vecinos denuncian la falta de transparencia, la ausencia de participación ciudadana y la inexistencia de estudios rigurosos sobre el impacto ambiental y sanitario de estas instalaciones.
El documento destaca la «celeridad» con la que se están promoviendo estas plantas, muchas de ellas ubicadas cerca de zonas habitadas o entornos naturales sensibles, como el Mar Menor. Los vecinos acusan a las empresas interesadas y a ciertos cargos públicos de priorizar los intereses económicos sobre los derechos de la ciudadanía. En particular, señalan que estas empresas están motivadas por la posibilidad de perder subvenciones europeas si los proyectos no se completan antes de 2027.
Un ejemplo concreto de esta situación es el foro «Biometano: retos y oportunidades en la Región de Murcia», celebrado en diciembre y patrocinado por Sedigas. Durante el evento, representantes de la industria gasística y del biometano se quejaron de la lentitud en los trámites administrativos, sin mencionar los riesgos ni los efectos negativos de estas plantas. Los vecinos denuncian que estas instalaciones, descritas como «industrias químicas molestas», pueden tener graves consecuencias para el medio ambiente y la salud pública.
Experiencias alarmantes en otros lugares
El documento también menciona casos como el de Balsa de Ves, en Albacete, donde la instalación de una planta de biogás ha provocado un descenso del 40 % en la población. Los vecinos denuncian el impacto del digestato (un subproducto del biogás) en los campos, los malos olores y la falta de supervisión sobre el transporte y procesamiento de residuos, que incluyen tanto desechos orgánicos como industriales.
La planta albaceteña procesa un volumen de residuos muy superior al inicialmente proyectado, pasando de 19.000 toneladas a 39.000 toneladas anuales. Estos residuos incluyen purines, estiércol, restos agroalimentarios e incluso residuos industriales. «Nadie vigila, nadie analiza, nadie sanciona. El ex alcalde que autorizó la instalación se siente ahora engañado» afirman en su carta.
Las plataformas vecinales exigen la paralización inmediata de los proyectos en la Región de Murcia hasta que se establezca una normativa estatal que unifique criterios y establezca unos estándares de seguridad fiables «como una distancia lo suficientemente amplia respecto a zonas habitadas; que se cuente con la participación activa e informada de la ciudadanía de los municipios afectados; que se realicen los estudios de impacto medioambiental pertinentes, así como informes de acreditada solvencia sobre las consecuencias para nuestra salud; que, en los casos en que resulte viable la instalación y sea aceptada por la población, se establezcan protocolos de seguimiento, inspección y sanción, en previsión de que se produzcan incumplimientos del proyecto inicial, infracciones de la normativa o accidentes que puedan causar daños a la población y al entorno»
Los firmantes consideran inaceptable que estas decisiones se impongan «desde arriba», sin un análisis transparente ni la aprobación de los vecinos. Aseguran que permitir estas plantas en las condiciones actuales sería «un acto de irresponsabilidad política y social».
Advertencia a las autoridades
La carta recuerda a los cargos públicos su responsabilidad de proteger la salud, el bienestar y el futuro de los habitantes de la región. «Ningún interés empresarial puede estar por encima de la vida de las personas ni de su derecho a vivir en un entorno seguro y saludable», afirman los vecinos y advierten de que seguirán haciendo manifestaciones y emprenderán acciones legales.
Además, los vecinos denuncian que la construcción de estas plantas estaría directamente relacionada con la expansión de un modelo de producción cárnica intensiva, que consideran incompatible con los objetivos de mejora ambiental y el cuidado de los recursos naturales. “El futuro de nuestras comunidades no puede estar ligado a modelos industriales que destruyen nuestro entorno y ponen en riesgo nuestra salud”, afirman.
El futuro en juego
La carta concluye con un recordatorio contundente: las decisiones de hoy afectarán a las generaciones futuras. Los vecinos insisten en que las autoridades actuarán con responsabilidad y compromiso o enfrentarán la oposición constante de una ciudadanía alerta y organizada. «Es su obligación proteger el aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra de la que dependemos para alimentarnos», sentencian.
Con estas palabras, cientos de habitantes de la Región de Murcia reiteran su rechazo a un modelo de desarrollo que consideran insostenible y exigen un cambio de rumbo que ponga a las personas y el medio ambiente en el centro de las decisiones políticas.