De 8,5 millones de fondos estatales que recibió la CARM a principios de 2021 para la rehabilitación energética de edificios con cargo al Programa PREE, debe devolver 6,6 millones de euros por falta de ejecución, mientras que otras CCAA como Asturias, Navarra o País Vasco, han acudido a una segunda convocatoria tras agotar los fondos.
Las ayudas tenían como finalidad contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y energéticos establecidos en la normativa de la Unión Europea, mediante la realización de actuaciones de reforma de edificios existentes, con independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares, que favorezcan la reducción del consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono, mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables, contribuyendo a alcanzar con ello los objetivos de reducción del consumo de energía final que establece el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, conforme a las condiciones establecidas en el citado real decreto y a lo que se dispuesto en la convocatoria a la que se refiere el presente extracto.
El programa de ayudas, dotado inicialmente con 300 millones de euros, entró en vigor el 7 de agosto de 2020 con vigencia hasta el 31 de julio de 2021 que acabó el plazo de presentación de solicitudes.
Convocó tarde y sin apenas plazo de tiempo para presentar proyectos
En primer lugar, el Consejo de Gobierno de la Región no aceptó hasta enero de 2021 los 8,5 millones de euros de fondos adjudicados a la Región de Murcia conforme al Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, y no convocó las ayudas hasta junio de ese año, cuando ya solo quedaba un mes de plazo oficial para poder solicitar los fondos.
La orden de convocatoria por parte de la Consejería de Empresa se publicó en el BORM el 25 de junio de 2021 cuando el plazo legal expiraba el 31 de julio de 2021. Apenas un mes de plazo para la presentación de proyectos y solicitud de ayudas.
¿Por qué retrasó tanto la convocatoria? Pues según el Consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, a quien ahora compete la gestión de este tipo de ayudas, el retraso se debió a varias razones:
De los 8,5 millones de euros, el Consejo de Gobierno decidió destinar 3 millones a inversiones directas en rehabilitación energética de edificios de la propia Administración Regional, 5,2 millones a subvencionar proyectos de ayuntamientos, universidades, empresas privadas y entidades sin fines de lucro y 307.800 € a gastos indirectos de gestión del programa.
Pero no hubo solicitudes por parte de ningún organismo de la Comunidad Autónoma para inversión directa y ha tenido que iniciar el proceso de reintegro del dinero como recoge la orden de reajuste de anualidades del Consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, de 9 de octubre de 2023.
¿Por qué no hubo solicitudes para inversiones directas y el Gobierno regional tiene que reintegrar 3,5 millones de euros? Pues según el consejero Vázquez se debe a que la mayor parte de las instalaciones no se correspondían con los requisitos establecidos en el Real Decreto, aunque según el RD las únicas actuaciones no subvencionables son las realizadas en edificios de nueva construcción, las que supongan una ampliación que incremente superficie o volumen construido o las que conlleven un cambio de uso de edifico.
Por tanto, según la respuesta del consejero Vázquez, el Consejo de Gobierno de 13 de enero de 2021 aprobó algo inviable a propuesta de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera que, supuestamente, debía haber examinado los requisitos del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.
Así pues y de acuerdo con el apartado 5º del artículo 7, del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, sobre obligaciones de las comunidades autónomas, “el saldo no ejecutado ni comprometido a la fecha de finalización del plazo de vigencia del programa recogido en el artículo 4 deberá reintegrarse al Fondo Nacional de Eficiencia Energética».
La CARM debe devolver 6,6 millones de euros
Por otra parte, de los 5,2 millones que reservó para ayuntamientos, universidades, empresas privadas y entidades sin fines de lucro, solo ha concedido subvenciones por importe de 1,4 millones de euros según respuesta parlamentaria de la Consejería de Medio Ambiente, de 28 de noviembre de 2023, a la que ha tenido acceso RRNews.
Eso significa que la CARM deberá devolver el dinero no ejecutado ni comprometido en subvenciones que asciende a 3,1 millones de euros que sumados a los 3,5 millones de euros antes mencionados de inversiones directas no solicitadas, hacen un total 6,6 millones de euros que el Gobierno de López Miras deberá reintegrar al IDAE del Ministerio de Transición Ecológica. Desconocemos el dinero concedido en subvenciones a empresas privadas, pero es mínimo.
Solo dos ayuntamientos presentaron proyectos
Inexplicablemente, solo dos ayuntamientos de la Región, Alcantarilla y Bullas, presentaron proyectos con cargo al Programa de Rehabilitación Energética en Edificios Existentes a los que la CARM ha concedido subvenciones, aún por abonar, por importe de 91.058 euros de una partida global de ayudas que ascendía a 1,5 millones de euros.
Por otra parte, de una partida de ayudas de 1,4 millones de euros de subvenciones para Entidades sin ánimo de lucro, la Comunidad Autónoma solo ha concedido una subvención de 197.278 euros al Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de la instalación de climatización y la envolvente de la sede del COAMU.
Y de una partida de 1,5 millones de euros en subvenciones para proyectos presentados por universidades, ha concedido subvenciones que suman 1.063.806 millones de euros para proyectos presentados por la UMU y la UPCT.
Ayudas estatales que sí aprovechan otras regiones
El hecho de que el Gobierno regional de López Miras deba devolver 6,6 millones de euros al Ministerio de Transición Ecológica en ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes por falta de ejecución, no solo evidencia desidia por parte del Ejecutivo murciano, también muestra una clamorosa falta de pericia a la hora de gestionar y adjudicar ayudas estatales que nos hace perder competitividad y dinero que otras regiones sí aprovechan para dinamizar su economía. También demuestra su falta de compromiso con la protección del medio ambiente.
El Gobierno murciano podría haber aprovechado los 8,5 millones de euros del Programa PREE para la rehabilitación energética de colegios, institutos, centros sociales, centros sanitarios, residencias de mayores…etc… ya que un aspecto destacable del PREE es su alcance social, ya que concede especial atención a la concesión de ayudas para llevar a cabo actuaciones de rehabilitación en aquellos edificios que acogen a colectivos vulnerables y afectados por Pobreza Energética.
Las actuaciones que subvenciona el programa PREE son, por ejemplo, cambio de la envolvente térmica, mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas o mejora de las instalaciones de iluminación.
La rehabilitación energética de edificios será obligatoria
El parque de edificios existentes en España consume en torno al 30 % de la energía final, por lo que la rehabilitación energética del mismo figura como medida prioritaria en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, en el que se ha fijado como objetivo rehabilitar energéticamente 1.200.000 viviendas en 2030. Este objetivo, asimismo, ha sido recogido en la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España.
Es importante resaltar que una directiva europea exigirá la rehabilitación energética de millones de viviendas. Entre otras características, exige que todos los edificios tengan un nivel de eficiencia energética superior a E para 2030 y por encima de D para 2033. España se encuentra lejos de cumplir con los requisitos.
España se encontraría con la necesidad de rehabilitar unos 10 millones de viviendas para 2050 según la estimación del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.
Pero más allá de cumplir con la ley, estas rehabilitaciones —en aislamiento, calefacción, ventilación…— redundarían en un importante ahorro energético (del 80% por pasar de la E a la C) y en la revalorización del inmueble (en un 25%), para lo que se podría contar con el impulso de ayudas como los Fondos Next Generation.
