La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de la Región de Murcia concluye que 17 años después de la aprobación de la Ley «en el sistema de atención a la dependencia,
a pesar de los incrementos presupuestarios, sigue existiendo maltrato institucional debido a la
burocracia y a la desidia e impericia de algunos gobiernos de Comunidades Autónomas como el murciano».
El presidente de la citada asociación, José Manuel Ramírez, afirma que «la dependencia sigue siendo un derecho pendiente en la Región de Murcia» y subraya que en noviembre había 15.928 personas en lista de espera de la dependencia.
«Murcia sigue siendo la comunidad autónoma que peor puntuación saca en los 17 indicadores del Observatorio Estatal de la Dependencia» y añade «la Región de Murcia es una de las que ha incrementado un 8% la lista de espera durante el año 2023 habiendo recibido una inyección económica extraordinaria del Ministerio precisamente para reducir la lista de espera«.
Es un dato «dramático» dice Ramírez porque hablamos de 7.049 personas en el limbo, es decir, con derecho reconocido que, sin embargo, no reciben ningún tipo de ayuda; y casi 9000 personas esperando a ser valoradas en la Región. «Muchas de ellas mueren esperando una ayuda a la que tienen derecho legal».
«El incumplimiento de las Administraciones Públicas ha convertido sólidos derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel» dice el presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia, José Manuel Ramírez.
A fecha de hoy en España, 310.429 personas siguen abandonadas sin ser atendidas en las listas de espera de la dependencia, y cada 12 minutos una de ellas fallece sin recibir las prestaciones o servicios a los que tendría derecho.
«En este momento no solo no se atiende a todas las personas con derecho cuando ya ha finalizado el
calendario de aplicación progresiva de la Ley, sino que el acceso y el contenido real de las atenciones
y los plazos están fuertemente determinados por la Comunidad Autónoma de residencia de la persona
dependiente, generándose así graves desigualdades» dice el informe.
Desde la citada asociación consideran necesario que Gobierno de España y Gobiernos Autonómicos acometan reformas que agilicen los trámites. «Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecución y puesta en marcha de las prestaciones».
