La denuncia presentada Amigos de Ritsona, Convivir sin racismo, PAREM y Murcia Acoge contra el vicepresidente, José Ángel Antelo, y contra el portavoz del grupo parlamentario VOX, Rubén Martínez Alpañez, ante la sección de Delitos de Odio de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia fue derivada a la fiscal especialista, Elena González Arévalo, que ha decidido incoar diligencias de investigación.
Según fuentes de la Fiscalía consultadas por RRNews «se han abierto diligencias y se está valorando si hay o no responsabilidades penales en las declaraciones del diputado de VOX, Rubén Martínez Alpañez. Es algo que se va a estudiar. La Policía Judicial rescatará sus declaraciones, las analizaremos objetivamente, buscaremos jurisprudencia y en función de ello tomaremos una decisión. Y si vemos que hay delito, se le dará traslado».
Sobre el tuit del vicepresidente, José Ángel Antelo, la Fiscalía no ha apreciado ilícito penal, aunque considera que son «expresiones inadecuadas».
Las entidades denunciantes consideran que estas personas han cometido hechos constitutivos de un delito contra la dignidad de colectivos vulnerables y/o delito de incitación al odio y piden que se depuren responsabilidades penales.
En su denuncia manifiestan que “las conductas denunciadas entrañan claramente descrédito, humillación y menosprecio de un colectivo vulnerable caracterizado por su origen nacional –extranjero y particularmente, proveniente del norte de África–, así como por su etnia y por su situación administrativa como migrantes en situación de irregularidad.”
En el escrito presentado ante la fiscalía han documentado con detalle, el alcance y la notoriedad pública de las afirmaciones difundidas por parte de los denunciados, que por su contendido y, sobre todo, por el contexto socio-político en el que se vertieron, son aptas e idóneas para provocar una respuesta de odio y de hostilidad hacia un colectivo ya muy vulnerable y marginalizado socialmente, «toda vez que incluyen calificativos y expresiones de odio transmitidas de forma genérica contra un colectivo específico consistente en las personas migrantes en situación administrativa irregular llegadas a Murcia”.
Además exponen que «los mensajes transcritos no estimulan el debate público, sino que más bien lo empozoñan, desencadenando un entorno hostil innecesario que atenta contra la dignidad de un colectivo altamente marginalizado y vulnerable, promoviendo estigmas y estereotipos negativos y representando, en suma, una manifestación clara de una intolerancia incompatible con el sistema de valores de la democracia”.
«No nos hallamos ante unos comentarios aislados o que se producen en el marco de una riña y en el fragor de una discusión, sino que han sido unos actos y expresiones deliberadas –en un tweet que sigue disponible y no se ha borrado; y en unas declaraciones a medios que el autor ha compartido y visibilizado y reafirmado posteriormente– realizadas contra un grupo de personas identificadas por su condición de migrantes irregulares» expresan en su denuncia.
López Miras defiende la labor de su vicepresidente
Al presidente López Miras preguntaron en una entrevista al periódico La Opinión si no cree que el tono de su vicepresidente se sale de lo institucional por vincular inmigración y yihadismo y por llamar «presidente ilegal» a Pedro Sánchez y respondió «la labor del señor Antelo como vicepresidente y como consejero, en todo momento, es una labor que se rige por el más escrupuloso respeto y cumplimiento de la ley y de las obligaciones que tenemos. Eso es lo más importante».
Anteriormente, López Miras había dicho sobre las declaraciones de Antelo vinculando inmigración y yihadismo «el Gobierno es uno» y «hay unidad de declaraciones».
La Fiscalía advierte de la desprotección de las víctimas
La Fiscalía de la Región de Murcia ha advertido, según informó la Cadena SER en Murcia, de la desprotección de las víctimas de delitos de odio cuyas denuncias se archivan «sin una mínima comprobación». En 2022 se archivaron todas las diligencias incoadas a través del Ministerio Fiscal.
El Código Penal contempla para los delitos de incitación al odio penas que pueden ir de un año a cuatro de prisión.
