La memoria histórica es fundamental para aprender del pasado, prevenir errores futuros y honrar a las víctimas. Sin embargo, el Partido Popular de Murcia parece empeñado en borrar las huellas del horror que se vivió en la cárcel vieja de la ciudad pese a que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha iniciado el proceso para nombrar la cárcel como lugar de memoria.
El proyecto de rehabilitación de la Cárcel Vieja de Murcia, la segunda fase de las obras, ha desencadenado una intensa controversia entre el Ayuntamiento de Murcia y las asociaciones de memoria histórica. La antigua cárcel fue testigo de la represión franquista y del fusilamiento de cientos de presos políticos y el consistorio murciano quiere convertirla en un gastrobar con espacios para realizar performance y conciertos.
Si el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática no lo impide, pronto no quedará ni rastro de los muros en los que fueron fusiladas más de 500 personas. La pala habrá enterrado muy pronto la memoria del horror que allí se sufrió.
Piden cautelares para detener el derribo de los muros
El conflicto estalló tras conocerse que el Ayuntamiento de Murcia adjudicó, el pasado 14 de noviembre, un contrato de obras por valor de 3,78 millones de euros para la rehabilitación del edificio. La empresa ENEAS Servicios Integrales, S.A. se encarga de ejecutar el proyecto, financiado por el Fondo de Recuperación Next Generation de la Unión Europea. El plan contempla el derribo de los muros exteriores de la prisión y el vaciado de su interior, con el objetivo de transformar el inmueble en un espacio multiusos para la ciudad.
Sin embargo, la Asociación para la Memoria del Sureste ha presentado alegaciones formales ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, solicitando medidas cautelares urgentes para detener el derribo de los muros. El colectivo considera que esta intervención supone un “borrado irreversible” de la memoria del lugar, despojándolo de su identidad como espacio de represión y sufrimiento durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
En sus alegaciones mencionan específicamente el caso de Macedonio Serrano Ortega, el último recluso ejecutado en la prisión el 13 de noviembre de 1948, once años después de que las tropas franquistas tomaran Murcia.
Según la Asociación para la Memoria del Sureste hubo fusilamientos arbitrarios, como los del 18 de enero de 1940, cuando fue hallada una revista comunista dentro de la prisión. Otros historiadores destacan que hubo fusilamientos en los patios, en presencia del resto de los prisioneros, quienes eran obligados a desfilar sobre los cadáveres.
”La demolición de los muros carcelarios perimetral es y la reconversión del lugar en un espacio para usos comerciales, como la instalación de una cafetería con terraza y la organización de eventos y performances, constituye una grave descontextualización y tentado de la memoria democrática del lugar, de las víctimas y del país. Este enfoque mercantilista no solo desvirtúa la naturaleza del bien, sino que muestra un desprecio por el sufrimiento de las víctimas de la represión franquista que fueron encarceladas, torturadas y fusiladas en este lugar. Los muros perimetrales fueron testigos de más de 520 fusilamientos documentados” dicen en sus alegaciones.
La Asociación para la Memoria del Sureste no es la única que ha presentado recursos da alzada ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del que es titular Ángel Víctor Torres. Una veintena de asociaciones llevan desde julio pidiendo sin éxito al ministerio que adopté medidas cautelares que frenen las obras y el derribo de los muros que ha ordenado el Ayuntamiento de Murcia capitaneado por Ballesta. Entre las entidades que han alegado está el propio PSOE de la Región de Murcia al que el Ministerio está ignorando mientras avanzan las obras.
La diputada socialista en la Asamblea Regional, Lola Jara, ha declarado que la cárcel vieja «debe ser un espacio que rinda tributo a aquellos que sufrieron persecución por motivos ideológicos. No tiene ningún sentido que sepamos cómo vivían los romanos y no cómo vivían nuestros abuelos».
Sin embargo, desde la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia aseguran que «apenas hubo fusilamientos en la cárcel vieja de Murcia» ya que «la gran mayoría de ellos se ejecutaron en el Cementerio Nuestro Padre Jesús de Espinardo o en el paraje de El Tiro».
Un intento de borrado histórico
Antonio Martínez Ovejero, historiador y ex preso político, también ha presentado un extenso documento de alegaciones contra el proyecto de rehabilitación de la Antigua Prisión Provincial de Murcia (Cárcel Vieja). En su escrito dirigido al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Ovejero advierte que que el plan impulsado por el Ayuntamiento de Murcia amenaza con desdibujar la memoria histórica del lugar, diluyendo su carácter represivo y simbólico.
En su alegato, dirigido a la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, Ovejero subraya la importancia de conservar los elementos físicos que recuerdan el uso penitenciario y represivo del edificio durante la dictadura franquista. “La prisión no es solo un edificio, es un testigo silencioso de la represión que no podemos permitirnos olvidar”, afirma.
Al menos 520 fusilados en sus muros
La Antigua Prisión Provincial de Murcia fue inaugurada en 1929 y se convirtió, tras el golpe de Estado de 1936 y durante el franquismo, en uno de los principales centros de detención de la Región de Murcia. Según un informe del departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, en 1940 la prisión llegó a albergar a más de 2.100 reclusos, a pesar de haber sido diseñada para una capacidad máxima de 350. El hacinamiento, las torturas, el hambre y las enfermedades eran parte del día a día de los internos
Durante los años más oscuros de la represión franquista, al menos 520 personas fueron fusiladas en los muros de la cárcel. Otros fueron víctimas de ejecuciones arbitrarias, en lo que historiadores califican como una «estrategia de terror» destinada a silenciar cualquier disidencia política. La prisión también fue testigo de violaciones, torturas y trabajos forzados, consolidándose como un emblema del aparato represivo del régimen franquista que el PP de Murcia quiere borrar. Se estima que el número aproximado de fallecidos por enfermedad, malos tratos o suicido ascendió a 536 hombres y 16 mujeres.
Entre 1940 y 1944, las mujeres presas en la cárcel vieja alcanzó el número de 1.248, el 14% del total de los internos de la prisión, algunas de ellas con niños menores de 3 años con ellas que ocupaban las celdas de las primera planta. Algunas de ellas fueron ejecutadas en esos muros que el Ayuntamiento de Murcia quiere borrar.
Es el caso de Nieves Calvo Villa, concejala de Caravaca por el PCE. Tenía 27 años y era madre de cuatro hijos. Fue condenada a la pena de muerte estando embarazada de su última hija. Fue ejecutada el 10 de octubre de 1940 por un pelotón del XVIII Regimiento de Artillería de Murcia. No hubo perdón, a pesar de que no fue responsable de ningún delito de sangre.
El proyecto del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Murcia argumenta que el proyecto de rehabilitación busca revitalizar un espacio abandonado durante décadas. La iniciativa prevé demoler los muros carcelarios y transformar el interior en un centro cultural y de ocio, con la incorporación de oficinas, salas polivalentes e incluso una cafetería gastrobar con terraza. Según la administración local, esta transformación permitirá que el espacio tenga “una nueva vida útil y abierta a la ciudadanía”.
El consistorio defiende que el edificio está protegido con grado 2 dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que permite obras de conservación y rehabilitación. Además, se han comprometido a mantener un espacio conmemorativo y a instalar recursos digitales y audiovisuales que expliquen la historia de la prisión
Sin embargo, desde la Asociación para la Memoria del Sureste, denuncian que estas medidas no son suficientes. “Una cárcel sin muros no es una cárcel. Al eliminar los elementos físicos más icónicos, se pierde la esencia de lo que este lugar representa”, señala el portavoz de la asociación. Aseguran que el derribo de los muros borra la conexión visual y emocional con los horrores que allí se vivieron, descontextualizando por completo el espacio.
Petición de paralización de las obras
En sus alegaciones, la Asociación para la Memoria del Sureste y veinte organizaciones más han solicitado al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que se modifique la resolución del 24 de junio de 2024, la cual incoó el procedimiento para declarar la prisión como Lugar de Memoria Democrática. Exigen que se incluyan expresamente medidas provisionales para paralizar cualquier intervención que implique el derribo de los muros o alteraciones estructurales del edificio.
La asociación subraya que el artículo 52 de la Ley de Memoria Democrática establece que las administraciones públicas deben evitar la destrucción o alteración de los vestigios de la represión franquista. Citan ejemplos de otros lugares de memoria en España donde se han adoptado medidas cautelares para preservar elementos arquitectónicos significativos.
El Ministerio abre un periodo de información pública
Ante la presión social y los más de veinte recursos de alzada presentados en julio, la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática abrió el pasado 24 de noviembre un periodo de información pública, permitiendo que ciudadanos y entidades puedan presentar sus opiniones y recursos antes de que se tome una decisión definitiva, pero no ha ordenado paralizar las obras que ya han comenzado.
Un Ministerio sin medios
El Director General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, Jaime del Rey Gómez-Morata, reconoció el pasado mes de febrero en respuesta a una queja ciudadana que no disponen de medios suficientes en el Ministerio para tramitar a tiempo los 40 expedientes de Declaración de Memoria Democrática impulsados de oficio y a instancias de parte. RRNEWS ha tenido acceso a una comunicación en la que el propio Ministerio reconoce que la plantilla asignada es “exigua” para a hacer frente a la carga de trabajo.
Todo esto sucede a las puertas del inicio de los actos organizados por el Gobierno de España por el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.
Mucho más que un edificio
La Antigua Prisión Provincial de Murcia es mucho más que un edificio. Para algunos representa una oportunidad de regeneración urbana; para otros, es un símbolo de resistencia que no debe ser alterado. La disputa en torno a su futuro es reflejo de un debate más amplio sobre cómo España debe gestionar su memoria histórica y qué vestigios del pasado deben preservarse como recordatorio de un pasado terrible que no debieras olvidar para no repetirlo.