El abogado José Luis Mazón, en nombre de la Asociación Preeminencia del Derecho, presentó el pasado 5 de octubre una denuncia penal contra funcionarios y políticos del Ayuntamiento de Murcia tras lo que la titular del juzgado de instrucción número 3 encargada del caso, mediante auto de 6 de noviembre, incoó diligencias previas que incorporó a la causa general que ya investiga el incendio de las discotecas en el que murieron 13 personas.
«Estamos ante un delito de prevaricación ambiental en concurso con delito de imprudencia temeraria con resultado de 13 muertos y los heridos que haya provocado» dice Mazón en su denuncia contra los funcionarios, administrativos y políticos responsables de que las discotecas incendiadas no tuvieran licencia ni hubiera orden de cierre efectiva «por cuanto se dejó sin ejecutar permitiendo que actividades clausuradas y de alto riesgo potencial (como los hechos han puesto de relieve) siguieran ejecutándose».
«¿Y por qué no se cerró? ¿Por qué siguió funcionando sin autorización?» pregunta el abogado si en octubre de 2022 se dictó una orden de ejecución de cierre.
En su denuncia ante la juez, Mazón recuerda que ni el anterior concejal, Andrés Guerrero, ni el actual, Navarro Corchón, han sabido responder. «Ambos han culpado a la empresa y a los servicios de inspección, que también son municipales. Y las empresas dicen que no saben, no contestan. Lo cierto es que la ciudad ha tenido tres gobiernos municipales distintos en tres años y la tragedia salpica tanto al PSOE como al PP».
Mazón se hace eco en su denuncia de informaciones periodísticas que indican que la empresa eludió este cierre entre alegaciones, recursos, silencios administrativos, falta de coordinación entre departamentos y la apertura de un expediente paralelo para legalizar el negocio».
Mazón recela de la conexión entre el PP y la alta gobernación del Poder Judicial
El abogado Mazón considera que la independencia judicial será difícil dadas las conexiones existentes entre el PP y el poder judicial en la Región de Murcia.
«Intereso que se abra una investigación penal contra los funcionarios administrativos y políticos del Ayuntamiento de Murcia (estos afectan al PP y al PSOE) que han podido incurrir en los delitos citados sin los cuales la catástrofe no se habría dado, intereso igualmente se me notifique la resolución con vistas a ejercer en su caso la acusación popular dado que el nivel político de implicación en los hechos y la conexión entre el PP y la alta gobernación del Poder Judicial con sus contactos, presume que hará difícil la independencia de la justicia frente a protegidos del poder político que en este caso apunta a que son los altos responsables de la dejación de funciones» pide el abogado José Luis Mazón en su denuncia tras lo que la juez encargada del caso incoó diligencias de las que no dio traslado a todas las partes, solo a Fiscalía.
Inexplicablemente, la juez rechazó a los pocos días incoar pieza separada
Inexplicablemente, la juez rechazó a los pocos días la apertura de una pieza separada para investigar la responsabilidad penal de funcionarios y políticos del Ayuntamiento de Murcia que había pedido el abogado, José Manuel Muñoz, que representa a varios perjudicados, familiares de los fallecidos en el incendio.
La juez rechazó al considerar que «solo obran conjeturas y sospechas genéricas que no justifican la incoación de proceso penal». En su motivación, la juez no expuso ni informó de que ya había incoado diligencias previas tras la denuncia del abogado Mazón.
- 5 octubre, el abogado Mazón presenta denuncia penal contra funcionarios y políticos del Ayuntamiento de Murcia.
- 6 noviembre, la juez incoa diligencias previas de investigación contra el Ayuntamiento de Murcia que incorpora a la causa general y solo da traslado a Fiscalía.
- 10 noviembre, el abogado José Manuel Muñoz, pide apertura de pieza separada para investigar a funcionarios y políticos del Ayuntamiento de Murcia.
- 16 noviembre, la juez deniega la apertura de la pieza separada solicitada por las familias.
La juez rechazó la apertura de la pieza separada al entender que “de lo actuado hasta la fecha, la situación administrativa de la discoteca Teatre y Fonda Milagros, sea o no ajustada a la normativa, no puede relacionarse sin más con el resultado mortal producido, sino solo remotamente por cuanto lógicamente si los edificios no hubieran estado abiertos y en uso, no se hubiera producido el evento We are remember donde se produce el resto de los incidentes”.
Presentarán una queja ante el CGPJ
El abogado, José Manuel Muñoz, ha informado a RRNews de que presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial al considerar que «la manera de proceder de la juez es absolutamente contradictoria».
Debemos recordar que el abogado José Manuel Muñoz, que representa a varios familiares de los fallecidos, había pedido la imputación del exconcejal de Urbanismo, el socialista Andrés Guerrero, y la del actual edil en esta materia, el popular Antonio Navarro Corchón, al entender que podrían haber cometido delitos de prevaricación por omisión en este caso. También solicitó la imputación de los dos funcionarios «apartados» de sus obligaciones en el ayuntamiento, y que el alcalde de Murcia, José Ballesta, declarase en calidad de testigo por ocultar información sobre el asunto de forma deliberada.
Con la denuncia de Mazón, ya son dos los abogados que señalan la negligencia del Ayuntamiento de Murcia como causante de la muerte de 13 personas en el incendio de las discotecas de Atalayas.
Citan como investigados a los responsables de las discotecas Teatre y Fonda Milagros
La juez ha citado como investigados a los responsables de las discotecas Teatre y Fonda Milagros donde perecieron 13 personas. Está previsto que las declaraciones de los investigados comiencen el 23 de enero de 2024 y se prolonguen hasta el 1 de marzo.
Entre los investigados citados, están los gerentes o administradores de la discoteca Teatre y el de Fonda Milagros, la encargada de Teatre, la noche del incendio, el organizador de la fiesta We are remember y el dueño y controlador de la máquina de fuego frío o chispas que se usó en el local.
La magistrada, en la misma providencia, también acuerda oír en calidad de testigos a nueve personas presentes esa noche en las discotecas y que pudieron resultar perjudicados por el humo o las llamas, por lo que paralelamente se les hace ofrecimiento de acciones y se les cita para que sean reconocidos por el médico forense.
La magistrada instructora del conocido como ‘caso Atalayas’ ha solicitado por otra parte un informe pericial de la máquina de frío utilizada y sus instrucciones sobre seguridad y prevención de incendios.
