El ‘caso Topillo’ investiga la contaminación del Mar Menor debido a vertidos ilegales de salmuera procedentes de desalobradoras utilizadas en explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena. Esta causa se inició en 2017 a instancias de la Fiscalía y se ha dividido en 39 piezas separadas para su enjuiciamiento.
En septiembre de 2024, se dictó la primera sentencia tras un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y un empresario agrícola acusado. Este empresario, identificado como Francisco Roca León, fue condenado a un año de prisión (que no cumplirá al carecer de antecedentes penales), una multa de 1.500 euros y una indemnización al Estado de más de 17.000 euros.
Francisco Roca León, propietario de una finca en la diputación cartagenera de La Puebla y presidente de la Comunidad de Regantes Isidoro García Ráez-, asumió la autoría de los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
Se le consideró culpable de un delito imprudente contra el medio ambiente por verter aproximadamente 68.000 metros cúbicos de salmuera al Mar Menor durante casi tres años, utilizando una desalobradora ilegal para regar una superficie de más de 130 hectáreas en la diputación de La Puebla, en Cartagena.
Protestas contra la impunidad
Esta sentencia ha generado controversia y críticas por parte de organizaciones ecologistas y sectores de la sociedad civil, que la consideran insuficiente y temen que siente un precedente para las restantes piezas del caso. El pasado 28 de diciembre de 2024, representantes de ocho organizaciones se concentraron ante el Palacio de Justicia de Murcia para protestar contra lo que califican como una «broma de mal gusto» por la levedad de la sanción impuesta en comparación con el daño ambiental causado al Mar Menor.
Las organizaciones convocantes: Abracemos al Mar Menor, Alianza Mar Menor Amarme, Banderas Negras, Ecologistas en Acción Región de Murcia, Greenpeace, SEO/BirdLife, Stop Ecocidio y Yayo Flautas Murcia exigen justicia para el Mar Menor. «Si los asesinos del Mar Menor salen impunes, seguirá todo igual y los ecocidios de 2019 y 2021 volverán a repetirse».
La frustración que sienten muchos ciudadanos y colectivos ante la impunidad de quienes contaminan el Mar Menor es profunda y persistente. Durante años, este ecosistema único ha sido víctima de vertidos ilegales, prácticas agrícolas descontroladas y la falta de medidas efectivas por parte de las administraciones. El deterioro del Mar Menor no es solo una catástrofe ambiental, sino también un reflejo de la desconexión entre la sociedad y quienes deberían proteger nuestros recursos naturales.
Cuando se dictan sentencias leves, la frustración se convierte en indignación. Las personas que aman y defienden el Mar Menor se preguntan: ¿Cómo es posible que quienes destruyen impunemente un bien común no asuman la responsabilidad de sus actos?
Los ciudadanos no solo exigen justicia por el pasado, sino también garantías para el futuro. Quieren ver medidas reales que prevengan nuevos desastres, y que quienes han contribuido a la degradación del Mar Menor no puedan volver a actuar con impunidad.
El ‘caso Topillo’ continúa su curso con las restantes piezas pendientes de juicio, en las que se investiga a diversas empresas agrícolas y responsables públicos por su presunta implicación en la grave degradación del del Mar Menor.