Una de las mayores chapuzas ambientales de la Región de Murcia, fruto de inconfesables chanchullos entre una poderosa empresa y el Gobierno regional del PP está cada día más cerca de ser enjuiciada. Lo que no significa que se haga justicia porque no están imputados los responsables políticos y dos décadas después, sigue sin sellar y contaminando el suelo, el aire y el agua de todos.
El titular del juzgado de instrucción número 4 de Cartagena, que apunta a tres mercantiles, ha ordenado continuar el procedimiento por un delito continuado contra el medio ambiente “resultando como principal perjudicado el ecosistema del Mar Menor” en relación al tratamiento, traslado y depósito de residuos mineros de la balsa Jenny.
Aprecia indicios de que se depositaron residuos “peligrosos” de origen minero en el vertedero de Los Blancos, sin la preceptiva autorización, y que el traslado de los materiales se realizó “como si fuera arena, sin tratar, sin cubrir y sin aislar”.
El juez ha emplazado a las partes a que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias en relación a la causa abierta en 2014, hace nueve años, que investiga sendos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en relación a la eliminación de la balsa Jenny.
Los delitos habrían sido cometidos por las mercantiles PORTMAN GOLF, GESTALIA TRANSPORTES y MAQUINARIA SL y TRAGSA, así como sus administradores y/o representantes legales.
El principal perjudicado es el Mar Menor
Según el juez, el principal perjudicado ha sido el ecosistema del Mar Menor, además de los terrenos colindantes que, tras su personación en el caso y gracias a la Ley de Personalidad Jurídica, podrá realizar acciones contra las mercantiles investigadas y reclamar los perjuicios que puedan ser acreditados en la fase de juicio oral y/o en ejecución de sentencia.
Según el auto del juez al que ha tenido acceso RRNews, las citadas mercantiles y sus representantes «habrían cometido un presunto delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales, al incumplir de forma manifiesta y evidente sus respectivas obligaciones contractualmente asumidas y legalmente exigibles, en la extracción, tratamiento y traslado de los residuos mineros existentes en la Balsa Jenny hasta su posterior depósito en la Corta de los Blancos I, a escasos 900 metros.
Pusieron en grave riesgo la salud humana
«Su actuación estuvo en todo momento presidida por un consciente, deliberado, absoluto y manifiesto desprecio a la normativa legal en la materia, hacia el ecosistema que rodea los terrenos afectados y, en definitiva, hacia la propia salud humana, al ser todos ellos puestos en situación de grave riesgo» subraya el juez en su auto.
El juez considera indiciariamente acreditado que nos encontramos ante unos hechos con relevancia penal para el medio ambiente, que se produjeron en el ámbito de la contratación entre la CARM y la ahora investigada PORTMAN GOLF SL/SA en relación con los residuos mineros existentes en la Balsa Jenny, entonces propiedad de la citada mercantil.
Sobre la base de exhaustivos y rigurosos informes y atestados del SEPRONA de la Guardia Civil de Cartagena, el juez concluye que «las mercantiles investigadas incumplieron las obligaciones legalmente exigibles en relación al tratamiento adecuado, traslado en condiciones de seguridad y salud así como en el posterior depósito en un lugar no adaptado a las exigencias del material altamente contaminante que en el mismo fue descargado«.
La CARM nunca debió aceptar la cesión de la Balsa Jenny
La investigada principal, PORTMAN GOLF, habría asumido ante la CARM la función de «gestor final de residuos» procedentes de la Balsa Jenny a pesar de no constar en el Registro de la Propiedad la titularidad de la parcela en la que se encuentra ubicado el vertedero Los Blancos donde fueron depositados los residuos.
Por otra parte, la CARM aceptó la cesión gratuita de la parcela donde está ubicada la Balsa Jenny por parte de la mercantil PORTMAN GOLF mediante el Decreto 84/2001, de 23 de noviembre, aprobado por Consejo de Gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel. La cesión de la parcela se formalizó ante notario el 27 de diciembre de 2001. En realidad, fue un regalo envenenado.
El informe de la Guardia Civil añade que la cesión de la Balsa Jenny supuso la asunción por parte de la Consejería de una obligación de descontaminar que no le correspondía, pues quien se encontraba obligado a realizar las tareas de descontaminación era PORTMAN GOLF como propietario de la Balsa Jenny.
Mediante esta operación la CARM habría eximido a la mercantil de la obligación de descontaminar que tenía, repercutiendo el coste indebidamente al erario público. La Administración, con esta actuación tuvo que soportar un coste de casi 7 millones de euros en beneficio de PORTMAN GOLF.
Así las cosas, la empresa investigada se benefició por varias vías:
- Además de liberársele de la obligación de descontaminar, se le abonó una importante cantidad de dinero por dos conceptos: por recibir los residuos en una corta de su propiedad, la de los Blancos I; y otro por participar en el traslado de los residuos como subcontrataista de TRAGSA (adjudicataria de las obras) a través de la mercantil Gestalia Transportes y Maquinaria S.L.
- Portman Golf S.A. se beneficia por tres vías: la primera por la exención que se le hace de la obligación de descontaminar; la segunda por el cobro de un canon por albergar los residuos en el vertedero de su propiedad y no propiedad de la CARM y en tercer lugar por la participación en el traslado de los residuos con su flota de dumpers a través de la mercantil GESTALIA TRANSPORTES Y MAQUINARIA S.L, cuyos socios mayoritarios son a su vez los accionistas mayoritarios de la mercantil Portmán Golf SA.
Optaron por un vertedero inadecuado
La CARM y la empresa PORTMAN GOLF acordaron que los residuos mineros de la Balsa Jenny se depositarían en la Corte los Blancos I, que era una antigua explotación minera a cielo abierto, propiedad de la citada empresa. El precio de la operación se fijó en 5,4 millones de euros, correspondiendo a PORTMAN GOLF la cuantía de 2,7 millones, por albergar los residuos en la corta Los Blancos I. El resto correspondería al precio del traslado o transporte de los residuos.
Se organizaron dos concursos en los que participó la empresa GESTALIA, que era empresa satélite de PORTMAN GOLF que fueron anulados. Finalmente, la ejecución del traslado se adjudicó sin ningún tipo de concurso a la sociedad estatal TRAGSA que que se vio obligada a subcontratar a GESTALIA, cuyos socios son accionistas mayoritarios de PORTMÁN GOLF.
Calificaron como inertes residuos que son tóxicos y muy peligrosos
Según el auto del juez, incumpliendo las directivas comunitarias y la normativa que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, no consta que los residuos de la Balsa Jenny fueran previamente analizados para ser objetivamente calificados. En realidad, los residuos de la Balsa Jenny, sin conocer qué criterios se siguieron, fueron calificados como «residuos mineros inertes», categoría que legalmente NO contempla la norma de aplicación. En realidad, se trataba de residuos peligrosos: nocivos, corrosivos, cancerígenos, teratogénicos, mutagénicos, ecotóxicos.
Según el auto del juez, la calificación de «residuos mineros inertes» sin ningún tipo de estudio previo, atendió a criterios más políticos que técnicos «puesto que está hecha con evidente ánimo de solucionar conflictos vecinales, pues se dicta en atención al vertedero en el que iban a ser depositados los residuos mineros que únicamente podía recibir residuos inertes.
Es decir, la CARM clasificó los residuos atendiendo no su peligrosidad, sino a las características del vertedero. La consecuencia de ello es que se declaró la idoneidad de la Corta de los Blancos I para albergar los residuos tóxicos y peligrosos cuando en realidad ni está preparada ni autorizada para ello, pues es una cantera para recibir residuos inertes. Por ello, los residuos tóxicos y peligrosos, a escasos metros de viviendas, fueron depositados sin realizar ningún tipo de adaptación del vertedero.
Según el auto del juez, la elección de la Corta Los Blancos para el depósito de residuos peligrosos de la balsa Jenny debió haberse rechazado por varios motivos:
- Escasa distancia a núcleos de población y enclaves agrícolas. El vertedero está ubicado a solo 600 metros de El Estrecho, 1000 metros de El Llano del Beal y 1780 metros de El Beal.
- Condiciones geológicas de la misma corta de Los Blancos.
- Su base sobre la que se vertieron los residuos peligrosos está constituida por escombros de desmonte y sobre estériles mineros preexistentes.
- El fondo sobre el que se asienta es muy permeable con elevada tasa de infiltración.
- La cuenca de drenaje vierte hacia el Mar Menor y lo residuos peligrosos acaban en el agua.
Dice el juez en su auto que «para que la corta de Los Blancos I se convirtiera en vertedero de residuos mineros tóxicos y peligrosos hubiese sido necesario un proyecto de actividad propia de vertedero como tal, un estudio de impacto ambiental específico, recabar los informes sectoriales sobre afección a aguas y parques naturales por estar cercana a Red Natura 2000, obtener la declaración de impacto ambiental específica (no una ampliación de la Declaración de Impacto Ambiental de la Balsa Jenny), tramitar la licencia de actividad (que aún hoy carece de ella) y el cambio de la calificación urbanística del suelo, proyecto de mantenimiento y control de los residuos trámites (que tampoco existen), y que ninguno de ellos fue realizado por PORTMAN GOLF».
Depositaron residuos peligrosos en la Corta Los Blancos sin ningún estudio ambiental
Otra grave irregularidad que la Guardia Civil atribuye a PORTMAN GOLF es que la Declaración de Impacto Ambiental aprobada el 20 de febrero de 2002 va referida exclusivamente al solar de la Balsa Jenny sin hacer ninguna mención a la Corta de los Blancos I, que era el lugar en el que iban a ser depositados los residuos tóxicos y peligrosos que componían la balsa. Los residuos fueron depositados en Los Blancos sin ningún estudio ni declaración de impacto ambiental. Y no solo eso. Realizaron el traslado de los materiales “como si fuera arena, sin tratar, sin cubrir y sin aislar”.
Nunca se recuperó el dinero
La Consejería de Hacienda, a fecha de 21 de mayo de 2007, había abonado a TRAGSA la cantidad de 6.545.306,76 € para la eliminación de la Balsa Jenny. De ese dinero, TRAGSA entregó a PORTMÁN GOLF SL la cantidad de 2.726.061€ como pago por la utilización de la Corta de los Blancos, tal y como se publicó en el BORM de 2 de febrero de 2004.
Concentraciones de metales pesados alarmantes
Los análisis realizados por el SEPRONA de la Guardia Civil de muestras tomadas en la corta Los Blancos y terrenos adyacentes arrojan resultados alarmantes en concentraciones de plomo en muestras tomadas a 0,5 cm del suelo. «Más que suelo, resultan concentraciones propias de un residuo peligroso» dice la Guardia Civil.
A 20 centímetros de profundidad las concentraciones de plomo superan en más de 200 veces los valores permitidos, el arsénico (altamente cancerígeno) se acerca a las 100 veces más, y semejante situación con el cadmio, el cobre y el níquel.
El atestado concluye que los suelos agrícolas están altamente contaminados, motivo por el cual el juzgado requirió a la CARM para que adoptara las medidas necesarias para evitar el cultivo de la agricultura en la zona. Sin embargo, los agentes constataron el pasado mes de agosto que «existen flujos de agua de escorrentías provocadas por la lluvia y de los lixiviados procedentes tanto del vertedero Los Blancos, que recorren las plantaciones agrícolas hasta alcanzar la rambla de Ponce y el Mar Menor, como de los caminos de acceso que comunican la antigua balsa Jenny con el vertedero.
Los residuos tóxicos y peligrosos siguen llegando al Mar Menor
El juez expone en su auto que según los informes encargados por el Seprona de la Guardia Civil desde al menos 2010, se reproducen y reiteran escorrentías y lixiviaciones de metales pesados que discurren agua abajo hasta alcanzar la rambla de Mendoza y la de Ponce, cuyo destino final es el Mar Menor.
Asimismo, durante los periodos de sequía o estival, los metales pesados de las escorrentías y los lixiviados, pierden la humedad transformándose en sales metálicas que posteriormente son arrastrados por el viento y afectando a la población del Llano del Beal distante a escasos metros de la zona.
La eliminación o descontaminación de la balsa Jenny se ha convertido ya en la mayor chapuza ambiental de la Región de Murcia, de hecho, sigue contaminando suelos, acuíferos y el Mar Menor y perjudicando gravemente la salud de la población cercana.
La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma y/o apelación.
Los ecologistas piden que se cuantifique el daño causado y más imputaciones
Ecologistas en Acción y Anse han solicitado valorar el daño causado por los restos de la Balsa Jenny al Mar Menor y la salud y más imputaciones. Piden la imputación de la exsecretaria sectorial de Medio Ambiente de la Comunidad María José Martínez y del funcionario José Antonio Rubio.
