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Sobre el terruño murciano

No es región para linces

Los sucesivos gobiernos autonómicos del Partido Popular han servido de frente de contención de las regulaciones del Estado para mirar hacia otro lado respecto a las prácticas ilegales (o alegales) sobre el territorio y la naturaleza...Sin esta labor de mediación y contención no hubieran sido posible tantos desmanes

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La historia de la introducción del lince en las montañas de la Región de Murcia habla tanto de nosotros…. El último episodio, como otros anteriores, ha tenido como escenario las montañas de Lorca.

A mediados de junio, un cazador se cruzó con el lince, y como ha ocurrido otras veces en el pasado, lo mató a perdigonazos y lo tuvo oculto varios días, antes de abandonarlo en las orillas del río Corneros.

Por las mismas fechas, el Gobierno de España anunciaba el hito en la política de conservación que suponía la recuperación del lince en la Península Ibérica. En 2024, el censo total de linces alcanza los 2.021 individuos, con 1.299 adultos o subadultos y 722 cachorros nacidos el año pasado. Después de superar los 1.000 ejemplares en 2020, en tan solo tres años se ha logrado duplicar la población ibérica. Un gran éxito de un esfuerzo colectivo, sin duda, al que la Región de Murcia ha contribuido más bien raquíticamente.


En las elecciones europeas del 9 de junio, Vox se afianzó en la normalidad como la opción ultra en la Región de Murcia y obtuvo el 15,85% de los votos, mientras que el agitador propagandístico sevillano, Luis ‘Alvise’ Pérez, irrumpía con fuerza en la Región con un 6,58% de las papeletas. 1 de cada 5 murcianos votan a la ultraderecha, y ello tras 30 años de gobiernos autonómicos del PP.


Si tuviéramos que establecer algún tipo de correlación entre ambos hechos –la cacería del lince y el incremento del voto ultra– no iría tanto en la línea de asegurar que el cazador que mató al lince votó a Vox o a Alvise -lo cual, desde luego, no es descartable- ni tampoco sería para subrayar que Vox ha hecho de la defensa de la práctica de la caza sin control una seña de identidad política -siendo igualmente un hecho muy cierto-.


Si se me permite, le daré un poco más de vuelo a la cosa y plantearé a modo de conjetura sociológica que lo que correlaciona a ambos hechos es una determinada vinculación con el estado y con la naturaleza muy arraigada en el terruño murciano.


Es fácil demostrar que lo de la cacería del lince no es ninguna noticia excepcional en la Región de Murcia. Vayan a las hemerotecas y encontrarán un tipo de noticias cuya afinidad selectiva reside en que todas apuntan hacia una práctica constante de deslealtad hacia las prácticas reguladoras del Estado.

Algunos ejemplos recogidos de aquí y de allá: La primera es otra sobre la política de regulación de la caza: la Consejería ignora al Defensor del Pueblo en la caza de la perdiz roja para protegerla de la práctica del reclamo.

Ésta otra va sobre la expansión de las granjas de cerdos: la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia permitió que unas 70 granjas de cerdos pudieran dedicarse al cebo intensivo de estos animales sin que los expedientes fueran sometidos a una evaluación ambiental ni tampoco lograran una autorización ambiental integrada.

Viven sobre suelos contaminados desde hace décadas, sin política seria que afronte tal problema, los vecinos del Llano del Beal y los barrios de Cartagena de las inmediaciones de El Hondón. Las heroicas pedanías de la Sierra de la Pila, como Peña Zafra de Abajo, rodeadas de canteras de áridos, también conocen muy bien cómo su calidad de vida se deteriora en ausencia de controles administrativos.

El ejemplo paradigmático, no obstante, es el del Mar Menor. ¿Cómo es posible que durante décadas funcionaran miles de desalobradora ilegales (o alegales) en el Campo de Cartagena que vertían salmuera cargada de nitratos a ramblas y acuíferos que desembocaban en el Mar Menor? ¿Cómo es posible que en un territorio declarado como área vulnerable por contaminación de nitratos por la normativa europea no se ejercieran los controles administrativos necesarios para impedir el desastre del Mar Menor?

Los sucesivos gobiernos autonómicos del Partido Popular han servido de frente de contención de las regulaciones del Estado para mirar hacia otro lado respecto a las prácticas ilegales (o alegales) sobre el territorio y la naturaleza. En esta labor de contención, la consejería de turno ha venido minimizando o incluso impidiendo sistemáticamente la aplicación de tal o cual normativa estatal o europea.
Sin esta labor de mediación y contención no hubieran sido posible tantos desmanes.

Los gobiernos autonómicos del PP han venido a garantizar un cierto paraguas protector a los ilegalismos extractivistas presentes en muchos sectores de la economía murciana.

Esta función regional del PP se ha formalizado incluso por ley: “Ley 4/2022, de 19 de mayo, de simplificación administrativa en materia de medio ambiente, medio natural, investigación e innovación agrícola y medio ambiental”. Esta ley viene a decir que sin regulaciones y normas estatales “se progresa mejor” (el entrecomillado son palabras del consejero de turno en sede parlamentaria).

Adivinen cómo el frente murciano PP-Vox de contención de las regulaciones ambientales ha acogido la importante aprobación por parte de la Unión Europea de la Ley de Restauración de la Naturaleza, la cual tiene como objetivo reparar el 80 % de los hábitats europeos en mal estado y devolver la naturaleza a todos los ecosistemas, desde los bosques y las tierras agrícolas hasta los ecosistemas marinos, de agua dulce y urbanos. Vox en la Región de Murcia, a través de su presidente, Antelo, ha calificado la ley europea como “ley de aniquilación del campo”. Y la consejera de agricultura, Sara Rubira, ha ido detrás con un juicio similar.

Es decir, la noticia que hemos recibido con alegría recientemente de la recuperación del caudal del río Taibilla en Nerpio (Albacete) ha sido posible gracias a que allí no gobierna el frente fundamentalista anti-normativa ambientalista conformado por PP y Vox en la Región de Murcia.

La crisis del Mar Menor supuso una fractura profunda en la eficaz labor de contención reguladora desarrollada durante década por los gobiernos autonómicos del PP (gracias a la cual proliferaron las desalobradoras ilegales del PP o nunca se aplicó la regulación del área vulnerable por contaminación de nitratos). Ante el escándalo internacional de toneladas de peces moribundos en las orillas del Mar Menor, hasta el PP tuvo que reconocer que esta vez se habían pasado con tanta “simplificación” administrativa.

En el contexto de colapso del Mar Menor, el gobierno autonómico del PP tuvo que desarrollar algunas regulaciones ambientales, colaborar con el Ministerio en solucionar el desastre, etc. Obviamente desde determinados sectores pudientes esto era imperdonable. Su enfado con esta traición del PP se tradujo en el voto a la ultraderecha. La Fundación Ingenio, por ejemplo, no es otra cosa que un lobby de presión para reestablecer la función de contención anti-normas ambientales que históricamente han venido ejerciendo los gobiernos autonómicos frente al Estado.


Con la entrada de Vox al gobierno regional se refuerza el restablecimiento de la función de contención de la que venimos hablando. La noticia reciente, en el contexto de la anunciada reforma de la Ley del Mar Menor, relativa a “organizaciones agrarias piden el fin de la hiperregulación del Mar Menor y reformar cuatro o cinco artículos de la ley”, es toda una declaración de intenciones respecto a cierta urgencia para que vuelva a funcionar a todo gas el frente de contención anti-normativas ambientales.

Desde luego esta lógica no es específica de la Región de Murcia. Pero sí es propia de una economía fundada en la centralidad del extractivismo y la superexplotación de la naturaleza. En un territorio extractivista no hay lince que sobreviva.

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