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Pedro Antonio Sánchez pendiente del Supremo

En su recurso de casación alega, entre otras cosas, que se vulneró su derecho a un proceso con todas las garantías, a un Tribunal imparcial y a la tutela judicial efectiva sin indefensión.

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El Tribunal Supremo ha emplazado a la Fiscalía y a la acusación popular a pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto por el expresidente, Pedro Antonio Sánchez, contra la sentencia 77/2023, de 6 de marzo, de la Audiencia Provincial de Murcia que le condenó a a tres años de prisión, multa de 3.600 euros y 17 años y tres meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público, al considerarlo culpable de prevaricación y falsedad en el caso Auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras.

Fue condenado por encargar a un arquitecto «verbalmente y sin previo expediente» las obras del auditorio municipal y hacer lo posible para «evitar la libre concurrencia de profesionales en el concurso».

Pedro Antonio Sánchez, representado por el abogado José Antonio Choclán, alegó en su recurso de casación ante el Supremo nueve motivos por los que pide la absolución de su defendido de todos los delitos por los que ha sido condenado.

Alega, entre otras cosas, que se ha vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías, a un Tribunal imparcial y a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24 de la Constitucional). También alega que se ha vulnerado el principio acusatorio, al haber condenado la Sala por hechos nuevos introducidos por primera vez en el trámite de conclusiones definitivas por la acusación popular que no fueron objeto del plenario, en lo relativo al delito de falsedad documental.

Los otros dos condenados en el caso auditorio, el arquitecto Marín Lejárraga y Caridad García (entonces secretaria accidental del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras) también presentaron recurso de casación ante el Tribunal Supremo que ahora ha de resolver.

La Sala del TSJ de Murcia les consideró cooperadores necesarios en la actuación prevaricadora de Pedro Antonio Sánchez y fueron condenados a 16 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 15 años y 6 meses, respectivamente.

El Supremo emitió su resolución el pasado 21 de noviembre y dio un plazo de 10 días hábiles a las partes para pronunciarse sobre los diferentes recursos de casación interpuestos.

Pedro Antonio Sánchez pendiente del «caso Guardería»

El pasado mes de julio, la Fiscalía solicitó penas de 13 años y medio de prisión y 36 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de multa, al expresidente popular de la Región de Murcia y antiguo alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez por el ‘caso Guardería’ por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad de documento público y de ordenación contra el territorio a raíz de la construcción de una guardería y un centro de la mujer en su época como primer edil del municipio murciano.

El fiscal Juan Pablo Lozano solicita penas de prisión e inhabilitación para otros diez acusados, entre quienes se encuentran funcionarios y técnicos municipales de Puerto Lumbreras, así como varios responsables de la empresa Urdecon, en el momento en el que ocurrieron los hechos entre 2007 y 2010.

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