El Gobierno de López Miras lo ha vuelto a hacer: mentir a la ciudadanía y pagar con dinero público por informes privados ad hoc detrás de los que parapetarse para eludir su responsabilidad con el Mar Menor.
El 3 septiembre de 2021, tras la segunda mortandad de peces en un Mar Menor repletó de algas, ova, lodos y fangos como consecuencia de la entrada continua de nutrientes procedentes mayormente de la agricultura y la ganadería, el Gobierno regional, fiel a su estrategia frentista con el Gobierno de España, salió a los medios de comunicación aludiendo a un informe jurídico que señalaba a la CHS y, por tanto, al Ministerio de Transición Ecológica, como competente y responsable de la limpieza del Mar Menor.
Solo que ese informe jurídico privado del que el periódico La Verdad informó en exclusiva y posteriormente se hicieron eco varios medios de comunicación como Europa Press, La Razón o El Mundo…etc… aún no se había contratado ni redactado, en realidad, ese informe no existía oficialmente.
La consejería de Agricultura y Medio Ambiente, entonces dirigida por el ahora senador Antonio Luengo, o algún alto cargo del palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, filtró la existencia de un informe jurídico que oficialmente no habían contratado, pero eso es algo que los medios de comunicación ignoraban. Se fiaron de la fuente informativa que no era otra que el Ejecutivo de López Miras.
El contrato del informe no se realizó hasta diciembre de 2021, casi cuatro meses después de su filtración y publicación en prensa, según consta en la Plataforma Estatal de Contratación Pública. Los metadatos indican que el informe fue creado y firmado el 28 de diciembre de 2021 por el despacho de José María López-Alascio, que hasta 2015 fue jefe de la Abogacía del Estado en la Región de Murcia según ha adelantado Noticias RM.
Todo apunta a que el Gobierno murciano, acosado por el segundo episodio de mortandad de peces en el Mar Menor de finales de agosto de 2021, con la imagen de playas cerradas y canastas llenas de peces muertos en redes sociales y televisiones de todo el país, tenía prisa por desviar el foco de atención y filtró a toda prisa un informe «de parte» que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente no contrató hasta cuatro meses más tarde. Un informe cuyo único objetivo era culpar al Ministerio de Transición Ecológica.
¿Escribió el informe el citado abogado o lo redactó el propio Gobierno regional a toda prisa y contrató y pagó más tarde por su firma al abogado?
La manera de proceder suscita muchas preguntas a las que el Gobierno regional no dará respuesta porque casi nunca da explicaciones y se niega a responder a las preguntas de RRNews. Lo que sí evidencia es que el Ejecutivo murciano miente de manera sistemática, utiliza a los medios de comunicación a su antojo y no duda en gastar dinero público en la contratación y realización de informes privados para eludir sus evidentes responsabilidades con el Mar Menor y, de paso, para confundir a la ciudadanía con la inestimable colaboración de los denominados medios «afines a la derecha» como el periódico La Razón que tanto dinero recibe de la CARM.
El Gobierno de López Miras también hace un uso torticero de la justicia y las denuncias. Estaban tan desesperados con la mortandad de peces que interpusieron una denuncia contra el Gobierno de España por inacción en el Mar Menor que acabó archivando la Fiscalía. El Ministerio Público aseguró que «no existían indicios de la participación» del Ejecutivo de España, el Ministerio para la Transición Ecológica y la CHS en la muerte de peces y flora que se produjo en agosto de 2021. Sabían que la Fiscalía acabaría archivando pero lograron titulares de prensa y alimentaron durante unos días el relato victimista.
Insulto a los Servicios Jurídicos de la CARM
Tras la publicación del citado informe el 3 de septiembre de 2021, el sindicado CCOO manifestó su asombro y malestar por el maltrato institucional al que el Gobierno de López Miras estaba sometiendo tanto a los Servicios Jurídicos de la CARM, que tan profesional y eficazmente actuaron en su momento frente a las demandas millonarias por el fiasco del Aeropuerto de Corvera, presentadas por las concesionarias, del mismo como a los de la propia consejería.
«Los informes jurídicos encargados a bufetes privados cuestan dinero de todos los ciudadanos, y al ser «de parte» su valor probatorio es mínimo. No dejan de ser un despilfarro de dinero público y una irresponsabilidad si tenemos en cuenta la deuda pública que arrastra nuestra Comunidad Autónoma. Es lamentable que los servicios jurídicos de la consejería hayan sido ignorados para informar sobre cuestiones competenciales de las que son expertos, como han demostrado sobradamente en otras ocasiones» denunció CCOO.
Se da la circunstancia de que dos meses antes de la segunda gran mortandad de peces en el Mar Menor, agosto de 2021, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente había despedido a decenas de Técnicos que estaban trabajando para mejorar la situación del Mar Menor en las direcciones generales competentes de la misma.
El Mar Menor y la protección del medio ambiente es competencia de la CARM
La realidad competencial se ha impuesto como demuestra el hecho de que el Gobierno regional gastará durante los próximos tres años 24 millones de euros más en la retirada de la biomasa, esas barbas gelatinosas que le salen al Mar Menor como síntoma de un exceso de nutrientes. 24 millones que habrá que sumar a las decenas millones que ya lleva gastados en la retirada de ova y algas del Mar Menor.
La mortandad de peces de 2021
Las cifras, por desgracia, fueron históricas. Los limpiadores retiraron a lo largo de casi diez días más de 4.500 kilos de peces muertos de las orillas del Mar Menor. Capazos y capazos de agujas, chirretes, lubinas, salmonetes, mújoles…
