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El Consejo Jurídico cierra la puerta a las empresas agrícolas que reclaman más de 23 millones por la Ley del Mar Menor

Los importes económicos reclamados evidencian los intereses económicos que hay en juego en la zona del Campo de Cartagena y explican la enorme presión que las grandes empresas están ejerciendo, a través de la Fundación Ingenio y de VOX, para modificar la Ley 3/2020 de Protección del Mar Menor.

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Varias empresas agrícolas del Campo de Cartagena, que se sienten perjudicadas por la Ley del Mar Menor aprobada en 2020, han reclamado daños a la Comunidad Autónoma por importes que suman 23 millones de euros, pero el Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha rechazado todas y cada una de sus reclamaciones patrimoniales al entender que «no existe la conexión necesaria de esta ley con los daños que alegan».

Estos dictámenes son un revés importante para las empresas agrícolas que pretendían obtener una compensación económica por las restricciones impuestas por la Ley del Mar Menor.

«Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación por no haberse acreditado relación de causalidad entre los daños alegados, que no pueden considerarse antijurídicos, y la entrada en vigor de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor» concluyen los letrados del Consejo Jurídico en todos y cada uno de los dictámenes.

En todos los casos, las empresas agrícolas reclamantes señalan que la Ley del Mar Menor divide el Campo de Cartagena en dos zonas (Zona 1 y Zona 2) que somete a drásticas medidas restrictivas de la actividad agrícola o, en el mejor de los casos, la desincentivan mediante el establecimiento de excesiva presión burocrática, por lo que creen acreditado que los daños causados son consecuencia de la aplicación de normas legales que afectan a bienes y actividades sobre los que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia carece del necesario poder de disposición que sólo puede adquirir mediante expropiación.

¿Qué alegan las empresas?

Las empresas agrícolas que reclaman a la Comunidad Autónoma el pago de 23 millones de euros consideran que les ha causado daños económicos la prohibición del uso de fertilizantes químicos, la obligación de contratar los servicios de un técnico especializado en fertilización ecológica y la obligación de instalar equipos de medición de la humedad del suelo.

Dictamen 332/23: Finca ubicada en El Algar de 7,7 hectáreas orientadas a la producción de hortalizas al aire libre (melón, patata, lechuga, etc.) mediante el sistema de riego por goteo. Reclama daños por importe de 686.341.

Dictamen 326/23: Finca ubicada en El Algar. 40 hectáreas orientadas a la producción de productos hortícolas al aire libre (melones, patatas, lechugas, etc.) mediante el sistema de riego por goteo. Reclama daños por importe de 1,5 millones de euros.

Dictamen 354/23: Finca agrícola ubicada en El Rincón de San Ginés (Cartagena) que en 2010, en la confianza generada por las acciones de fomento de las administraciones competentes en materia agrícola, realizó importante inversión para poner en marcha una plantación de 46,89 ha de cítricos. Reclama daños por importe de 3,7 millones de euros.

Dictamen 331/23: Finca de 24,32 hectáreas orientadas a la producción de productos hortícolas al aire libre (melones, patatas, lechugas, etc.) cultivados mediante el sistema de riego por goteo. Reclama daños por importe de 2 millones de euros.

Dictamen 283/23: Finca agrícola de 16,92 hectáreas orientada a la producción de productos hortícolas al aire libre (melones, patatas, lechugas, etc.) mediante el sistema de riego por goteo. Reclama daños por importe de 1,2 millones de euros.

Dictamen 69/23: Finca de varias hectáreas, el dictamen no especifica número ni ubicación, que reclama daños por importe de 14 millones de euros.

No pueden alegar sorpresa

El Consejo Jurídico repasa en todos y cada uno de sus dictámenes las restricciones a la agricultura en el entorno del Mar Menor ordenadas por el Gobierno regional anteriores a la Ley del Mar Menor de 2020 por lo que «no podemos hablar en el presente caso de una actuación sorpresiva por parte de la Administración regional con la publicación de la Ley 3/2020 que no se encuentre amparada en actuaciones inmediatamente anteriores a dicha publicación…» La ley 1/2018 de 7 de febrero, el Decreto Ley 2/2019, de 26 diciembre o la declaración de la masa de agua costera Mar Menor como masa de agua afectada, o en riesgo de estarlo, por la contaminación por nitratos de origen agrario, mediante Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de 23 de diciembre de 2019, en la que también se designó la Zona Vulnerable del Campo de Cartagena, que comprende la envolvente de las superficies territoriales cuya escorrentía o filtración afecta tanto a la masa de agua subterránea Campo de Cartagena como a la masa costera Mar Menor.

«En consecuencia, ya existía el antecedente jurídico que declaraba al Mar Menor como “masa de agua afectada o en riesgo” ambiental por contaminación derivada, entre otras causas, por las explotaciones agrícolas; en tal situación jurídica, no es posible imputar el daño que se alega de contrario a la Ley 3/2020, de 27 de julio, ni reclamarlo al Consejo de Gobierno».

El Consejo Jurídico también sostiene que «no ha existido vulneración del principio de confianza legítima y seguridad jurídica».

Los importes económicos reclamados evidencian los intereses económicos que hay en juego en la zona del Campo de Cartagena y explican la enorme presión que las grandes empresas agrícolas están ejerciendo, a través de la Fundación Ingenio y de VOX, para modificar la Ley 3/2020 de Protección del Mar Menor.

Muchas empresas agrícolas siguen sin entender que la Ley del Mar Menor persigue un interés general, la protección del medio ambiente, que debe prevalecer sobre el interés particular de las empresas.

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