El aeropuerto de Corvera, en la Región de Murcia, sigue siendo motivo de polémica debido a las pérdidas económicas que ha generado. Esta vez, el abogado José Luis Mazón ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Murcia en representación de la Asociación Preeminencia del Derecho, por la presunta dejación de funciones de la administración regional. Según Mazón, el Gobierno murciano dejó prescribir una reclamación de 36,2 millones de euros a favor de conocidos empresarios, lo que podría constituir un caso de prevaricación.
«Esto huele a una dejación voluntaria y por tanto prevaricación en posible concurso con imprudencia temeraria o dolosa por cuanto al abogado que deja pasar un plazo se le puede incriminar como delito de prevaricacion o deslealdad. Más obvio aún si es un funcionario el que deja que 36 millones de euros no se recuperen para engordar el patrimonio de unos peces gordos que habitualmente hacen tratos con el PP por debajo de las mesas para financiar sus cuentas ocultas» argumenta Mazón en su denuncia.
El Ministerio Público deberá decidir si abre diligencias para investigar lo que Mazón describe como una «dejación voluntaria», acusando a la administración de permitir que esos millones beneficien a grandes fortunas de la región, entre las que se encuentran las empresas Sacyr, Grupo Fuertes (ElPozo) y la familia Montoro Muñoz (Monthisa). La denuncia se produce tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) de desestimar la reclamación del Gobierno autonómico por haberse presentado fuera de plazo.
El fallo del TSJMU señala que el Gobierno murciano presentó la reclamación en 2019, seis años después de que la relación contractual con Aeromur, concesionaria de la construcción del aeropuerto, finalizara en 2013. El tribunal establece que el plazo legal para este tipo de reclamaciones es de tres meses desde la rescisión del contrato. Al no haberse respetado este plazo, los empresarios no deberán devolver ni un euro a las arcas públicas.
En su denuncia, Mazón cuestiona también la actuación del tribunal, sugiriendo que el plazo de tres meses podría no ser correcto, ya que, según él, el plazo general de reclamación es de cinco años, lo que introduce dudas sobre la sentencia. El abogado plantea que esta situación refleja «acuerdos ocultos» entre empresarios y el Partido Popular, insinuando posibles irregularidades.
«En esta Murcia de charanga y pandereta los jueces no están libres de sospecha y no solo López Miras puede haber trajinado con los picatostes favorecidos» dice Mazón «puesto que estamos ante una estructura institucional que echa pestes por los cuatro costados y la fiscalía no es ignorante de estas trapacerías».
Podemos denuncia un «favor» a las grandes fortunas
Desde Podemos-IUVRM-AV han expresado su indignación ante lo que consideran un “favorazo” a los grandes empresarios de la región. Víctor Egío, diputado de Podemos, criticó que «cuando se trata de una multa a un ciudadano, la administración no olvida cobrarla», pero que con empresas como Sacyr, Grupo Fuertes y Monthisa, “surgen los problemas”. El partido ha anunciado que solicitará la creación de una comisión de investigación en la Asamblea Regional para identificar a los responsables de la liquidación fallida y exigir la recuperación del dinero.
Por su parte, el PSRM-PSOE ha confirmado que pedirá la celebración de un pleno monográfico para abordar el tema y exigir explicaciones al Gobierno regional sobre la gestión de este proceso.
Esta nueva controversia en torno al aeropuerto de Corvera sigue afectando a las cuentas públicas de la región, que ya se han visto golpeadas por los problemas financieros vinculados a esta infraestructura desde su construcción.
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