Uno de las barandillas del cauce del río Segura, a la altura del viejo Palacio de Justicia de Murcia, ha amanecido con dos pancartas en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial que libra de la cárcel a 13 acusados por prostituir y abusar de menores en Murcia a las que captaban a las puertas de centros educativos como el instituto La Consolación de Espinardo y de discotecas light de la ciudad.
Las pancartas han sido inmediatamente retiradas. Evidentemente, resultaban molestas porque como recuerda el colectivo Fuste en un duro comunicado «esa sentencia muestra la persistencia de patrones machistas en la administración de justicia murciana y española» porque una sentencia machista no es justicia.
El Ministerio Público prometió en 2022 una circular para evitar los pactos que están librando de la cárcel a violadores porque los acuerdos de conformidad entre las acusaciones y los acusados para evitar el juicio son una posibilidad recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Esa circular aún no ha visto la luz.
Y esto está provocando noticias realmente escandalosas y alarmantes como la que libra de la cárcel a 7 empresarios de la Región de Murcia y a 6 proxenetas por prostituir y abusar de menores adolescentes, de entre 15 y 17 años, a las que captaban a la puerta del instituto La Consolación de Espinardo o en discotecas light de la ciudad.
Los 13 acusados (empresarios y proxenetas) no pisarán la cárcel tras llegar a un acuerdo de conformidad que rebaja sustancialmente las condenas. Solo pagarán entre 500 y 2000 euros de multa. Los hechos ocurrieron en 2014, la justicia ha tardado una década en sentarlos en el banquillo, una década y la dilación ha servido de atenuante. Los empresarios acusados, que en ningún momento intentaron ocultar sus rostros, pedían chicas «jóvenes y nuevas».
Lo alarmante es que en la Región de Murcia llueve sobre mojado. La hemeroteca, lamentablemente, está repleta de sentencias de la Audiencia Provincial de la Región de Murcia que causan indignación y estupor. Sentencias que apuntan al sesgo machista de algunos jueces, sesgo que el Presidente del TSJ, Miguel Pascual del Riquelme, niega rotundamente.
Hace solo tres meses conocimos que un profesor de Educación Física condenado a 7 años de cárcel por abusar durante años de cinco menores evita la prisión a cambio de no volver a delinquir y una multa de 900€.
El pasado mes de mayo conocimos que un hombre de 30 años violó a una mujer en su coche a la salida de una discoteca. Su condena: un cursillo de educación sexual.
El pasado mes de julio conocimos el caso de un joven que violó a su exnovia tras someterla con sumisión química. Le bastó con admitir los hechos para no entrar en prisión. La sentencia de la Audiencia Provincial advierte de que si el individuo delinque de aquí a 2029, ingresará en prisión.
En febrero de este año también conocimos el caso de un joven de 20 años que agredió sexualmente a su prima de tan solo 5 años. Los abusos se produjeron en una casa de campo, donde la familia pasaba las vacaciones. Tampoco fue a la cárcel. «El acusado ha confesado libre, consciente y voluntariamente los hechos, y ha consignado la suma de 6.000 euros, a modo de reparación del daño causado», consta en la resolución judicial.
Sentencia de agosto de 2023. Un hombre que admitió ante el juez haber agredido sexualmente a una menor de 13 años que acudió a su casa a comprarle marihuana fue condenado a dos años de prisión, aunque no entró en la cárcel con la condición de asistir a un curso de reeducación sexual, de no delinquir en un lustro y de indemnizar con 600 euros a su víctima.
Y por supuesto, tampoco entró en la cárcel el violador confeso de una jornalera del campo de Mula (Región de Murcia). El acuerdo entre el capataz, la Fiscalía y la acusación particular, le libró de la cárcel tras admitir haber violado a la trabajadora a la que amenazó con despedirla si contaba lo ocurrido. Solo tuvo que pagar una multa de 6000 euros y acudir a un curso de educación sexual. La noticia es de agosto de 2022.
En los últimos años hemos sido testigos de pactos y de sentencias que han librado de la cárcel a violadores y agresores sexuales a cambio del pago de multas o la asistencia a cursos de reeducación sexual. Estas decisiones han suscitado una ola de indignación y preocupación entre la ciudadanía, que cuestiona no solo la efectividad de las penas, sino también la credibilidad y legitimidad de un sistema que, en teoría, debe proteger a las víctimas y garantizar la justicia.
Una de las críticas más feroces se centra en la lentitud de la justicia. Los procesos judiciales en casos de violencia sexual, ya de por sí desgastantes para las víctimas, suelen alargarse durante meses o incluso años, lo que añade una carga emocional insoportable a quienes ya han sufrido agresiones devastadoras. En este contexto, las recientes sentencias que sustituyen la cárcel por castigos alternativos parecen un agravio añadido: no solo se tarda en llegar a una condena, sino que, cuando finalmente se dicta, la sanción parece ser poco más que simbólica.
La idea de que un agresor pueda «reformarse» a través de un curso de reeducación sexual es, cuando menos, cuestionable. Estas medidas, aunque necesarias como complemento a otras sanciones, no deberían ser un sustituto de las penas privativas de libertad en casos de delitos tan graves como la violación.
El mensaje que se está enviando es profundamente problemático: los delitos sexuales, que destruyen vidas y perpetúan dinámicas de poder y violencia, pueden ser tratados como una falta menor, solucionable con dinero o con una breve intervención educativa. Este enfoque relativiza el impacto de las agresiones sexuales y minimiza el sufrimiento de las víctimas, perpetuando una cultura de impunidad que normaliza la violencia de género. La violencia de género que solo este año ha acabado con la vida en España de 35 mujeres y 10 menores y ha dejado huérfanos a 24 niños.
