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Espectro de ilusiones perdidas, de la urbanización aguileña de la Isla del Fraile. Murcia Visual.

Medio Ambiente

Denuncian que la modificación de la Ley del Suelo del Gobierno de Sánchez «impedirá que se pueden recurrir los pelotazos urbanísticos»

Se trata de una modificación que choca de frente con la Ley de Cambio Climático, con la Ley 27/2006 y contra el convenio Aarhus que consagra el derecho a la acción pública en materia de medio ambiente y urbanismo porque maniata a las organizaciones ecologistas y civiles que velan por la protección de la naturaleza. Y tendrá un efecto devastador en un país como España en el que la corrupción es endémica.

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Todo apunta a que el PSOE ha terminado aceptando el poderoso abrazo del ladrillo. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de marzo el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. El texto que ahora se va a reactivar decayó en la anterior legislatura y no llegó a comenzar su tramitación parlamentaria por la convocatoria de elecciones generales.

No es la primera vez, ya lo intentó en 2018 por el Partido Popular de Rajoy; le siguió el ministro Ábalos en 2021 y ahora le toca a la ministra Raquel Sánchez. Todos, según Ecologistas en Acción, al son que marca el poderoso lobby de la construcción.

Se trata de una modificación que, según las organizaciones ecologistas, choca de frente con la Ley de Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica, con la Ley 27/2006 y contra el convenio Aarhus que consagra el derecho a la acción pública en materia de medio ambiente y urbanismo porque maniata a las organizaciones ecologistas y civiles que velan por la protección de la naturaleza; y lo más grave, tendrá un efecto devastador en un país como España en el que la corrupción es endémica. Sin embargo los defensores de la modificación legislativa dicen que «se gana seguridad jurídica».

Expertos en urbanismo consultados por RRNews afirman que con esta modificación legal habría sido muy complicado frenar proyectos de reclasificación de suelos como Marina de Cope, Calblanque o Lo Poyo. También habría sido mucho más complicado impugnar y anular centenares de planes urbanísticos ilegales en la Región que Murcia.

«Vuelve la construcción a pajera abierta. No liberaliza suelo, es algo más perverso. Lo que van a hacer es poner más difícil perseguir las ilegalidades. Quitan los pocos controles existentes. Imagínate los efectos en una región como Murcia que es el salvaje Oeste en materia ambiental y urbanística. El Gobierno de España no ha pensado en ello. Esta modificación supone un golpe terrible a terrenos costeros sin construir y a zonas sensibles ambientalmente. Los constructores sabrán que no se les va a poder paralizar la construcción aún adoleciendo de ilegalidades. Vamos a la política de hechos consumados/construidos. Volveremos a ver un montón de urbanizaciones ilegales inatacables porque reducen a 4 años el plazo para la impugnación indirecta. Es como si un asesinato prescribiera a los cuatro años. Y no solo eso. Se cargan parte de la jurisprudencia existente en materia urbanística» explican.

¿Y cómo lo justifican los promotores?

Achacan a la naturaleza normativa de los planes y a la profusión de la utilización de la acción pública, un supuesto problema de inseguridad jurídica y un riesgo para el interés general, la política de vivienda e incluso para la protección del medio ambiente.

Tanto para los instigadores (grandes constructoras) como para los promotores (actores políticos) de la modificación legislativa el hecho de que la ciudadanía recurra ante la justicia planes ilegales y que sean anulados por ello se considera un obstáculo. «No se tiene en cuenta que si hay nulidades de planeamiento es porque la administración local y autonómica, en primer lugar, ignora casi sistemáticamente las alegaciones que advierten de posibles irregularidades y, en segundo lugar, existe un incumplimiento generalizado del principio de legalidad en la tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística» denuncian desde Ecologistas en Acción.

  • El nuevo texto normativo pretende poner freno a las sentencias que declaran nulos de pleno derecho planeamientos urbanísticos por su ilegalidad.
  • Recorta la acción pública, el derecho de la ciudadanía a recurrir el urbanismo ilegal.
  • Introduce nuevo articulado que permite cancelar la constancia registral de derecho de reversión, dirigido especialmente a desbloquear el macroproyecto urbanístico Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte.

El anteproyecto que ha aprobado el Gobierno de España plantea modificar la naturaleza reglamentaria del planeamiento y los efectos de su nulidad, de tal forma que lo que actualmente sería un planeamiento nulo por la ausencia de un informe sectorial relacionado con la falta de recursos hídricos o de riesgo sísmico, pueda “librarse” de ese final, aportándolo con posterioridad.

«Esta solución tendría un efecto perverso que solo beneficiaría al promotor y podría poner en grave riesgo el entorno, incluso las vidas de las personas en casos de edificaciones en zonas de alto riesgo natural como zonas inundables» denuncian.

Reduce la acción popular

Siguiendo la argumentación de que el problema es quien señala la ilegalidad, no quien la comete, el nuevo texto normativo pretende disminuir el riesgo de nulidades, reduciendo la posibilidad de que la ciudadanía recurra a los tribunales. Es lo que se conoce como acción popular, un derecho reconocido en el actual artículo 4 de la Ley del Suelo, y que viene heredado de la ley franquista de 1956 para “incentivar la defensa del régimen urbanístico, propiciando su observancia”.

Así, un gobierno progresista pretende dejarla en papel mojado, tanto para las impugnaciones directas como indirectas. Llega a modificar, solo para cuestiones urbanísticas, la condición de parte interesada que atribuye la Ley de Procedimiento Administrativo. Además acota las cuestiones que podrán recurrirse y el plazo para ello, limitando a cuatro años el recurso indirecto que actualmente carece de límite temporal. A juicio de Ecologistas en Acción, esta modificación es una de las más graves por la afección a un derecho ciudadano consolidado y por su dudosa constitucionalidad.

Cancela la reversión

Por último, el anteproyecto presentado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana introduce nuevo articulado que permite cancelar la constancia registral del derecho de reversión, fundamentalmente en las expropiaciones urbanísticas integradas en expedientes de equidistribución de cargas y beneficios (reparcelaciones). Este articulado autoriza que los terrenos expropiados para un fin público y social, que no se incorporan al mismo por falta de ejecución pero cuyo derecho de reversión consta inscrito en el Registro de la Propiedad, pueda ser cancelado cuando pasa a una nueva propiedad privada.

Desbloquear operaciones fallidas en Madrid

Este articulado está redactado ad hoc para desbloquear la Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte, el mayor proyecto urbanístico del Estado español. En este ámbito, buena parte del suelo expropiado (actualmente propiedad de Adif) no puede traspasarse al promotor Crea Madrid Nuevo Norte (formado por la entidad financiera BBVA, constructora San José y la socimi Merlin Properties) por los problemas de inscripción registral, derivados de los derechos de reversión, todavía inscritos, a nombre de los propietarios originales de los terrenos.

«El PSOE perpetua el urbanismo como negocio»

Ecologistas en Acción lamenta que un gobierno progresista, en lugar de favorecer un cambio de modelo en el panorama urbanístico estatal, «opte por blindar los instrumentos de planeamiento ilegales frente a los recursos contencioso-administrativos y perpetúe el urbanismo como un negocio y no como un derecho ciudadano«.

La modificación propuesta, dicen, no redundará en una mayor seguridad jurídica, sino todo lo contrario: consolidará su eventual ilegalidad haciéndolos virtualmente inatacables.

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