Según el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la Región de Murcia tiene 2,3 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años, cuando la media estatal es de 4,11 por cada 100 personas mayores de 65 años. La peor ratio de toda España.
El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, afirma que «las personas mayores que viven en la Región y necesitan de una plaza en una residencia sí que sufren una desigualdad primaria con respecto a los mayores que viven en otras comunidades de España. Eso sí que es desigualdad y eso debería saberlo el presidente López Miras que tanto habla de igualdad entre españoles».
Y no solo eso. Según el citado informe, el déficit de plazas residenciales para mayores sigue aumentando en España tras la pandemia porque la población envejece, pero no aumentan las plazas residenciales.
«La Región de Murcia ha pasado de tener 10.000 plazas a 6.130 plazas, bajando especialmente las plazas residenciales públicas» dice Ramírez. Se necesitarían 6.553 plazas nuevas en la Región para alcanzar la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años y así atender como es debido a la población mayor.
Datos nacionales
En los dos años posteriores a la pandemia (2021 y 2022) han aumentado en 9.541 las plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años se ha incrementado en 380.265 personas en esos mismos años.
Son necesarias 85.814 plazas residenciales para alcanzar 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Y no menos de 30.000 plazas para atender la demanda actual de personas en situación Dependencia Severa o Grandes Dependientes.
Las Comunidades con menos plazas de financiación pública son Murcia, Canarias y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón.
Desinstitucionalizar: un camino por recorrer
El Ministerio de Derechos Sociales planteó en 2023 con las Comunidades Autónoma una estrategia de
desinstitucionalización, para favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia
en su hogar, lo que, de lograrse, reduciría la necesidad de plazas residenciales. Sin embargo, al inicio de 2023 todavía no se han dado pasos decididos en esta estrategia, reforzando los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio.
En 2022 este servicio sólo alcanza una cobertura de 5,5%, seis décimas más que en el año previo a la pandemia. Más llamativo aún resulta que la media de horas de atención y cuidados sólo alcanza 20,2 horas mensuales, dos décimas menos que en 2019, año previo a la pandemia.
Estos datos tan limitados y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años, hacen inviable avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres.
