La operación urbanística que dio lugar a Lorca Golf Resort, ubicado en el Paraje Villarreal (Lorca) y perteneciente al grupo catalán Alze, ha estado marcada por la controversia desde sus inicios. Ahora, la situación ha tomado un giro más oscuro con el masivo robo de agua que se ha prolongado durante 17 años, secando cinco manantiales y causando daños ambientales valorados en 65 millones de euros, según la Guardia Civil.
Al frente de la gerencia del campo de golf de Lorca está Ignacio Simancas, quien comenzó su carrera en 2005 en Roda Golf y trabajó en la empresa Polaris. Simancas también ocupa el cargo de vicepresidente de la Asociación Española de Gerentes de Golf.
La investigación en curso ha dejado al descubierto no solo el presunto robo de agua, sino también la falta de control por parte de las autoridades competentes, tanto de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) como de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, evidenciando un patrón de actuación común en los pelotazos urbanísticos que proliferaron durante el boom inmobiliario.
Alusiones en caso Pretoria de corrupción
Para empezar, la compra de los terrenos aledaños a la Sierra de la Almenara, en el año 2000, donde se construyó el campo de golf de 18 hoyos con todos los parabienes del Gobierno regional del Partido Popular de Ramón Luis Valcárcel y del consistorio lorquino no fue del todo lícita.
Según se desprende del sumario judicial del caso Pretoria de corrupción urbanística al que ha tenido acceso RRNews «adicionalmente al precio que se hizo constar en la escritura, se hizo un pago en «B» de 150 millones de pesetas». El sumario judicial alude a la familia Dalmau propietaria del grupo empresarial Alze, empresa familiar fundada en 1968 dedicada principalmente a la promoción inmobiliaria que en los años 90 entraron en el mundo del golf.
El Caso Pretoria, que se inició en 2009 impulsado por el juez Baltasar Garzón, es un caso de corrupción urbanística que involucró a políticos, empresarios y funcionarios principalmente en Cataluña. Este caso se centró en delitos como soborno, blanqueo de dinero y fraude, relacionados con operaciones urbanísticas irregulares. Los sentenciados por la Audiencia Nacional en lugar de favorecer el interés público, buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares, lo que les proporcionó importantes beneficios y comisiones.
El inicio de una operación cuestionable
Lorga Golf Resort, que tardó 11 años en ver la luz, es hoy una urbanización fantasma, sin apenas residentes, y un campo de golf que se dejó de regar cuando saltó el escándalo del robo de agua hace poco más de un año. Hasta esa fecha relucía verde en toda su extensión por el riego con agua extraída de manera ilegal que la Confederación Hidrográfica del Segura no detectó.
El convenio urbanístico lo promovió la mercantil Blue-Lor, S.L. con CIF: B-62298443, y domicilio a
efectos de notificaciones en C/ Tavern, 3, 08021 de Barcelona. Detrás de esa empresa estaban
Juan Manuel Dalmau Miralles y Juan Manuel Dalmau de Ventos, como administradores.
Su objeto social era la actividad inmobiliaria, la gestión y explotación de campos de golf y el
fomento y la práctica de actividades deportivas.
Los terrenos rústicos pertenecían a una familia muy conocida de Lorca, los hermanos Carrasco, que vendieron a bajo precio y, al parecer, siempre se consideraron estafados por la operación inmobiliaria ya que al poco tiempo de la venta de los terrenos, responsables de la empresa Blue-Lor, se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Lorca, siendo alcalde Miguel Navarro (PSOE), y plantearon el desarrollo urbanístico de la zona aprovechando la coyuntura de la revisión del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Lorca, en esos momentos en tramitación.
En 2002, el Ayuntamiento de Lorca, con los votos a favor de PSOE y PP, aprobó el convenio urbanístico para que esos terrenos se incorporasen al Plan General como suelo urbanizable sectorizado. En 2003, se aprobó el Plan General de Lorca que ya incorporaba los terrenos como suelo urbanizable sectorizado (Purias. Sector 3 R.T). Y en 2005, se aprobó el Plan Parcial que permitió el desarrollo urbanístico de 1.269.028 metros cuadrados de terreno. Según el convenio, pretendían construir 1.800 viviendas, complejos hoteleros y un campo de golf de 436.000 metros cuadrados que debía regarse con el agua tratada de las viviendas del complejo urbanístico.
En 2007, el proyecto quedó paralizado porque debía someterse a las exigencias de la Ley 9/2006 de Evaluación Ambiental Estratégica. Como era de prever, en 2008, el proyecto obtuvo declaración ambiental favorable, con Francisco Marqués al frente de la Consejería de Medio Ambiente, con lo que quedó expedito el camino para dar el siguiente paso, que fue la aprobación definitiva del proyecto de urbanización en julio de ese mismo año.
Se da la circunstancia de que Dirección General de Carreteras del Gobierno regional invirtió dinero público para garantizar los accesos desde la carretera RM11 (Lorca-Águilas) al complejo turístico a pesar de que esa conexión a los sistemas generales exteriores al sector «era un deber de la promotora«. Este asunto fue denunciado en su momento por el diputado de IU-Verdes en la Asamblea Regional, José Antonio Pujante.
El TSJ anuló una sanción por realizar un pozo sin autorización
Y como necesitaban agua, ya en 2002, a la empresa promotora Blue Lor le fue impuesta una sanción por la Confederación Hidrográfica del Segura, posteriormente anulada por resolución judicial del TSJ de Murcia 496/2006, 31 de mayo de 2006 por perforar sin autorización.
El 5 de enero de 2002 el Seprona de la Guardia Civil de Lorca formuló denuncia contra la empresa
por la construcción de un sondeo de 60 metros de profundidad y 189 mm. de diámetro, con máquina de rotopercusión, sin la correspondiente autorización por parte del Organismo de Cuenca. La empresa promotora, necesitada de agua para el complejo residencial, había solicitado permiso a la Dirección General de Industria de la CARM para hacer la prospección.
«La actora ha adquirido la citada finca para construir un complejo residencial, que necesitaba agua. De ahí que solicitara la referida autorización de la Dirección General de Industria, realizando lo que la misma le aconsejó, ignorando que existiera un conflicto de competencias con la Confederación Hidrográfica del Segura resuelto un año después de formularse la denuncia. No cabe por tanto sancionar a la actora al ser la propia Administración la que la confunde con su contienda competencial» dice la sentencia a la que ha tenido acceso RRNews.
La empresa alegó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ que creía que solo una vez encontrada el agua era cuando había que solicitar permiso de la Comisaria de Agua y que bastaba con haber solicitado autorización ante la Consejería de Industria para hacer la prospección. El juez estimó el recurso y anuló la sanción impuesta porque en el momento de la denuncia no había aflorado agua del subsuelo.
Es decir, desde 2002 conocían las autoridades civiles y judiciales que ese complejo urbanístico buscaba agua para poder desarrollarse en una zona seca de la Región de Murcia puesto que no es hasta 2008 que el organismo de cuenca le concedió autorización para la extracción de agua de dos pozos y cinco manantiales que han terminado secos según la Guardia Civil.
No hay expediente sancionador de CHS
No es hasta marzo de 2023, tras la denuncia de IU en Lorca y de un trabajador del resort lorquino, que la Comisaría de Aguas del organismo de cuenca inspeccionó el complejo y detectó 9 sondeos ilegales que «no estaban operativos y procedió a su sellado» explican a RRNews fuentes del organismo de cuenca. Es más, su presidente, Mario Urrea, cuestiona el informe de la Guardia Civil sobre el robo de agua en Lorca al afirmar que no sabe de dónde saca esas cifras el Seprona puesto que no tiene constancia de que esos 9 pozos se llegaran a usar.
Según la información facilitada por CHS a RRNews, el resort lorquino dispone solamente de 2 pozos inscritos en el registro y de 5 manantiales también inscritos en 2008. «Nosotros no hemos abierto expediente sancionador al no estar operativos los pozos ilegales, procediendo exclusivamente a su sellado. No obstante con las inscripciones vigentes no hay agua suficiente para regar el campo de golf, por lo que en el momento que empiecen a regar (si es que lo hacen) abriremos expediente sancionador por riego de más superficie que la legal» asegura Urrea.
Las declaraciones de Urrea causan malestar en la Guardia Civil
Según el Seprona, el empresario investigado solo tenía permiso para regar 5,3 hectáreas, pero administraba agua a un total de un total de 21,97 hectáreas que lucían verdes resplandecientes a ojo e todos, pero la CHS no vio.
La Guardia Civil comprobó en helicóptero que había cuatro veces más zona verde que la permitida en el área de secano sobre el acuífero de Águilas; un acuífero declarado en riesgo cuantitativo desde 2014, hace 10 años. Un aspecto destacable puesto que hace nueve años el organismo de cuenca debería haber aprobado el obligatorio plan de actuación para revertir la situación y proteger el acuífero. La ley establece un año de plazo desde la declaración del acuífero en riesgo cuantitativo o cualitativo.
Las declaraciones de Mario Urrea, presidente de la CHS, cuestionando el informe de la Guardia Civil sobre el robo de agua, han provocado indignación tanto en el Seprona como en organizaciones como Ecologistas en Acción, que señalan la falta de vigilancia por parte de la CHS como un factor clave en la perpetuación de este tipo de delitos ambientales.
Fuentes del Seprona recuerdan que el informe de evaluación ambiental lo realizaron los agentes de la Unidad Central de Medioambiente de Madrid con los datos recogidos en las actas de inspección in situ. «No nos lo hemos sacado de la manga ni son a ojo de buen cubero» se quejan.
Desde Ecologistas en Acción admiten que no les causa ninguna sorpresa que Mario Urrea cuestione el informe de la Guardia Civil «total, la CHS ha estado años sin ver que junto al Mar Menor se estaban regando de manera ilegal cerca de 10.000 hectáreas, cómo van a ver el riego de un campo de golf en Lorca. No ven porque no miran«.
Podemos censura la actitud de Urrea
Y la formación morada reclama al Ministerio de Transición Ecológica, del que depende el organismo de cuenca, “que investigue cuál ha sido el papel de la CHS en todo este asunto, no solo por estas declaraciones sino por una evidente negligencia”.
Desde la formación morada consideran “altamente improbable” que un robo de agua de tal magnitud se haya podido llevar a cabo a lo largo de 17 años sin el conocimiento de la CHS, de la Comunidad Autónoma y de las distintas corporaciones populares y socialistas que han pasado en estos años por el Ayuntamiento de Lorca. “Vamos a tirar de la manta y encontrar a todos los responsables que por acción u omisión han permitido este expolio, caiga quien caiga”, ha concluido el diputado Víctor Egío
El Seprona seguirá investigando
La Guardia Civil seguirá investigando. Trata de comprobar si ese campo de golf en Lorca también estaba recibiendo agua del trasvase del Tajo mediante alguna tubería oculta que entroncaría con el canal del trasvase en Almendricos. No sería la primera vez. Según denuncia Greenpeace, algunos campos de golf, como el de la urbanización Camposol en el paraje de «El Saladillo» (Mazarrón) se riega directamente con agua del trasvase Tajo-Segura mediante un sistema de tuberías que sustrae ilegalmente el agua destinada a los regadíos.
¿Y el programa de vigilancia ambiental de la CARM?
Por otra parte, la Declaración de Impacto Ambiental, el campo de golf de Lorca ahora investigado por la Guardia Civil por robo de agua señala que debía regarse con las aguas residuales tratadas por una estación depuradora que debía ejecutar el promotor del resort. Esa DIA prevé un programa de vigilancia ambiental por parte de la CARM que, evidentemente, no se ha llevado a cabo por lo que ahora revela la investigación policial. Funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente admiten en privado que «no se controla ningún programa de vigilancia ambiental de ninguna evaluación ambiental en la Región. Son papel mojado».
Muy cerca de La Zerrichera
Como venimos contando en RRNews, muy cerca del campo de golf investigado por robo de agua está la finca La Zerrichera que el Gobierno regional de Valcárcel, por la misma época, quiso recalificar para que el empresario Trinitario Casanova, del grupo Hispania, construyese una urbanización de más de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf. Un cesto con mimbres muy parecidos solo que éste no salió adelante al tratarse de terreno protegido de especial valor ambiental.
La Zerrichera se convirtió en uno de los primeros grandes casos de corrupción urbanística de la Región de Murcia que acabó con tres ex altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente, entonces liderada por Francisco Marqués, condenados a dos años de prisión por «violentar las leyes ambientales, de arriba abajo, para sacar adelante la recalificación de una finca especialmente protegida por sus valores naturales» según sentencia. Entre los condenados está Antonio Alvarado, el mismo que firmó la DIA positiva de Lorga Golf Resort.
Francisco Marqués llegó a decir de la finca La Zerrichera «ahí solo hay lechugas y un par de tortugas». y Valcárel añadió «con los papeles en la mano, demuestro aquí y en Sebastopol que se cumple la ley en el proceso de recalificación de La Zerrichera». El empresario Trinitario Casanova (amigo personal del entonces consejero de Vivienda, Joaquín Bascuñana) llamó abiertamente «cobarde» a Ramón Luis Valcárcel por frenar su proyecto urbanístico al ver que los tribunales de justicia, esta vez sí, habían decidido tomar cartas en el asunto tras la denuncia de organizaciones ecologistas.
Un patrón repetido
El caso de Lorca Golf Resort parece ser solo la punta del iceberg en una región marcada por múltiples escándalos urbanísticos y ambientales. La historia de este resort fantasma se entrelaza con otros casos de corrupción, como el de La Zerrichera, revelando un patrón de actuación donde los intereses privados se anteponen a la protección del medio ambiente y al bienestar público, con la complicidad de administraciones que, por acción u omisión, permiten estos desmanes.
