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Fotografía de Damián Martínez

Mar Menor

Dos activistas por el Mar Menor ante la justicia por intentar parar las obras de Cala del Pino

"No entendemos que el Gobierno regional se esté gastando millones de euros en retirar ova del Mar Menor y que al mismo tiempo siga autorizando construcciones en zonas de especial valor ambiental como Cala del Pino" denuncian los vecinos.

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Dos mujeres activistas en defensa del Mar Menor son juzgadas esta mañana en un tribunal de Cartagena por un presunto delito leve coacciones al intentar frenar las obras de un chalé unifamiliar en Cala del Pino. Si son condenadas deberán pagar un multa.

Victoria Sánchez-Bravo es una de ellas. Tiene 71 años y admite que se siente agotada, cansada y frustrada porque «esto es luchar contra la olas del mar que nunca cesan. Me siento desamparada. Mis hijos me preguntan si merece la pena seguir luchando tanto a mi edad. A veces pienso en tirar la toalla y en dejarlo todo porque veo que esto no tiene arreglo. Los políticos no piensan en que tienen hijos y nietos y en que nos estamos cargando el planeta. Es una injusticia lo que están haciendo con el Mar Menor, una injusticia muy grande pero poderoso caballero es Don Dinero«.

Al ver que la pala le daba bocados a la ladera por la que tantas veces había paseado, Victoria no dudó en acudir corriendo, junto a otras dos vecinas, decidida a paralizar el destrozo. Estaban solas defendiendo algo grande y bello, uno de los últimos rincones vírgenes del Mar Menor. Lo consiguieron durante apenas diez minutos que es el tiempo que la máquina estuvo parada. «Estaban arrancando plantas y mi compañera se puso delante de la pala. El operario, muy amable, la detuvo enseguida, pero vinieron otros dos hombres, no sé si serían el aparejador y el arquitecto y llamaron a la Guardia Civil que debió decirles que interpusieran denuncia si lo consideraban conveniente y eso hicieron.

Cuentan con el apoyo de colectivos en defensa del Mar Menor

Las dos activistas cuentan con el apoyo de colectivos sociales como Por un Mar Menor Vivo «no podemos permitir que se criminalice la protesta legitima y pacífica de quienes defienden el derecho a un entorno saludable para todos. Denunciar una construcción ilegal no es un delito, es un acto de valentía y responsabilidad cívica. Es hora de que las autoridades escuchen la voz de los ciudadanos y actúen en consecuencia. La corrupción y la impunidad no pueden seguir siendo el pan de cada día en nuestra sociedad. Exigimos justicia ambiental, transparencia en las decisiones y un compromiso real con la protección de nuestro patrimonio natural. No descansaremos hasta que aquellos responsables de destruir nuestro entorno sean llevados ante la ley».

La CARM no vio motivos para frenar la construcción del chalé

El inicio de las obras el año pasado causó una gran alarma social entre los vecinos al comprobar cómo las máquinas estaban arrancando especies protegidas en uno de los solares.

Los vecinos pidieron a la Comunidad Autónoma que adquiriera los terrenos como en hizo en Cabo Cope para proteger un espacio de alto valor ecológico, pero desde el Gobierno regional rechazaron expropiar y comprar por tratarse de «suelo urbano consolidado con licencia de construcción municipal y sin protección ambiental alguna».

Tampoco hizo nada por frenar las obras de Cala del Pino el Ayuntamiento de Cartagena pese a que informes de la Concejalía de Urbanismo mostraban que en la zona de Cala del Pino hay un yacimiento arqueológico de EDAD DE BRONCE que ha sido objeto de varias campañas.

Desde el Consistorio cartagenero informaron de que la licencia municipal de construcción se concedió previo informe positivo de la Dirección General de Medio Natural. También indicaron que se trataba de un suelo consolidado en el Plan General de 1987 por lo que los propietarios del terreno tenían unos derechos adquiridos. «Lo ilegal habría sido no dar licencia de construcción con informe favorable de la Dirección General de Medio Natural” alegaron.

La obra obtuvo licencia municipal de construcción el 23 de diciembre de 2022. El promotor es la empresa con sede en Madrid, Ragadani SL.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica recordaron que tanto el Ayuntamiento de Cartagena como la Comunidad Autónoma tenían herramientas para paralizar las obras al tener las competencias urbanísticas. A esto respondió la CARM invitando al MITECO a expropiar «si ese es su deseo».

Los vecinos protestaron durante días

«No entendemos que el Gobierno regional se esté gastando millones de euros en retirar ova del Mar Menor y que al mismo tiempo siga autorizando construcciones en zonas de especial valor ambiental como Cala del Pino. Cada vez hay más carteles de que se venden parcelas. Es una playa a la que van todos los colegios de la región, una cala familiar y la única que queda con características de bosque mediterráneo que la hace idílica para el turismo» decían los vecinos. Sus demandas, una vez más, fueron ignoradas.

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