El estudio y análisis de los archivos y correos electrónicos de los sistemas informáticos de la Autoridad Portuaria de Cartagena realizados por expertos en delincuencia económica de la Policía Nacional constatan, entre otras irregularidades, amaño de contratos, contratación de personal afín a los directivos de la Autoridad Portuaria de Cartagena, tráfico de influencias, adjudicaciones sin procedimiento de contratación e irregularidades en el orden de llamamiento en la Bolsa de trabajo de la Policía Portuaria.
La Policía ha recopilado y corroborado un total de 17 hechos denunciados por la Fiscalía. Entre otras cosas, ha comprobado que Paloma Escudero, Directora del Departamento de Innovación, favoreció a su empresa ESTRATEGIAS Y DESARROLLO FINANCIERO SL mediante el fraccionamiento de contratos lo que evitó que tuvieran que salir a licitación.
También ha comprobado que una empresa llegó a elaborar los pliegos para un contrato de la Autoridad Portuaria de Cartagena de 1,2 millones de euros que finalmente se adjudicó. Se trata de la empresa SOPRA STERIA ESPAÑA S.A.
Los agentes de la comisaría de Cartagena también revelan la existencia de «información privilegiada» de la que, supuestamente, dispuso la empresa molinense Iniciatel para adjudicarse un contrato de suministro de portátiles a la APC. Esta firma remitió al parecer hasta tres ofertas para hacerse con la adjudicación, un comportamiento que los agentes achacan al hecho de que la empresa conocía las ofertas de las otras empresas y ello le permitió acabar ofreciendo una ligeramente inferior -en 3,44 euros- a la mejor oferta inicial, que era la del Corte Inglés.
El informe policial remitido al juzgado también asegura que las actividades culturales de la semana ‘Vive tu Puerto’ “se desarrollaron entre el 29 de septiembre de 2021 y el 13 de octubre de 2021, sin procedimiento de contratación alguno”.
«Influencia decisiva» en la contratación del hermano del actual portavoz del Gobierno andaluz
Tras el análisis de los correos electrónicos, la Policía también ha constatado que la Presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, ordenó expresamente que se incluyera en las bases de la convocatoria para cubrir el puesto de Jefe de Explotación del puerto, la posesión de un máster o posgrado en el ámbito ferroviario con el objetivo de enchufar al hermano del entonces alcalde de Almería, del PP.
Dice el informe policial: «se ha documentado la influencia decisiva de la Presidenta en la contratación
del puesto en favor de Borja FERNÁNDEZ-PACHECO MONTERREAL. En primer lugar, se aporta el correo, intervenido en la APC, en el que la Presidenta de la APC ordenó, de forma expresa, que se incluyera en las Bases de la convocatoria la posesión de un máster o posgrado en ámbito ferroviario, exigencia que no se venía realizando en anteriores convocatorias. Resultando que el candidato
escogido era el único que lo tenía«.
Así mismo, se aporta otro correo en el que la Presidenta advierte de que: “Por tanto, quede claro, que NO buscamos a alguien experto en puertos, sino alguien con actitud y capacidad para llegar a ser de máximo rendimiento para el interés general de todos”. La Policía subraya en su informe que en vista de posibles dudas en los directivos que tenían influencia en el proceso de selección, la Presidenta dejó claro el perfil que quería para el puesto alegando “interés general”.
Finalmente, se aportan los archivos de los informes de valoración de la “Prueba Situacional y Entrevista y Dinámica de Grupos”, realizada por Barraise SL en los que Borja FERNÁNDEZ-PACHECO MONTERREAL aparece como APTO pese a no haber superado la puntuación mínima exigida en las Bases.
El enchufado en el Puerto de Cartagena, con un sueldo de 70.000 euros al año, es el hermano de Ramón Fernández Pacheco Monterreal, actual portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.
Irregularidades en el orden de llamamiento en la Bolsa de trabajo de la Policía Portuaria
El informe policía también constata que la Presidenta, Yolanda Muñoz, denegó la contratación de la personas que figuraba en primer lugar en la bolsa de trabajo de la Policía Portuaria, Mercedes García Valera, por ser hija de un miembro del Comité de Empresa.
En un audio de febrero de 2022, se escucha a Yolanda Muñoz decir: «sobre los contratos de la Policía, la instrucción mía la tenéis clara también para la hija de Agustín. O Agustín cambia de actitud o no tengo porque tenerla, tengo a otro. Es que no quiero, tiene que venir aquí a pedirlo de rodillas».
Según la Policía, esta postura de la Presidenta se constata en los correos intervenidos en la APC en los que expresa su descontento por los informes jurídicos presentados por el Departamento de RRHH no alineados con su criterio de no contratarla. Así mismo, se pone de relevancia la paralización deliberada de esa contratación por parte de la Presidenta y su interés por justificar la no contratación de Mercedes García.
La Fiscalía Anticorrupción apreció indicios de los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos que se corresponden con el contenido del informe de la Policía Nacional remitido al juzgado.
El fiscal especial anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, ha solicitado que se declare compleja la causa y así poder prorrogar las pesquisas que la nueva titular del juzgado, Consuelo Andreo, reactivó hace unos días.
Los hechos sobre los que el Ministerio Público halló indicios de criminalidad tuvieron lugar entre los años 2015 y 2021. En el punto de mira están los expresidentes de la Autoridad Portuaria, Antonio Sevilla y Yolanda Muñoz.
Antonio Sevilla fue consejero del Gobierno de Valcárcel y Yolanda Muñoz ha ostentado diversos cargos en dos ejecutivos regionales liderados por el Partido Popular. De 2011 a 2019 fue directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo; secretaria general de la Consejería de Presidencia y Fomento, y finalmente, secretaria general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, hasta que en 2019 se situó al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Las diligencias penales comenzaron tras una querella de la Fiscalía General del Estado propiciada por denuncias de CCOO y UGT.
El Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria aseguró que el presidente López Miras estaba al tanto de la situación en el puerto y no hizo absolutamente nada. «Le pedimos una cita para buscar una solución y nadie nos contestó», denuncian.
En el acto de toma de posesión del cargo en 2019, el presidente López Miras dijo de Yolanda Muñoz: “sabemos que estará a la altura, porque nadie va a poder superarle en trabajo y en profesionalidad ya que le avala una capacidad inagotable”. Según el presidente murciano que la nombró, Muñoz respondía al mérito, capacidad y compromiso para presidir la Autoridad Portuaria y no a una cuota.
