La fábula de la rana y el alacrán es bien conocida: un alacrán pide a una rana que lo ayude a cruzar un río, prometiendo que no la picará porque hacerlo significaría hundirse ambos. Sin embargo, en mitad del trayecto, el alacrán la pica. Mientras se hunden, la rana le pregunta por qué lo hizo, a lo que el alacrán responde: «Es mi naturaleza».
Este relato, simple pero profundo, ilustra la dinámica actual entre la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y el Ministerio para la Transición Ecológica en el marco del proyecto de la Rambla del Albujón.
La CHS, por su naturaleza, tiende a diseñar grandes infraestructuras hidráulicas, priorizando el uso del hormigón como solución a problemas complejos. Este enfoque, profundamente arraigado en su forma de operar, choca con la visión del Ministerio, que apuesta por soluciones basadas en la naturaleza como la restauración de ecosistemas y la renaturalización de cauces. Este conflicto de visiones es el eje de la controversia que hoy paraliza el proyecto de construcción una zona de almacenamiento controlado de escorrentía (ZAC) en la Rambla del Albujón.
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, concluye que no es posible dictar una resolución clara sobre los impactos ambientales del proyecto y subraya la necesidad de buscar alternativas que respeten la dinámica natural del cauce.
Una presa en lugar de soluciones basadas en la naturaleza
El proyecto promovido por la CHS se enmarca en el Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor (MAPMM), cuyo objetivo es mitigar los efectos de la contaminación en la laguna mediante intervenciones en la cuenca hidrográfica. Sin embargo, lejos de proponer una restauración natural del ecosistema, el diseño de la CHS contempla la construcción de una compleja infraestructura hidráulica que incluye un azud de hormigón, disipadores de energía, motas de escollera y un sistema de derivación y almacenamiento de caudales en la ZAC.
El propósito del proyecto es capturar y filtrar parte de las aguas de la rambla en episodios de avenidas ordinarias, reduciendo el aporte de sólidos y contaminantes al Mar Menor. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por priorizar soluciones artificiales que alteran la dinámica natural del cauce y podrían generar más problemas de los que pretenden resolver. Según el informe, la propuesta no responde a los criterios de «soluciones basadas en la naturaleza» que el MAPMM considera fundamentales para garantizar una recuperación sostenible y resiliente del Mar Menor.
Conflicto entre administraciones
La resolución de la Dirección General evidencia un conflicto interno entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el organismo de cuenca. Mientras la CHS defiende el diseño de la presa como una solución viable para reducir los aportes contaminantes al Mar Menor, el Ministerio rechaza categóricamente la propuesta por considerarla incoherente con los objetivos del MAPMM y su apuesta por medidas más sostenibles.
El informe de la Oficina Técnica del Mar Menor, un organismo dependiente del Ministerio, critica la obra propuesta al considerar que no se alinea con los principios de restauración ecológica y que, en lugar de solucionar el problema, podría agravar la alteración de la rambla y su ecosistema asociado.
Además, señala que la infraestructura no garantiza una adecuada gestión del ciclo del agua, ya que el diseño ignora la reutilización del agua acumulada y presenta deficiencias en la capacidad de retener contaminantes como nitratos y fosfatos.
Dos enfoques
La resolución de la Dirección General evidencia las tensiones internas entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la CHS. Mientras esta última defiende el proyecto como una medida eficaz para mitigar las inundaciones y proteger el Mar Menor, el Ministerio ha rechazado categóricamente su enfoque, alegando que prioriza una infraestructura pesada de hormigón sobre la restauración ecológica del cauce.
Este enfrentamiento refleja un choque entre dos visiones: por un lado, la CHS apuesta por soluciones tradicionales, centradas en la construcción de infraestructuras hidráulicas; por otro, el Ministerio insiste en enfoques innovadores basados en la naturaleza, que buscan restaurar el equilibrio ecológico de los ecosistemas degradados.
Reacciones políticas encontradas
El conflicto ha escalado en el ámbito político, con declaraciones cruzadas entre representantes del Partido Popular y el Partido Socialista.
Al senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, le ha faltado tiempo para para arremeter contra el Ministerio de Transición Ecológica. Díez de Revenga ha criticado duramente la decisión del Ministerio, acusándolo de “poner su extremismo ideológico por encima de la seguridad de las personas”. Según el senador, el proyecto de la CHS tiene como objetivo no solo mitigar los efectos de las inundaciones, sino también proteger al Mar Menor de los arrastres de nutrientes y sedimentos que deterioran su frágil equilibrio ecológico.
“El del PSOE es un ecologismo mal entendido, porque se trata de una actuación que además protegía al Mar Menor”, lamenta Díez de Revenga. “En realidad, el Ministerio ha paralizado este proyecto contra las inundaciones por no ser suficientemente ‘verde’, al tener, según afirman, ‘demasiado hormigón’”. También califica esta postura de “sectaria y extremista”, argumentando que defender a la población de las inundaciones implica necesariamente alterar el flujo natural del agua para evitar daños catastróficos.
El senador del PP señala que la negativa del Ministerio ignora las lecciones aprendidas tras la DANA de Valencia y las recomendaciones del Panel de Expertos de 2019, que subrayaban la importancia de construir infraestructuras de defensa contra inundaciones. “Desde el Partido Popular en las Cortes Generales hemos pedido explicaciones al Ministerio y vamos a exigirle que anteponga la seguridad de las personas a sus criterios fanáticos y ultranaturalistas”, añadió.
Por su parte, la senadora socialista Mariló Flores ha respondido tajantemente, asegurando que el proyecto no está paralizado, sino en proceso de evaluación ambiental. “El Ministerio sigue trabajando junto a todas las administraciones implicadas para mejorar el proyecto, con el fin de que cumpla los objetivos previstos”, afirmó. Flores acusa al PP de tergiversar la situación para ocultar su propia inacción en la prevención de inundaciones y su gestión desastrosa del territorio.
Flores ha destacado que el Gobierno de España, a través del Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones (2022-2027), ha destinado más de 770 millones de euros para obras e infraestructuras que mitiguen los efectos de las avenidas y protejan al Mar Menor. Además, ha criticado al Gobierno regional del PP por no cumplir con sus competencias en materia de ordenación territorial y obras de protección contra inundaciones.
Impactos ambientales
Más allá del debate político, el informe de la Dirección General resalta las dudas sobre los impactos del proyecto en el ecosistema de la Rambla del Albujón. Según el Ministerio, las infraestructuras propuestas podrían alterar negativamente la morfología y la dinámica hidrológica del cauce, comprometiendo la regeneración de los humedales aguas abajo y agravando los problemas existentes en lugar de resolverlos.
En paralelo, la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia ha presentado 22 condiciones al diseño, incluyendo la necesidad de modificar la configuración de la ZAC.
La Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, concluye «no resulta posible determinar con claridad los posibles efectos del proyecto sobre el medio ambiente, principalmente sobre la Rambla del Albujón, existiendo dudas y opiniones contrapuestas sobre los posibles efectos sobre su hidrología, morfología y biodiversidad asociada. Asimismo, se cuestiona la coherencia del proyecto con los objetivos y criterios del Marco de Actuaciones Prioritarias para la recuperación del Mar Menor por la Oficina Técnica, por lo que esta Dirección General no dispone de elementos de juicio suficientes para determinar la necesidad o no de su sometimiento a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria«.
El proyecto, por tanto, permanece en suspenso, reflejando así la dificultad de alcanzar un consenso en una cuestión tan compleja como la gestión del agua y el territorio en un entorno tan sensible y degradado como el Mar Menor.
Para organizaciones como Ecologistas en Acción «construir obra civil y de hormigón en un cauce como el del Albujón es involucionar supone un gasto desmedido y no va a resolver ningún problema ambiental todo lo contrario».