El moribundo Consejo de Transparencia de la Región de Murcia tiene los días contados. El Gobierno regional de López Miras, tras dejarlo morir sin recursos económicos, sin personal y sin sede electrónica independiente, ahora pretende hacerlo desaparecer modificando la ley que lo ampara. Y lo hace con el pretexto de que es inoperante, cuando no le ha dado medios.
Tanto el primer presidente del Consejo de de Transparencia, José Molina, como su sucesor en el cargo, el magistrado, Julián Pérez Templado, se desgañitaron pidiendo medios al Ejecutivo de López Miras que nunca llegaron, al contrario.
PP y VOX, con el pretexto de reducir el apartado administrativo y dar respuesta a las reclamaciones de información y transparencia con mayor agilidad, se preparan para modificar la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia que se aprobó bajo el mandato del presidente Alberto Garre, ahora diputado regional de VOX. Y solicitan que se apruebe mediante el procedimiento de urgencia.
Sin consultar con nadie
La proposición de ley que han registrado en la Asamblea PP y VOX, que no han consultado con nadie, fulmina la participación ciudadana al eliminar la actual composición del Consejo de Transparencia compuesto por 13 personas de la universidad, las organizaciones sindicales y empresariales, la Federación de Municipios, el Consejo Económico y Social y los grupos parlamentarios.
Un comisionado de VOX
Según la proposición de Ley que ha redactado el Grupo Parlamentario Popular, se crea la figura del Comisionado de Transparencia, supuestamente independiente y que será designado por la Asamblea Regional entre personas de reconocido prestigio durante un plazo de 4 años no renovable. También se crea una Comisión de Transparencia con carácter técnico para resolver las reclamaciones antes de llegar a la vía contencioso-administrativa.
Según la propuesta del grupo popular, el Comisionado de Transparencia elaborará, dentro de los límites de gasto establecidos en su presupuesto, la plantilla de personal a su servicio y la relación de puestos de trabajo determinando los que correspondan a personal eventual y a personal funcionario, que serán remitidas a la Consejería competente en materia de Función Pública y será publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
El Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia, que probablemente será propuesto por VOX porque así lo recoge el acuerdo de gobierno, también será quien efectúe el nombramiento y cese del personal eventual a su servicio.
Fulminan la participación ciudadana
La Comisión de Transparencia, que será la encargada de resolver las reclamaciones de información, estará presidida por el Comisionado de Transparencia e integrada solamente por cuatro vocales: un representante del Consejo Jurídico, un letrado adscrito a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, el secretario general de la Consejería competente en materia de transparencia y un representante designado por la Comisión Interdepartamental para la transparencia. Sus resoluciones, dice el texto, se adoptarán por mayoría y en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad.
Según la proposición de ley, el reglamento de organización y funcionamiento del Comisionado de Transparencia lo propondrá y aprobará el Consejo de Gobierno presidido por López Miras. De esta forma, se incrementa el control del mismo por parte del Ejecutivo.
La proposición de ley modifica el artículo 23 limitando el derecho de acceso a la información pública. Según el texto, podrá limitarse ese derecho cuando la información solicitada por cualquier ciudadano afecte a la intimidad personal y familiar, al secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial y a la seguridad nacional, seguridad ciudadana y la protección de infraestructuras críticas.
PP y VOX no deben haber encontrado encaje legal para recuperar la figura del Defensor del Pueblo tal y como contempla el punto ocho de su acuerdo de gobierno.
PSOE: «Van a crear un chiringuito»
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, habla de «retroceso democrático«.
«Pretenden sustituir el Consejo de la Transparencia por un chiringuito absolutamente dependiente, en el que podrán colocar a dedo a asesores y personal. Intentar que la ciudadanía no tenga acceso a la información, ya que cuanto menos informada esté la gente, más fácil es engañarle» lamenta el dirigente socialista que pide al PP que rectifique.
