Doñana y el Mar Menor son dos espacios naturales hermanados por la degradación ambiental que vienen sufriendo debido la avaricia humana y la desidia e inacción de las respectivas administraciones locales y autonómicas encargadas de velar por su protección.
Ambos despiertan un fuerte apego emocional en los andaluces y en los murcianos respectivamente y ambos son objeto de la acción del Ministerio de Transición Ecológica que destinará 350 millones de euros al desarrollo sostenible de Doñana y 484 millones de euros a recuperar el Mar Menor mediante dos marcos de actuaciones prioritarias.
Lluvias de millones para Andalucía y lluvia de millones para la Región de Murcia desde el Gobierno de España. Solo que mientras en Andalucía el acuerdo político entre la Junta de Juanma Moreno y el MITECO de Teresa Ribera ha sido posible, en la Región de Murcia ese acuerdo es prácticamente imposible y menos ahora que PP y VOX gobiernan juntos.
Mientras el Ministerio de Teresa Ribera sigue con su plan de medidas basadas en la naturaleza, el desmantelamiento de cultivos ilegales y control de las explotaciones ganaderas porcinas, tanto López Miras como Antelo abogan por medidas como la apertura de golas, el desvío de ramblas hacia el Mediterráneo y el Plan Vertido Cero, que consiste en rebajar el nivel del acuífero, desnitrificar el agua contaminada y devolverla a los regantes para que sigan cultivando como si nada hubiese ocurrido. Es más, VOX quiere modificar la Ley del Mar Menor para rebajar las limitaciones a los cultivos y la construcción en el entorno de la laguna. Quieren presentar esa nueva Ley del Mar Menor durante el primer semestre de 2024.
Diferentes problemáticas, diferentes soluciones
Mientras que en Doñana, el principal problema es el descenso acusado del acuífero debido a la sobreexplotación del mismo, en el Mar Menor y su cuenca vertiente la principal afectación es que las masas de agua, tanto subterráneas como superficiales, están afectadas por nutrientes (nitratos y fosfatos, principalmente) procedentes de actividades como la agricultura, la ganadería, el urbanismo, la antigua actividad minera y el turismo.
Mientras en Doñana basta con reconvertir los terrenos agrícolas, en el Mar Menor es necesaria la adquisición de terrenos para acometer un cinturón verde.
En Doñana se ha decidido, en virtud de un acuerdo entre Ministerio de Transición Ecológica (70% del montante), Junta de Andalucía (20%) y Diputación de Huelva (10%), subvencionar a los propietarios de terrenos agrícolas por:
- Renaturalizar superficies agrarias para la reversión a uso forestal durante un periodo no inferior a 30 años. La ayuda se calculará a tanto alzado y se concederá durante un período de 10 años, por un importe de 7.000 €/ha por cada año).
- Creación de nuevos cultivos de secano (vid, olivos, almendros, remolacha azucarera…)La ayuda se calculará a tanto alzado y se concederá durante un período de 5 años, por un máximo de 2.500 €/ha) y los beneficiarios se comprometen a mantener el nuevo cultivo durante un periodo no inferior a 10 años.
- Reconversión hacia modelos de producción ecológicos. La ayuda, que se pagaría anualmente, durante el mismo tiempo que se reciba la ayuda autonómica, con un máximo de 5 años, sería de un montante de 1.000 €/ha.
El Mar Menor requiere de la adquisición de terrenos. Aún no hay precios
Mientras en Doñana se trata de incentivar mediante subvenciones la reconversión de terrenos a uso forestal o de secano, en el Mar Menor es necesaria la adquisición de terrenos para generar un cinturón verde que frene, trate y elimine los nutrientes que llegan a la laguna. El Ministerio estima que 3.580 toneladas de nitratos y 19,7 toneladas de fosfatos se vierten al año en el Mar Menor.
Según fuentes del Ministerio, se han producido contactos y reuniones informativas con los propietarios de los terrenos (regadío, secano y forestal) para explicarles los proyectos, «pero la negociación en firme se producirá conforme se vayan aprobando las declaraciones de impacto ambiental de cada proyecto (humedales seminaturales, filtros verdes y áreas de renaturalización).
El Cinturón Verde alrededor del Mar Menor comprende 1.000 hectáreas de superficie, la mayoría de uso agrario.
Según fuentes del Ministerio «dependiendo de cada proyecto, el MITECO destinará el dinero necesario para adquirir el terreno, priorizando el acuerdo de compraventa con el propietario sobre la expropiación. El precio no está fijado a día de hoy y dependerá de si se alcanza mediante un acuerdo previo o mediante expropiación».
La gestión más avanzada hasta la fecha en esta materia tiene que ver con la negociación que se está llevando a cabo con los propietarios de los terrenos de la Sierra Minera cuya restauración pretende el Ministerio. En este caso, la inmensa mayoría de superficie no está catalogada como de suelo agrario.
¿Cómo avanza el Cinturón Verde?
Los proyectos más avanzados en su tramitación son los de los humedales seminaturales, por lo que la fase de adquisición de los terrenos está prevista que comience a lo largo del primer semestre de 2024 dado que es necesaria de manera previa la Declaración de Impacto Ambiental.
«Hasta que no se tenga la DIA el Ministerio de Transición Ecológica no podrá comenzar la fase de adquisición de terrenos dado que ésta debe acotar la superficie definitiva. Será entonces y solo entonces cuando se podrá negociar un acuerdo de compraventa de los terrenos. Por eso no se puede hablar aún de precios» subrayan fuentes del Ministerio.
¿Qué ha pagado la CARM por expropiar los terrenos de sus biorreactores?
Los biorreactores del Albujón proyectados por la Comunidad Autónoma, cuyo diseño finalmente ha sido modificado para incorporar filtros verdes, ha conllevado la expropiación de terrenos. Se trata de la medida estrella del Gobierno regional encaminada a reducir la entrada de nutrientes en la laguna.
Los biorreactores consisten en unas balsas con astillas de madera de poda de cítricos que eliminan el nitrato de las aguas. Ocuparán una superficie 48.500 metros cuadrados en el municipio de Los Alcázares. Se trata de parcelas agrícolas que han sido expropiadas.
Según la documentación existente en el Portal de Transparencia de la CARM, el precio abonado por metro cuadrado de secano fue de 1,12 euros por metro cuadrado (11.200 euros por hectárea), mientras que el de regadío ascendió a 5,7 €/m2 (57.000 €/ha).
La intención del Ministerio de Transición Ecológica, aseguran a preguntas de RRNEws, «es llegar a un acuerdo de adquisición con los propietarios de los terrenos con un precio más ventajoso al que se estipularía en un proceso de expropiación como el llevado a cabo por el Gobierno regional, pero esa negociación en firme todavía no se ha desarrollado porque no es posible realizarla hasta no tener la DIA aprobada».
20 millones en ayudas para implementar prácticas agrícolas agroecológicas entorno al Mar Menor
El pasado mes de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la convocatoria de una línea de ayudas del MITECO por valor de 20 millones de euros, para el fomento de proyectos demostrativos de las mejores prácticas en el ámbito agrícola, que contribuyan a la transición ecológica en la agricultura y a la reducción de los impactos en origen en la cuenca vertiente del Mar Menor.
Su objetivo último es conseguir el restablecimiento del equilibrio natural de la zona de forma compatible con la sostenibilidad de la actividad agraria.
Esta línea de ayudas, que fue convocada por la Fundación Biodiversidad está en pleno proceso de selección de los proyectos que recibirán la subvención que estará entre 300.000 euros y 2 millones de euros. Según ha podido saber RRNews, se han presentado 20 proyectos en total.
