María Marín, concejal en el Ayuntamiento de Calasparra y presidenta del PP en esa localidad, está siendo investigada por un presunto desvío de fondos públicos en la extinguida sociedad pública Caravaca Jubilar. La cuantía presuntamente desviada se estima, de manera provisional, en torno a los 250.000 euros.
En la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Caravaca también figura como investigado el antiguo gerente de la entidad pública, el letrado Juan Rigabert, que en las pasadas elecciones formó parte de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Calasparra como suplente.
El pasado 22 de enero debía haber tenido lugar la comparecencia del Jurado y la Fiscalía haber concretado su imputación a los investigados, paso previo para que el juez dicte auto de apertura de juicio oral. Pero la sesión fijada para ese día se suspendió y aplazó para el 7 de febrero. Pero la sesión prevista para el 7 de febrero se suspendió nuevamente y se aplazó al 29 de febrero que también se ha suspendido debido a un problema médico leve de la principal imputada, María Marín, que deberá aportar los certificados médicos al juzgado. No hay nueva fecha.
Por tanto, se aplaza sine die la causa judicial por presunta corrupción contra la presidenta del PP de Calasparra que comenzó tras una denuncia presentada por Fiscalía en 2016, hace ocho años.
¿Responde a una estrategia de los imputados de alargar el procedimiento de manera artificial esperando que caduque algún plazo o la administración de justicia incurra en algún error que de al traste con la causa? Fuentes de Fiscalía no ocultan que tanto aplazamiento no es normal.
La causa contra María Marín arrancó hace ocho años
Todo arrancó en 2016 tras una denuncia de Fiscalía contra María Marín y Juan Rigabert al considerar que podrían haber cometido falsedad documental y malversación de caudales públicos que el juez admitió a trámite, aunque la primera denuncia ante la Policía Nacional de Lorca partió del entonces alcalde de Caravaca, Domingo Aranda, del PP, tras una primera auditoría realizada por el contable, Miguel Martínez en febrero de 2015.
La Fiscalía señaló en su día que, cuando Marín y Rigabert estaban al frente de Caravaca Jubilar, hubo «una serie de pagos a proveedores que realmente no fueron realizados».
El informe policial realizado por el Grupo de Delitos Económicos y Blaqueo de Capitales concluyó, entre otras cosas, que “en la cuenta de la mayoría de los clientes y/o proveedores, se pueden observar, errores, manipulaciones, anotaciones intemporales, pagos no realizados, anotaciones de cobros con cantidades diferentes a lo facturado, etc, teniendo como resultado una situación en las cuentas que no se ajusta a la realidad contable de la mercantil”.
Los agentes señalan “varios fraudes a la hora de reflejar los movimientos contables en el libro mayor de la mercantil, existiendo transferencias bancarias que se encuentran reflejadas en asientos de la cuenta de un proveedor, cuando realmente las transferencias se han realizado a una cuenta bancaria distinta a la de este”.
Los agentes, por ejemplo, destacaron en su informe “dos pagos de 8.000 y 22.000 euros anotados a nombre de FÚTBOL CLUB CARAVACA como destinatario del dinero cuando, en realidad, la policía comprobó que el dinero fue ingresado en la cuenta corriente de un particular, Mariano Rigaert Montiel, sin relación con la mercantil, y casualmente hermano del investigado en el procedimiento judicial, Juan Rigabert entonces gerente de Caravaca Jubilar.
Los agentes policiales también observaron como una transferencia bancaria contabilizada como pago en la cuenta del proveedor ARTIPACK SL, no fue ingresada en la cuenta bancaria de éste, sino que fue abonada en la cuenta corriente del investigado, Juan Rigabert.
El ministerio fiscal cuantificó el menoscabo de los fondos públicos en 245.854 euros y destacó, entre otras irregularidades, que “los denunciados efectuaron anotaciones ficticias en el Libro Mayor de la mercantil de pagos en efectivo y transferencias a la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz por importe de 105.405 euros que realmente no se efectuaron”.
La presidenta del PP de Calasparra, María Marín, cuenta con el total apoyo de López Miras. La considera una «gran gestora».
