Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA, junto con FECOAM y PROEXPORT, han presentado una propuesta para modificar la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor que el Gobierno de López Miras está dispuesto a estudiar. Detrás de esta iniciativa subyace la intención de reducir las sanciones y flexibilizar normativas tras años de incumplimientos reiterados y una falta de control efectivo por parte del Gobierno regional, que ha favorecido la degradación de la laguna.
Numerosos informes han documentado cómo las prácticas agrarias intensivas en la comarca del Campo de Cartagena han contribuido a la eutrofización del Mar Menor, impulsadas por el vertido descontrolado de nitratos y otras sustancias contaminantes. A pesar de las restricciones legales, los vertidos continúan con el amparo de una administración permisiva que sigue evitado aplicar medidas contundentes. El Gobierno de López Miras sigue sin aprobar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente, tampoco ha aprobado un plan para evitar la contaminación por nitratos en una zona especialmente sensible.
La propuesta de los agricultores busca limitar las inspecciones y reducir el impacto económico de las sanciones, argumentando una «hiperregulación» que consideran desproporcionada. Sin embargo, expertos medioambientales advierten de que esta narrativa oculta el incumplimiento sistemático de normas básicas de protección ambiental.
¿Qué piden?
1-Reducción de sanciones: los agricultores proponen reducir el importe de las multas por infracciones leves, graves y muy graves. Argumentan que las sanciones actuales son desproporcionadas y afectan gravemente a las economías locales.
2-Inspecciones más limitadas: se solicita la implantación de un sistema de inspección única anual para evitar revisiones repetitivas. La propuesta plantea que todas las inspecciones se concentren en una única visita anual.
3-Flexibilidad para explotaciones mixtas: la modificación sugiere diferenciar entre parcelas de secano y regadío a la hora de calcular la reserva de suelo obligatorio. En el caso de explotaciones mixtas, se aplicaría un 20% de reserva sobre las parcelas de regadío y un 5% sobre las de secano.
4-Exención de obligaciones para invernaderos pequeños: los agricultores buscan eximir a los invernaderos de menos de 0,5 hectáreas de la obligación de construir sistemas de recogida de agua de lluvia.
5-Ajustes en la aplicación de purines y estiércol: se plantea la posibilidad de gestionar los purines a través de valorización agronómica en lugar de trasladarlos a instalaciones autorizadas, lo que reduciría costes y facilitaría la gestión agraria.
6-Mantenimiento de ayudas y subvenciones: los agricultores proponen eliminar la sanción accesoria que implica la pérdida de ayudas o subvenciones durante dos años tras cometer infracciones graves o muy graves. Argumentan que esta medida es desproporcionada y castiga doblemente a los productores, dificultando su capacidad de inversión en tecnologías sostenibles para cumplir con la ley.
7-Modificaciones para la zona más cercana al Mar Menor: Se propone reducir la superficie de reserva de suelo obligatorio del 20% al 5% en las explotaciones de secano situadas dentro de la franja de 1.500 metros alrededor del Mar Menor. Además, sugieren que se permita utilizar todas las prácticas del artículo 37 de la ley (cubiertas vegetales, reforestación, etc.) para cumplir con la reserva, argumentando que estas medidas también contribuyen a la retención de agua y nutrientes.
8-Uso de barreras vegetales: proponen que las barreras vegetales no sean obligatorias en parcelas con pendientes inferiores al 2%, argumentando que su efectividad en la retención de escorrentías es mínima en estas condiciones. Además, sugieren eximir de esta obligación a parcelas con estructuras de invernadero, ya que estas instalaciones ya cuentan con sistemas de recogida de agua.
9-Flexibilización para explotaciones ganaderas: se plantea permitir la ampliación de explotaciones ganaderas en la zona 2 del Mar Menor, siempre que no supongan un incremento de la carga ganadera. También proponen que las balsas de purines puedan utilizar sistemas de impermeabilización natural, como estudios geotécnicos que acrediten la estanqueidad del terreno, en lugar de láminas plásticas. ¿Cómo lo justifican? Los proponentes se remiten a los estudios realizados por Ángel Faz de la UPCT y pagados por la CARM sobre la supuesta impermeabilización natural en las balsas de purines en el Campo de Cartagena.
Un sector acostumbrado a la impunidad
Durante décadas, el sector agrario en la cuenca del Mar Menor ha operado con una notable falta de control y regulación efectiva, expandiendo sus cultivos y explotaciones sin prestar atención a las consecuencias ambientales. La sobreexplotación de los recursos hídricos, el vertido de nitratos y la destrucción de barreras naturales han contribuido de forma directa al deterioro del frágil ecosistema lagunar.
A pesar de la aprobación de leyes y normativas en respuesta a la crisis ecológica del Mar Menor, muchas de estas medidas se han visto obstaculizadas por la resistencia de un sector que ha priorizado el beneficio económico por encima de la sostenibilidad. La impunidad con la que han operado ha generado una sensación de privilegio que ahora, frente a sanciones más estrictas, busca revertirse mediante modificaciones legislativas.
La impunidad con la que han operado ha necesitado de un colaborador necesario y ese ha sido el Partido Popular que gobierna la Región de Murcia desde hace 30 años que, entre otras cosas, propició la expansión del regadío ilegal que más tarde negó pese a las evidencias y las denuncias de organizaciones ecologistas como ANSE.
Las medidas implementadas por el MITECO
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) estima que la eliminación de 9000 hectáreas de regadío ilegal en torno al Mar Menor ha disminuido en aproximadamente 500 toneladas de nitratos la contaminación entre 2022 y 2023, aunque aún queda mucho para eliminación total de los nitratos.
Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Segura ha implementado medidas cautelares para frenar la contaminación del acuífero contra las que también se rebela el sector agrícola. Critican la burocracia que supone acreditar que están cumpliendo las medidas cautelares y que no contaminan el acuífero.
El organismo de cuenca ha tenido que advertir en varias ocasiones de que las medidas cautelares de protección de la masa subterránea campo de Cartagena estarán vigentes en tanto no se constate la no afección al acuífero cuaternario por la contaminación por nitratos por parte de las actividades agrarias y ganaderas.