La economía sumergida continúa siendo una de las principales amenazas para el desarrollo económico de la Región de Murcia. A pesar de los esfuerzos en los últimos años por reducir el fraude laboral y fiscal, la comunidad se mantiene entre las regiones con mayores tasas de irregularidad, con un 17,4% del PIB regional vinculado a actividades no declaradas.
Esta cifra que recoge un reciente informe del Consejo Económico y Social (CES), coloca a la Región de Murcia en el puesto 14 de las comunidades autónomas, muy por encima de la media nacional.
Se estima que la economía sumergida en la Región de Murcia supone entre 5.600 y 6.900 millones de euros anuales. Este monto equivale a cuatro veces el valor añadido bruto del sector agrícola regional y más de tres veces el gasto en sanidad del presupuesto regional.
El documento del CES, que analiza la evolución de la economía regional entre 2014 y 2022, refleja que, aunque la economía sumergida ha descendido en toda España un 27,8% en las últimas dos décadas, en la Región de Murcia esta reducción ha sido solo del 20,5%. Esta brecha en la reducción del fraude revela la existencia de factores estructurales que perpetúan esta situación.
467.000 personas en situación de exclusión social
La economía sumergida no solo afecta a las arcas públicas, privándolas de ingresos fiscales esenciales, sino que también perpetúa la precarización laboral, perpetúa un círculo vicioso de desigualdad que afecta a los trabajadores más vulnerables, como inmigrantes, jóvenes sin estudios y mujeres en sectores poco regulados. Murcia es la quinta comunidad con mayor tasa de exclusión social (30,5%), lo que afecta a 467.000 personas. El 49,9% de los extranjeros residentes están en riesgo de pobreza, frente al 20,6% de los españoles.
La economía sumergida también distorsiona la competencia empresarial. Las empresas que operan en la legalidad se ven obligadas a competir con aquellas que eluden impuestos y recortan costes a través de la explotación de trabajadores sin contratos formales ni cotización a la Seguridad Social.
El informe del CES apunta que sectores tradicionales como la agricultura, la hostelería y el servicio doméstico concentran la mayor parte de la actividad no declarada. Estas ramas productivas, caracterizadas por la temporalidad y la escasa formación requerida, presentan altos niveles de precarización y dificultades para cumplir con la normativa laboral.
El papel de la Inspección de Trabajo
El informe revela que, entre 2019 y 2022, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) detectó infracciones en el 4,2% de la población activa de la Región de Murcia, 1,8 puntos por encima de la media nacional. Esta elevada tasa de irregularidades sitúa a Murcia en el segundo lugar del país, solo por detrás de Cataluña. Sin embargo, el importe medio de las sanciones impuestas es inferior a la media española, lo que podría estar contribuyendo a la persistencia del problema.
A pesar de contar con una ratio de inspectores cercana al estándar recomendado por la Unión Europea (0,96 inspectores por cada 10.000 activos), el informe del CES advierte de que la falta de autonomía programática en la delegación regional de la ITSS limita la capacidad para abordar de manera eficaz las particularidades del fraude laboral en Murcia.
Percepción social y normalización del fraude
Otro de los puntos destacados del informe es la percepción social en torno a la economía sumergida. Las encuestas realizadas reflejan que una mayoría de los murcianos considera que las irregularidades laborales y fiscales están más extendidas en la región que en el resto de España. La falta de empleo regular y los bajos salarios son señalados como los principales factores que empujan a los trabajadores a aceptar condiciones precarias.
El sector agrícola lidera la lista de actividades con mayor incidencia de irregularidades, seguido por la hostelería y el servicio doméstico. Los colectivos más afectados son los inmigrantes, los parados sin prestaciones y los jóvenes que abandonan sus estudios, lo que perpetúa las brechas sociales y económicas.
¿Qué causas señala el CES?
Bajos niveles de productividad en sectores clave de la economía murciana: la productividad regional se mantiene en torno al 85% de la media nacional, lo que repercute en salarios más bajos y una mayor tendencia al fraude. Baja productividad significa baja capacidad de generar rentas y esto aumenta la propensión a las irregularidades laborales para reducir costes.
Elevada temporalidad: aunque las reformas laborales han reducido drásticamente la contratación temporal en los últimos años, todavía persisten prácticas irregulares en el sector privado, especialmente en la agricultura y la construcción.
Falta de diversificación económica: el informe subraya que la economía murciana depende en gran medida de sectores tradicionales, mientras que las industrias avanzadas y de mayor valor añadido tienen una presencia marginal.
Prácticas irregulares
Los encuestados identifican como prácticas más comunes: no compensación de las horas extra, cobro parcial de salarios fuera de nómina, superación de la jornada laboral legal o pactada e irregularidades fiscales de las empresas.
Por otra parte, el desempleo y la falta de oportunidades son percibidos como los principales factores que llevan a los trabajadores a aceptar condiciones laborales precarias. A su vez, los empleadores señalan el elevado coste de las cotizaciones sociales y la presión fiscal como los principales motivos que los empujan a recurrir a prácticas irregulares.
Mayor tasa de trabajadores pobres
Según el informe del CES, las consecuencias más relevantes de la economía sumergida son:
- Precarización del empleo: los trabajadores que operan en la economía sumergida carecen de derechos laborales, lo que los deja expuestos a situaciones de explotación y aumenta el riesgo de exclusión social.
- Desigualdad y pobreza laboral: Murcia se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor tasa de trabajadores pobres (14,1%), lo que refleja el impacto del empleo irregular en la calidad de vida de la población.
- Competencia desleal: las empresas que incumplen la normativa laboral obtienen ventajas competitivas sobre aquellas que operan legalmente, generando distorsiones en el mercado.
Propuestas para combatir la economía sumergida
La economía sumergida no solo limita el crecimiento económico, sino que perpetúa las desigualdades sociales, afectando especialmente a los colectivos más vulnerables.
El informe del CES presenta una serie de recomendaciones para reducir la economía sumergida en la Región de Murcia. Las principales propuestas incluyen:
- Refuerzo de la Inspección de Trabajo: aumentar la plantilla de inspectores y dotarlos de mayor autonomía para actuar en sectores y territorios con alta incidencia de fraude.
- Interconexión de bases de datos: mejorar la coordinación entre administraciones para facilitar la detección de irregularidades fiscales y laborales.
- Simplificación administrativa: reducir los trámites burocráticos para fomentar la formalización de pequeñas empresas y autónomos.
- Formación y sensibilización: lanzar campañas educativas dirigidas a trabajadores y empleadores sobre los riesgos y consecuencias del fraude laboral.
- Apoyo a colectivos vulnerables: implementar políticas activas de empleo y programas de inserción laboral para reducir la dependencia de sectores con alta economía sumergida.
El informe del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia es, sin duda, una llamada de atención a las autoridades regionales para que intensifiquen sus esfuerzos en la erradicación de estas prácticas, promoviendo un mercado laboral más justo, transparente y competitivo.